“El acuerdo contiene numerosas sanciones a justicia, rendición de cuentas, que no habrá impunidad, reparación a víctimas y no repetición, una serie de valores que compartimos pero cuando hacemos un examen de la letra chica (…) hay enormes contradicciones y surgen muchísimas lagunas, ambigüedades que parecen deliberadamente colocadas allí pero no son evidentes”, manifestó Vivanco. (Aquí: Los principios básicos que tendrá el acuerdo de víctimas entre Gobierno y Farc).
Según Vivanco, el acuerdo “es un documento extenso y complejo, donde para realmente llegar a los puntos regulares hay que hacer un esfuerzo extraordinario”.
Incluso, manifestó que 10 abogados expertos en justicia penal internacional de la ONG se demoraron varios días para analizar y entender el acuerdo.
Tan complejo como inédito, el acuerdo, expresado en un documento de 63 páginas, establece un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto, incluidos guerrilleros, agentes del Estado, además de cobijar con amnistía los delitos políticos como el de rebelión y otros conexos.
Dijo que toda la parte que falta por ser reglamentada dentro del acuerdo de víctimas hace que se generen incertidumbres constantes, por ejemplo en el nombramiento de los jueces que conformarán el Tribunal de Paz.
Además, aseguró que en el acuerdo queda establecido que cualquier guerrillero del Secretariado de las Farc estaría habilitado en participar en política, pese a haber ordenado una matanza. (Vea además: Human Rights Watch califica al acuerdo de víctimas como ‘piñata’ de impunidad).
“El acuerdo dice: ‘la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación de cualquier política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política’”, añadió.
El director para las Américas de HRW habló sobre las penas a agentes del Estado y recordó que “el Ejército de Colombia tiene una estructura jerárquica donde hay subordinación, por lo que el jefe de la brigada está al tanto, participa y responde por su tropa”.
El acuerdo, pactado la semana pasada en La Habana, "garantiza que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino", dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
Sobre las penas alternativas de reclusión y reparación de víctimas Vivanco dijo que el documento contempla que los condenados cumplan la condena impuesta por el Tribunal de Paz y quedarán libres.
Según manifestó, queda claro que un juez puede condenar a un guerrillero a construir dos escuelas y si al término de dos años ya quedan hechas, podrá quedar en libertad.
Según el estudio de HRW, los criminales confesos podrán diseñar ellos mismos los proyectos de reparación -retiro de minas o la reconstrucción de infraestructura, por ejemplo- a los que se dedicarán; recuperar su libertad si los culminan incluso antes del fin de la pena, y aspirar y ejercer cargos públicos al tiempo que cumplen con las sanciones.
En rueda de prensa, horas antes, el director de Human Rigths Watch dijo que el acuerdo "constituye un retroceso" para América Latina y que sentará "un precedente que a nivel universal nos retrotrae a otras épocas cuando no había estándares internacionales" de derechos humanos.
En ese momento, Vivanco llamó al Gobierno y a las Farc a renegociar el pacto antes de la firma definitiva de la paz en marzo, como lo anunciaron las partes en septiembre pasado. De lo contrario Colombia se expondría al examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional.