Más de 500 familias de Putumayo cambian coca por cacao con sustitución voluntaria de 1.500 hectáreas

En la vereda Santa Teresa de Vides, campesinos y autoridades se encontraron para firmar un pacto que busca marcar un antes y un después en la historia reciente del departamento: la sustitución voluntaria de 1.500 hectáreas de cultivos de coca.La escena estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda Espitia, acompañados por el gobernador Jhon Gabriel Molina Acosta y mandos militares y policiales. Frente a ellos, los líderes comunitarios de 19 veredas del San Juan expresaron su decisión de dejar atrás la economía de la coca y apostar por la legalidad.El compromiso involucra a más de 550 familias, quienes reemplazarán la hoja de coca por cacao, plátano y otras especies nativas. Para hacer viable esta transición, el Gobierno anunció el envío de maquinaria amarilla para abrir y mejorar vías, asistencia técnica, acompañamiento institucional y la garantía de acceso a mercados.A diferencia de la erradicación forzada, que en el pasado sembró conflictos sociales, esta iniciativa se sustenta en el diálogo y la concertación, reconociendo las necesidades de quienes durante décadas vieron en la coca la única alternativa de subsistencia. “Este proceso de transformación es fundamental para cambiar las economías ilegales que nutren a los grupos criminales por un camino de legalidad y tranquilidad”.La comunidad, sin embargo, también planteó inquietudes: ¿cuáles serán los tiempos de transición? ¿cómo se garantizará la seguridad en los territorios? Estas preguntas fueron respondidas directamente por el ministro Sánchez Suárez y la directora Miranda, quienes aseguraron que las Fuerzas Militares y de Policía acompañarán el proceso para blindarlo de la presión de las estructuras criminales que aún operan en la región.Los beneficios no solo serán económicos. Según el Gobierno, la sustitución voluntaria reducirá la violencia en los territorios, pues al debilitar las economías ilícitas se fracturan las fuentes de financiación de grupos terroristas y organizaciones narcotraficantes. Se trata de un paso hacia la estabilización y el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas históricamente golpeadas por el conflicto.El plan también tiene un trasfondo social: busca reconstruir el tejido comunitario, generar confianza en las instituciones y consolidar un modelo de gobernanza basado en el respeto y la corresponsabilidad. “La participación activa de las comunidades será la clave para que este proceso tenga éxito y pueda replicarse en otros territorios”, subrayaron los funcionarios.