Otro nuevo capítulo empezó a escribirse en la novela que involucra a la empresa Triple A de Barranquilla, respecto al contrato de compra/venta que el Distrito adelantó con la SAE en 2021 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, con el fin de convertirse en el accionista mayoritario de la empresa de agua, aseo y alcantarillado.
La nueva página tiene que ver tras el anuncio hecho por el presidente de La República, Gustavo Petro, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios realizar un estudio de valoración de la compañía para determinar si las acciones se vendieron por debajo de su valor actual.
Dicha situación llevó a que ocho accionistas minoritarios Tipo B de la Triple A convocaran una reunión este sábado para definir qué tan viable sería realizar dicho estudio, en medio de los cuestionamientos que desató la actuación de la SAE el pasado martes, tras cambiar a todos los miembros de la junta directiva en la asamblea extraordinaria y nombrar personas cercanas al presidente Gustavo Petro.
Es así como, un día después, los ocho accionistas tipo B radicaron en Bogotá una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya que, según la tutela, la Fiscalía “violó el debido proceso” al aplicar la extinción de dominio sobre el 82% de las acciones que poseía Inassa en la compañía de servicios públicos, por lo tanto, piden que se suspenda este proceso y que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades.
Así las cosas, entre las pretensiones de la tutela está “que se ordene a la SAE no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio”.
Los accionistas insisten en la tutela que “es una extralimitación de la Fiscalía aplicar extinción de dominio a las acciones de Inassa cuando la actividad ilícita recae sobre un contrato de orden civil celebrado consensualmente entre las partes”.
La SAE, como se recordará, suspendió la cesión de acciones de la Triple A al Distrito de Barranquilla por serios cuestionamientos en el proceso de venta, lo cual ha venido suscitando polémica hace varias semanas, al punto que la Procuraduría había solicitado aplazar la asamblea de este martes hasta que se pudiera definir si hubo o no irregularidades en el contrato.
La Procuraduría se quejó, inclusive, de que aún no ha recibido la información que le pidió al director de la SAE y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para evaluar el contrato de compraventa.
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