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Este lunes en la tarde, tras una dura reunión, la asamblea de accionistas de Metrolínea acordó declararse a la Ley 550 (popular ley de quiebras) para reestructurar los pasivos judiciales y continuar con la prestación del servicio.
“Actualmente Metrolínea S.A. tiene una deuda de $157.000 millones de capital por pasivos judiciales que ponen en una situación financiera difícil a la Empresa. Pese a que desde la gerencia se hicieron todos los esfuerzos posibles y legales para obtener recursos vía transferencia de los municipios del área metropolitana o acceso a crédito, no fue posible y por ello se tomó la decisión más viable que fue proponer acogerse a la Ley 550 de 1999”, informó la empresa en un comunicado de prensa.
La gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, contó que dicha decisión ayudará a que el servicio se siga prestando.
“Desde Metrolínea S.A., en vista de la difícil situación financiera que se viene complicando con el paso de los días y más en esta emergencia, se tomó la decisión de entrar en este trámite con dos propósitos: uno, permitirle a la empresa un proceso de reactivación empresarial derivado de una negociación con los acreedores que incluye la congelación de intereses y liberación de embargos; y dos, garantizar la continuidad de la prestación del servicio a todos nuestros usuarios”, indicó la funcionaria.
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