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Los 900 municipios que se quieren librar de las minas antipersona

En Colombia la población víctima de minas antipersona es de 11.600, de las cuales el 40 por ciento pertenece a la población civil. Según Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana contra las Minas Antipersona, 1000 menores de edad han caído en los campos minados en los últimos 25 años.

26515_Foto: Twitter - @rafacolontorres
Foto: Twitter - @rafacolontorres
Foto: Twitter - @rafacolontorres

“Las personas que caen en esas trampas mortales son de origen campesino y viven en lugares donde no llega agua ni energía eléctrica, son regiones que históricamente han sido epicentro del conflicto armado.”, explica Jiménez Millán.

 

Por su parte Pablo Estaban Parra, especialista de acción contra minas de las Naciones Unidas, dice que tiene registros reportados por las autoridades nacionales de 217 víctimas durante el año 2015. “Hay heridos con diferentes grados de afectación y lamentablemente un porcentaje de muertos”.

 

La mayoría de las víctimas se registran en el sur del país especialmente en los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño, Caquetá y el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Arauca y Norte de Santander.

 

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Lo que plantea Jiménez es que se debe eliminar los cultivos ilícitos y sustituirlos ya que son en esos terrenos que hay un buen número de minas sembradas que ponen en peligro la vida de la población civil.

 

Las zonas focalizadas por el Gobierno para el desminado

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Desminado humanitario en El Orejón / Foto: Blu Radio

 

En Colombia 900 municipios tienen artefactos explosivos, sin embargo es en 199 donde el Gobierno está focalizando todos sus esfuerzos teniendo en cuenta que el 60 por ciento de esos territorios hay cultivos de coca y la única manera que los grupos ilegales pueden resguardarlos es con la siembra de minas.

 

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“La Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersona del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Postconflicto ha construido tipologías de los municipios con base que hay en los territorios con información que han entregado las comunidades, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, alcaldías y organizaciones sociales”, explica el coronel Rafael Alfredo Colón.

 

Es por eso que frente a un acuerdo definitivo con las guerrillas de las Farc se abre la posibilidad de abrir operaciones de desminado humanitario en los lugares en donde nunca el Estado colombiano ha llegado.

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“Necesitamos ir a donde hay minas y donde hay impacto humanitario. (…) en esos 199 municipios una vez se lleguen a acuerdos definitivos se tomarán decisiones sobre cuáles son los municipios donde hay que hacer una intervención de respuesta rápida al día siguiente de la firma de los acuerdos”, explicó.

 

El coronel Colón dice que se requieren de al menos 350 millones de dólares para cubrir entre otras cosas las necesidades que tienen los operadores y la Fuerza Pública.

 

Las minas en los territorios de las Farc

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Guerrilleros de las Farc / Foto: AFP

 

En 44 municipios donde hay presencia exclusiva de las Farc, no de ELN ni de bandas criminales; hay un reporte del Ministerio de la Defensa que se está evaluando para que en base a eso, las variables de seguridad sean bajo las condiciones que requieren los operadores de desminado humanitario.

 

“El ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, hace el llamado a los organismos internacionales a los países donantes que tienen el corazón en el desminado humanitario para que se incorporen los esfuerzos en esos 199 municipios”. De no hacer la intervención en estas zonas difícilmente se puede ir al colegio, a los sitios de encuentro de las comunidades y la reforma rural integral queda en entredicho.

 

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A partir de hace tres semanas el Daima está haciendo un trabajo de escritorio con los alcaldes y gobernadores para revisar cuáles son las necesidades básicas y cuáles son las condiciones mínimas que tiene que adquirir el Gobierno para llegar allí el día de + 1 en esos 44 municipios” sostuvo el coronel Colón.

 

De esos 44 municipios, el Gobierno está considerando intervenir 20 municipios inicialmente. “En la estrategia de nuestro ministro del Posconflicto están esos 20 municipios. Todos los esfuerzos se deben enfocar allí”, explica el alto oficial.

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La segunda tipología comprende 291 municipios en los que se tiene que hacer estudios no técnicos. “En esas zonas hace cinco años atrás, ocurrió un incidente, un accidente. No ha sido tan grave la afectación y el impacto humanitario es de otro nivel”, sostiene Colón.

 

La tercera tipología está en 183 municipios es donde se ha tenido más allá de cinco años atrás información de pocos incidentes. Y hay 429 municipios en los cuales se tienen que hacer una importante estrategia en el riesgo.

 

El temor de la población civil a un rearme de las bandas criminales

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Desminado en El Orejón / Foto: @PrensaRural

 

Efectivamente la presencia de las bandas criminales una vez las Farc se concentren en los territorios que van acordar en la mesa de negociación y eso es lo que no está pasando en El Orejón. Las bandas criminales van a querer cooptar territorios donde había presencia de Farc y donde aún no hay presencia institucional.

 

El coronel dice que el Gobierno tiene una estrategia de ataque frontal contra la corrupción y las instituciones tendrán que atacar esas redes de maridaje y de pronto institucionales que han convivido con las Autodefensas.

 

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Lucia Ramírez, de la fundación por la defensa de los derechos humanos y el DIH del oriente de Colombia, aseguran que se está trabajando con el proyecto de desminado que se está adelantando desde el 16 de enero en la Vereda Santa Elena en el municipio de Mesetas. “Allí se está desarrollando una criminalización por parte del Ejército a líderes de derechos humanos y de comunidades a la vez que se viene adelantando el proyecto de desminado”.

 

“Es una región bastante compleja y un escenario muy fuerte, si es una preocupación de los pobladores la restructuración de grupos paramilitares en estos momentos de paz.

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Así mismo Milena Ramírez Guevara, representante legal de Asociación Víctimas de Minas Antipersona y Municiones sin Explotar de Norte de Santander, asegura que en la zona de Tibú las personas están siendo desplazadas y bandas criminales generando temor en la población justo cuando se acerca el desminado en Norte de Santander.

 

ELN reitera que están dispuestos a ayudar en el desminado

 

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ELN / Foto: AFP

 

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Según Ramiro Vargas uno de los comandantes del ELN reconoce que los explosivos es un arma de guerra y que la utilizan como instrumento de garantía. “Nuestra seguridad para contención de avance enemiga y a la vez como ataque a esta fuerza. Los explosivos que s normalmente utilizamos son los extraídos de las bombas que indiscriminadamente arroja el enemigo y que no estallan esa las utilizamos para la fabricación de las minas.

 

“En algunos casos no se levantaron mapas de los sitios minados ni se recogieron las minas. Tenemos el problema de que muchos de los compañeros que minaron murieron y otros están encarcelados y otros se retiraron de la organización y no sabemos dónde encontrarlos”.

 

Lo que dicen las Farc

 

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Luis Eliécer Rueda Vernaza, alias 'Matías Aldecoa' / Foto AFP

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Para Matías Aldecoa de la delegación de las Farc en Cuba el desminado humanitario es una oportunidad para que el Estado salde la deuda social con los habitantes del campo.

 

El acuerdo entre las Farc EP y el Gobierno colombiano sobre desminado humanitario logrado en el contexto de las conversaciones de paz en La Habana el siete de marzo de 2015 se originó con un doble propósito:

 

 “El primero en avanzar en la construcción de confianza entre las partes mediante el desescalamiento del conflicto y el segundo mejorar las condiciones de los habitantes en zonas con presencia de artefactos o restos explosivos de guerra”, dice Aldecoa.

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Dice que el experimento iniciado en la vereda El Orejón del municipio de Briceño Antioquia ha suscitado el interés de organizaciones nacionales, internacionales de las distintas corrientes políticas y de Gobiernos extranjeros y comunidad internacional.

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