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Son 100 salarios mínimos que equivalen a cerca de 98 millones de pesos que deberán ser retornados a las cuentas del exsenador, según lo ordenado por la jueza Ximena Salcedo.
Esos fondos fueron consignados como prenda de garantía para asegurar la comparecencia al proceso del expresidente Uribe. Esa imposición económica perdió sus efectos con la determinación judicial de la jueza 30 que decretó la libertad del exmandatario.
Como quiera que se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se derivaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva, que actualmente se cumple en el domicilio del doctor Álvaro Uribe Vélez, se dispondrá que a través del Centro de Servicios Judiciales se cumplan con las gestiones necesarias para la devolución de la misma
Prevé la ley colombiana que la caución prendaria de carácter penal es una póliza que pude ir de uno hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. “Se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible”.
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