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El Huila fue uno de los departamentos más golpeados por delitos como el secuestro, cometidos por la extinta guerrilla de las FARC en el marco del conflicto armado. Hoy, tras conocerse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo secretariado de esa organización, varias víctimas reaccionaron.
Una de ellas fue el excongresista Jaime Felipe Lozada Polanco, secuestrado por las FARC el 26 de julio de 2001 durante la toma del edificio Miraflores en Neiva, junto a uno de sus hermanos y su madre, Gloria Polanco.
Señaló que, con la firma del acuerdo de paz, las víctimas del conflicto armado tenían la esperanza de ser el eje central de la reconciliación y la justicia. Sin embargo, con la primera sentencia de la JEP, esa expectativa ha sido puesta en duda por quienes sufrieron directamente este flagelo.
“A nosotros nos dijeron siempre que en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos las víctimas íbamos a ser el centro y el núcleo de dicho acuerdo. Con la decisión de la JEP, lo que se ratifica es que nunca fuimos el centro del acuerdo, y que el centro del acuerdo fueron nuestros victimarios”, puntualizó.
Otra reacción fue la del diputado Armando Acuña, quien al momento del secuestro registrado el 29 de mayo de 2009 se desempeñaba como concejal del municipio de Garzón, Huila. Ese día, las FARC irrumpieron en la sede del Concejo municipal y secuestraron al entonces concejal, dejando además cuatro personas muertas.
“La verdad es que no se hace justicia. Para nosotros, que hemos sufrido el rigor de la guerra, porque el secuestro es algo inhumano, esta decisión nos ha caído como un baldado de agua fría. La verdad, estoy sorprendido con ese fallo, que me parece irrisorio, y más aún cuando no se logró alcanzar la tan anhelada paz”, expresó Acuña.
Por su parte, Aníbal Rodríguez, secuestrado junto con su hija durante la toma del edificio Miraflores en Neiva el 26 de julio de 2001, calificó este fallo como decepcionante, pues considera que nunca hubo verdad.
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“Recibo el fallo con mucha decepción, pues esperábamos la exclusión de los miembros del secretariado del proceso de justicia transicional, dado que no han cumplido con los compromisos establecidos en el acuerdo de paz. Hablo de exclusión porque ellos no han contribuido ni a la verdad ni a la reparación de las víctimas”, afirmó Rodríguez.
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