Más de 200 organizaciones sociales, de víctimas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, académicas, eclesiales y de derechos humanos, junto con líderes nacionales e internacionales, solicitaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fortalecer su respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
La petición fue enviada mediante una carta dirigida al embajador Zénon Mukongo Ngay, presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, con motivo de la sesión sobre Colombia prevista para el próximo 15 de julio. Los firmantes también solicitaron que el documento sea distribuido oficialmente entre los Estados miembros del organismo.
En la comunicación, las organizaciones expresan su preocupación por el aumento de la polarización política, los cuestionamientos al Acuerdo Final de Paz y a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además del deterioro de la situación humanitaria en distintas regiones del país.
Los firmantes advierten que las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas continúan siendo las más afectadas por la violencia, la expansión de grupos armados, las economías ilícitas, la minería ilegal, el desplazamiento forzado, las restricciones a la movilidad y el reclutamiento de menores de edad.
La carta recuerda que, al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades que más sufrieron el conflicto deben ser las principales beneficiarias de su implementación. En ese sentido, solicita que la Misión de Verificación de la ONU fortalezca el diálogo con las organizaciones sociales y las autoridades étnicas y campesinas, incorporando sus preocupaciones y propuestas en el cumplimiento de su mandato.
Entre las principales solicitudes al Consejo de Seguridad se encuentran reforzar el acompañamiento internacional a la implementación integral del Acuerdo de Paz; prestar mayor atención a los obstáculos que enfrentan reformas como la Jurisdicción Agraria; y mantener el respaldo al Sistema Integral para la Paz, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, las garantías de no repetición y los mecanismos de justicia transicional.
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La iniciativa reúne a organizaciones de Colombia, América y Europa, entre ellas, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), la Washington Office on Latin America (WOLA), Defendamos la Paz Internacional, universidades, iglesias, organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos.
En el documento, las organizaciones concluyen que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la participación activa de las víctimas son fundamentales para consolidar una paz estable, con justicia, reconciliación y garantías de no repetición en Colombia.
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