Vivir en un conjunto residencial o en un edificio sí o sí trae consigo reglas específicas que van mucho más allá de pagar únicamente la administración a tiempo o asistir a las asambleas. Ante ello, en Colombia existe una normativa que permite regular la vida en estos conjuntos, pero también hay una regla que puede tumbar todos los planes de los residentes.
Ley pone frenó a quiénes viven en conjuntos
La Ley 675 de 2001, más conocida como la Ley de Propiedad Horizontal, establece cómo se deben organizar, administrar y convivir las personas que habitan una edificación o conjunto residencial. De acuerdo con el artículo 1, el objetivo principal es garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y la función social de la propiedad.
Esta normativa no solo protege a los residentes, sino que además propone reglas específicas. De hecho, en el artículo 18 se detallan las situaciones en las que no se pueden realizar modificaciones en la vivienda, aun cuando se cuente con las escrituras correspondientes.
Restricciones en primer y último piso
Según lo señalado en el numeral 3 del mismo artículo, está prohibido realizar modificaciones en el primer piso y en el último del edificio sin la debida autorización de la asamblea, y siempre teniendo en cuenta que no se pueden incumplir estas disposiciones.
En el caso de quienes habitan el primer piso, no está permitido excavar, abrir sótanos o ejecutar obras que puedan comprometer la solidez del edificio. De la misma manera, para quienes viven en el último piso, la norma es clara: no se pueden levantar nuevos niveles o construcciones sin el permiso expreso de la copropiedad.
Estas restricciones buscan proteger la seguridad estructural del inmueble, pues una obra no autorizada en puntos críticos podría poner en riesgo no solo al propietario, sino también a todos los cohabitantes.
Ley protege la seguridad de la comunidad
La Ley 675 resalta que la propiedad horizontal no debe entenderse como un tema únicamente individual, sino como un asunto colectivo. Aunque cada familia cuente con escrituras que los acrediten como dueños del inmueble, existen derechos y deberes compartidos con la copropiedad.
De esta forma, la norma establece que la función social está por encima de los intereses particulares. Esto implica que cualquier modificación debe respetar tanto la seguridad estructural de la construcción como la convivencia armónica entre los vecinos.
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