Ley de financiamiento: alertan impactos en energía, sostenibilidad y economía de colombianos
Expertos advierten que las medidas fiscales podrían encarecer la electricidad, desincentivar proyectos sostenibles y frenar la movilidad limpia en Colombia.
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La nueva ley de financiamiento impulsada por el Gobierno nacional ha generado preocupación en diversos sectores por los posibles impactos negativos que tendría sobre la energía, la sostenibilidad ambiental y las finanzas de los hogares colombianos.
Entre las medidas contempladas se incluye un impuesto del 1 % a la extracción de combustibles fósiles, así como un gravamen progresivo a la gasolina. A esto se suma un incremento en los biocombustibles, particularmente en el etanol, lo que podría afectar de manera directa a consumidores y productores.
De manera paralela, el Gobierno proyecta un decreto que incrementaría en un 20 % las tarifas de energía para el sector industrial, lo que también golpearía a las empresas generadoras. Según expertos, este conjunto de disposiciones envía “señales de desestímulo tanto para nuevos proyectos como para la expansión de los ya existentes”.
Así lo advirtió Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana e investigador en temas de energía y sostenibilidad, quien explicó que “cuando se restringe la oferta de energía, se genera un desbalance, ya que la demanda continúa en crecimiento mientras la capacidad de oferta se limita. Esto produce un déficit entre la energía requerida y la disponible, lo que inevitablemente conduce a un aumento en el costo del kilovatio-hora (kWh) que al final pagarían los colombianos”.
Otro de los puntos críticos es la ausencia de incentivos a los vehículos híbridos dentro de la normativa. Aunque no son eléctricos en un 100 %, estas tecnologías reducen hasta en un 40 % las emisiones frente a los motores de combustión interna. En países donde se promovió su uso, los resultados han sido positivos en la reducción de la polución y en la mejora de la calidad del aire.
La redacción actual de la ley, sin embargo, podría inducir a que los compradores opten por vehículos a diésel debido a la diferencia de precios respecto a los híbridos y a los que funcionan con gasolina, lo que significaría un retroceso en los objetivos de descarbonización.