La suspensión por tres meses del presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, causó gran polémica en varios sectores. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció y criticó a la Procuraduría por la decisión, que se basó, según indicaron, por posibles fallas en el contrato de compraventa de la Triple A de Barranquilla.
En diálogo con Mañanas Blu, el viceprocurador Silvano Gómez explicó las razones de la Procuraduría para suspender a Rojas. Y es que, cabe recordar, la entidad también abrió investigación disciplinaria contra el funcionario, pues de comprobarse alguna irregularidad por parte de la SAE, habría un detrimento patrimonial de 56.500 millones de pesos.
Gómez detalló que el contrato sí se cumplió, en principio, por el comprador, ahí se “generó la obligación de un traspaso que no se hizo”, lo que significaría un incumplimiento por parte de la SAE que hoy es lo que investiga la Procuraduría, según aseguró.
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“En principio, se califica que hay un incumplimiento, posiblemente, del contrato, lo que podría dar lugar a la reclamación de la cláusula penal, que es alrededor del 10 % del contrato, que es 56.500 millones de pesos. Eso generaría un posible detrimento patrimonial”, aseveró.
En ese sentido, comentó que la Procuraduría pidió a Daniel Rojas que se aplazara una asamblea que tenían prevista para elegir a la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales, esto, según indicó, para que no se adelantaran más acciones mientras se investigaba el caso de la Triple A, pues “la transferencia (de las acciones) no se cumplió en su totalidad”.
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“El 21 de diciembre se celebró un contrato de compraventa de un 82.16 % de las acciones de la Triple A por parte de una empresa pública de Barranquilla, la sociedad de alumbrado público. Esa transacción se perfeccionó y en las obligaciones contractuales establecía el pago de una parte del valor total de las acciones y, así, se protocolizaba la entrega”, aseveró.
Sobre si hay indicios de corrupción en el contrato, el viceprocurador respondió que “hay unos mecanismos jurídicos a los que se debe acudir” y que, por el momento, no se puede calificar como tal. Asimismo, se refirió a los cuestionamientos sobre por qué la Procuraduría suspendió a Rojas cuando, aparentemente, estaba protegiendo el patrimonio público al considerar que el contrato podría ser mayor.
“Es un argumento a valorar, a profundizar en las pruebas, de tal manera que se pueda establecer si hay, jurídicamente, una justificación para la decisión que está pregonando la SAE, si eso es así, se valorará cuando se haga la evaluación de la institución”, recalcó.
Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
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