de grandes proyectos agrícolas en el departamento de Vichada por parte de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y varios familiares suyos.
Por su parte, Wilson Arias, también representante del Polo, hizo denuncias similares que implican a la familia del Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder.
El escándalo de los terrenos baldíos se relaciona con denuncias hechas a principios de junio de este año de parte del senador Jorge Enrique Robledo y de Wilson Arias. Ellos revelaron que Riopaila había adquirido cerca de 35 mil hectáreas de terrenos baldíos comprados a campesinos a través de 27 Sociedades Anónimas Simplificadas que, al parecer, fueron creadas con créditos de la propia empresa y puestas a nombre de sus empleados, según Rafael González Ulloa, accionista de la empresa.
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La compañía ha defendido mediante comunicados sus derechos y ha aclarado que la compra de lotes baldíos en el Vichada, para edificar un complejo industrial, está ajustada a la ley.
El escándalo llevó, incluso, a la renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, por la posible compra irregular de tierras que gestionó la firma Brigard & Urrutia, de la que era socio y que asesoraba a Riopaila en esa materia.
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