La ANDI encendió las alarmas frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca modificar el actual modelo de etiquetado frontal en Colombia. Según el gremio, la propuesta no solo desconoce el impacto en el sector productivo, sino que introduce cambios profundos sin la evidencia científica suficiente ni un proceso de evaluación previo.
El pronunciamiento advierte que la medida afectaría a 51.200 empresas del sector, de las cuales el 98,5 % son micro, pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en presiones económicas sobre miles de empleos y en el abastecimiento de alimentos. Entre los principales cuestionamientos está la falta de concertación con la industria, pese a solicitudes reiteradas de establecer mesas técnicas de análisis.
De acuerdo con el documento, el nuevo esquema implicaría rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos empacados, generando trámites masivos ante entidades como el Invima y aumentando costos operativos. Además, se advierte que la iniciativa podría convertirse en un obstáculo técnico al comercio que no cumple con estándares exigidos por organismos como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.
Uno de los puntos más críticos es la creación de nuevas definiciones, como la de “ultraprocesados”, que según la ANDI no existe en regulaciones internacionales. A esto se suma la obligación de incluir advertencias específicas en productos con ciertos aditivos, la introducción de microsellos en empaques pequeños y la prohibición del uso de códigos QR, pese a estar contemplados en estándares internacionales como el Codex Alimentarius.
“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado y se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara, quien insistió en que la medida generaría costos adicionales innecesarios en la producción y distribución de alimentos.
El gremio también cuestiona que el Ministerio impulse este cambio sin haber realizado una evaluación del modelo vigente, establecido mediante la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones posteriores. Según la ANDI, esto iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias promovidas por la OCDE y lineamientos nacionales.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado a empresarios, académicos y demás actores del sector a revisar el proyecto y presentar observaciones antes del plazo establecido por el Ministerio, insistiendo en la necesidad de un debate técnico más amplio sobre una regulación que podría redefinir las reglas del mercado alimentario en el país.
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