El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, creó una comisión especializada para esclarecer las muertes que dejaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, en zona fronteriza con Venezuela. Según los primeros resultados de la investigación, fueron asesinadas 27 personas a manos del ELN, cuatro de ellos serían integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC.
“Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos”, anunció Barbosa.
Según un comunicado del ente acusador, hasta el momento, los 27 cuerpos fueron encontrados en puntos rurales de los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, en Arauca, y en Cubará, Boyacá. Los investigadores señalan que, al parecer, las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados, algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas a territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.
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Además, dijo el fiscal, todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato, es decir, no se trató de un combate entre organizaciones criminales.
Sobre las víctimas, dijo el fiscal, cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC y otros cuatro figuran como indiciados o investigados en las bases de datos institucionales.
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Lo revelado por la Fiscalía contrasta en parte con lo dicho por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló que fueron 21 los cuerpos ya identificados y que siete son de personas venezolanas. Además, de las dos víctimas menores de edad, una es una mujer colombiana y la otra un hombre venezolano.
El ministro también explicó que ocho de los fallecidos eran personas que tenían antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lesiones personales, injuria por vías de hecho, rebelión, secuestro extorsivo, homicidio, receptación, fuga de presos y toma de rehenes.
Desde el Ministerio, asimismo, confirmaron que dos mujeres de nacionalidad venezolana y un hombre colombiano, pertenecientes a la estructura 10 de las disidencias de las FARC, se entregaron de manera voluntaria a la fuerza pública.
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