Nación deberá pagar más de $780 millones a víctimas de El Nogal

A propósito de la condena del Consejo de Estado a la Nación por el atentando en el club El Nogal, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán pagar 781 millones de pesos a las víctimas “por daño moral, daño a la salud, daño emergente y lucro cesante”.Vea también: El Estado deberá pedir perdón por atentado de El Nogal: magistrada ContoCabe resaltar que la condena a la Nación corresponde a la demanda que hicieron 11 personas, familiares de 3 víctimas mortales del atentado del 7 de febrero de 2003.Blu Radio conoció el fallo del Consejo de Estado que, además de destacar que el club se había convertido en una sede alterna de Gobierno, asegura que la Fiscalía estaba advertida sobre la intención de atentar contra los funcionarios que frecuentaban el lugar.En su defensa, según cuenta la sentencia, la Nación dijo que no se dan los presupuestos para imputarle responsabilidad patrimonial. Advierte una “falla evidente en el control de seguridad del club El Nogal que no puede trasladarse al Estado” y, en este orden, considera que la entidad privada es la llamada a responder.¿Quién era esta entidad privada?El Consejo de Estado cita el contrato de prestación de servicios suscrito el 1 de agosto de 2002 por un término de 12 meses, entre la corporación club El Nogal y la empresa de seguridad Caninos Profesionales Ltda.A esta última se obligó a “prestar el servicio de seguridad en la modalidad de guía con perro, dotado de radio de comunicación y perro entrenado en la modalidad de antiexplosivos”.Dentro de las obligaciones establecidas en la cláusula con la empresa de seguridad privada se destaca: “Disponer de todo el personal humano, perros y dotación necesarios para prestar eficientemente los servicios de seguridad en la modalidad de antiexplosivos”, que, según el alto tribunal, fueron evidentemente insuficientes.Un punto clave del fallo hace referencia a la manera en que las entidades demandadas (Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y extinto Departamento Administrativo de Seguridad) no cumplieron con sus deberes constitucionales y legales de protección a la población, ante un riesgo previsible y anunciado.“El atentado se dirigió contra el Estado colombiano, en cabeza de los dos ministros más representativos del gobierno”, asociado a que las demandadas no asumieron las precauciones o medidas de seguridad pertinentes para evitar ataques contra “un sitio emblemático y representativo del Estado”.La principal omisión de la Nación estuvo en el conocimiento sobre la preparación de un atentado en Bogotá por parte de las Farc. El Consejo de Estado revela una prueba reina, el testimonio de la exinvestigadora analista del CTI de la Fiscalía, Zorrilla Parga, “quien advirtió y comunicó a su superior el afán de un informante por facilitar la captura del integrante del grupo insurgente, conocido con el alias de ‘El Flaco’, encargado de planear y poner en marcha la ofensiva en el área urbana”.Según la investigadora Parga, alias ‘El Flaco’ fue quien proporcionó los números telefónicos desde los cuales mantenían contacto para facilitar su ubicación; además propuso conseguir las huellas dactilares para contrastar la información y hasta organizar un encuentro que permitiera su captura. “Lo anterior, vale aclarar, bajo la exigencia del pago de una considerable suma de dinero”. No bastando lo anterior, el organismo fue enterado en otra entrevista y no se tomaron medidas de protección.Por otro lado, el Consejo de Estado advierte que el extinto cuerpo de seguridad, DAS, tenía que haber conocido las actividades de claro alcance institucional que se desarrollaban en las instalaciones del club. “La entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se hospedó en el club entre el 17 de octubre y 19 de octubre, del 21 al 25 de octubre y del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2002, así lo refleja el material probatorio. Además, se evidenció las visitas continuas y cercanas al 7 de febrero de 2003 del ministro del Interior y de Justicia de la época, Fernando Londoño, socio y expresidente del club y sus permanentes reuniones con altos dignatarios del Estado, como es el caso del fiscal general de la Nación, el mismo director del Departamento Administrativo de Seguridad, entre otros funcionarios”, dice.La irresponsabilidad de la Nación estuvo en que antes del 7 de febrero del 2003, en el club el Nogal se desarrollaron permanentes reuniones con mensaje institucional y nunca se tuvieron las cautelas necesarias ni se midió el riesgo al que fueron sometidos los socios, sus trabajadores, invitados y, en general, la población civil que, desprevenida, frecuentaba el lugar y sus alrededores.