La decisión del Juzgado 34 de la República ha encendido una discusión jurídica y política en el país al ordenar, mediante medidas cautelares provisionales, la suspensión de los bombardeos militares contra campamentos de grupos armados ilegales donde se presuma o conozca la presencia de menores de edad reclutados. La tutela, interpuesta por el ciudadano Over Jimmy Borda, busca forzar una revisión exhaustiva de los protocolos militares frente al flagelo del reclutamiento infantil.
Un freno provisional y preventivo
Borda aclaró en diálogo con Mañanas Blu que esta determinación judicial no constituye una resolución definitiva del caso. "La decisión que tomó es una medida cautelar, que es una medida provisional, mientras que se resuelve del fondo dicha tutela. Quiere decir que la decisión no es absoluta, sino relativa. Es donde se tenga conocimiento por parte de las fuerzas militares que se puedan encontrar niños, niñas o adolescentes y que hayan sido reclutados, que estén ahí en campamento o a su alrededor", explicó el jurista, detallando que la restricción rige para todo el territorio colombiano.
Esta restricción ha generado cuestionamientos sobre si la medida podría otorgar ventajas estratégicas y operativas a las organizaciones delincuenciales en zonas selváticas de difícil acceso. Frente a esto, Borda admitió que las agrupaciones criminales recurren a esta práctica de manera sistemática: "Los niños que están reclutados las guerrillas, ellos siempre los van a usar de escudo".
El dilema operativo y las "presiones indebidas" del Ejecutivo
De acuerdo con el demandante, el problema de fondo en el teatro de operaciones no recae sobre el actuar de las tropas, sino sobre las exigencias políticas que se les imponen. "Las presiones indebidas por parte del ejecutivo es las que han llevado estos errores y no es solamente en este gobierno, esto es histórico", enfatizó, argumentando que este tipo de "errores" sistemáticos han ocurrido en todos los gobiernos recientes.
Borda insistió en que el Estado debe priorizar la dotación tecnológica de sus tropas para reducir el impacto colateral sobre la población civil. "A la fuerza militar hay que adoptarla, hay que acompañarle, hay que fortalecer. y hay que estar de la mano con ella", declaró, lamentando la falta de recursos óptimos provistos por las sucesivas administraciones ejecutivas.
Protocolos de Derechos Humanos y el reclamo de una salida negociada
Durante el diálogo, se cuestionó al abogado por qué no había presentado este recurso judicial durante el gobierno de Gustavo Petro, período en el cual la cifra de menores fallecidos en operaciones militares también fue significativa.
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Borda aclaró que la legislación colombiana, bajo el decreto 2591 de 1991, prohíbe duplicar tutelas por los mismos hechos, y que en aquel período una acción similar interpuesta por un personero municipal ya había resultado exitosa.
Finalmente, el demandante recalcó que la tutela no busca maniatar la capacidad combativa de las Fuerzas Militares, sino encauzarla bajo el cumplimiento estricto de las normas internacionales. "La tutela lo que persigue es la protección de los niños. En ningún momento se está atentando contra las operaciones de la fuerza pública, sino por el contrario, lo que se hace es prevenir en este momento de manera temporal dichas decisiones para que se reflexione".
Escuche aquí la entrevista:
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