Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Este importante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se da tras la condena en segunda instancia a una empresa por la muerte de un operario, quien recibió un disparo de francotirador mientras realizaba labores de reparación en el oleoducto- Caño Limón Coveñas, región donde operan grupos armados ilegales. Para el alto tribunal, la infraestructura petrolera situada en zonas de conflicto representa un escenario de algo riesgo para los bienes y para las personas que hacen algún tipo de labor allí."Si bien el Ejército Nacional indicó que no hubo alarmas de seguridad en la zona, no pasó por alto que la empleadora tenía conocimiento de las advertencias a la comunidad por el grupo ilegal, lo que ponía en riesgo a sus trabajadores, máxime cuando en agosto de 2014 el mismo oleoducto había sido objeto de ataque terrorista", se lee en el fallo.En ese sentido la Sala Laboral con una óptica de derechos humanos y sobre todo la responsabilidad empresarial, aseguró que las compañías deben adoptar medidas efectivas y seguras más aún cuando tienen información de primera mano que indica que el orden público en la zona donde se llevan a cabo las labores es riesgoso.La omisión según el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, puede dar lugar a responsabilidad por los daños sufridos a los trabajadores, allí también señalan que, si bien el mantenimiento del orden público es de resorte del Estado y de las fuerzas militares, ello no exime la responsabilidad de cada empresa.Finalmente, la Corte señaló que en estos casos el empleador está obligado a cumplir con estricta rigurosidad los protocolos de seguridad y a atender todas las alertas existentes, descartando cualquier conducta imprudente o exceso de confianza.
Este viernes 5 de diciembre, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en el funcionamiento de WhatsApp, especialmente al intentar enviar fotos, videos, audios y stickers. La situación se hizo evidente en redes sociales, donde el nombre de la aplicación se convirtió rápidamente en tendencia.De acuerdo con la plataforma Downdetector, el pico de reportes se registró en horas de la tarde, cuando los usuarios comenzaron a alertar sobre errores en el envío de mensajes y dificultades tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Entre los problemas más mencionados se encontraron la imposibilidad de cargar archivos multimedia, retrasos en la entrega de mensajes y desconexiones repentinas. Las redes sociales, como suele ocurrir en este tipo de interrupciones, se llenaron de reacciones y memes que ironizaban sobre la caída temporal del servicio. Muchos internautas aprovecharon para expresar su frustración, mientras otros tomaron el hecho con humor.Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado de restablecimiento total del servicio.
El general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, afirma que los vuelos a Venezuela por parte de la aerolínea estatal seguirán suspendidos hasta que, por lo menos, haya garantías de que no hay riesgo en la operación.Indicó que a los pasajeros se les ha dado la opción de “devolverles el dinero inmediatamente”, por lo que son los usuarios quienes ahora están revisando sus opciones para saber qué hacer con sus planes de viaje.“Ante la situación y la evidencia formal que se ha presentado de novedades e interferencias tanto en comunicaciones como en navegación, es un punto de no retorno en el aspecto de la seguridad”, indicó Zuluaga. El general agregó que "una vez se superen estas condiciones y tengamos información de los entes internacionales que nos garanticen la continuidad de la operación, pues lo seguiremos haciendo desde que garanticemos que no vamos a tener ningún riesgo".El oficial agregó que, pese a estas cancelaciones, Satena espera cerrar este año con buenas cifras, pues al finalizar el 2025 contará con 200 rutas habilitadas, un crecimiento exponencial que ha permitido hacer presencia en 30 departamentos del país y llegar a zonas donde carecían de conectividad aérea.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de diciembre de 2025:Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), se pronunció sobre la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela.Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, habló de la primera gran cita en la antesala del Mundial 2026: el sorteo oficial de la competencia este 5 de diciembre.Además, en Mañanas Blu 10:30 se analizó la situación que atraviesa Venezuela por la suspensión de vuelos desde y hacia ese país, luego de que se confirmara que la medida continuará vigente.Escuche el programa completo aquí:
La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90 % de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico señala que la situación con la modernización del aeropuerto es crítica: “La situación es crítica. Esas alertas fueron confirmadas por parte de la Aeronáutica Civil al señalar que el retraso llega al 90% de las obras en la terminal de pasajeros. Por eso la entidad tiene abiertos ocho procesos de incumplimientos en aspectos clave para el servicio como es la sala de maletas nacionales, lo que puede traducirse en multas por más de 12 000 millones de pesos”, explicó.Héctor Carbonell,director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.“Hemos solicitado a la Contraloría y a la Procuraduría hacer un acompañamiento al proceso, de manera que se tomen las decisiones que sean necesarias para superar la crisis que afecta la operación del aeropuerto hoy en día y por ende la ciudadanía en general”, dijo Carbonell.La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista sancionado por la Aeronáutica Civil es el Consorcio Infraestructura AIEC 2026.Y es que los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
La misión de la OEA en Colombia promueve un diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN, última guerrilla activa del país, según un informe divulgado el jueves que señaló mayor violencia entre los grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano.En su último reporte semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) dijo que "continúa acompañando las iniciativas de búsqueda de acercamiento y diálogo" entre el Estado y el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964."En este contexto, (la misión) alienta a las partes a no cesar en los esfuerzos para alcanzar (...) una paz completa" tras el acuerdo de 2016 con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó.El presidente Iván Duque rompió en 2019 los diálogos de paz que había iniciado el ELN con su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, luego de un ataque con coche bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.El 31º informe de la MAPP/OEA, que abarca el primer semestre de 2021, señala que "el ELN incrementó las acciones ilegales de control social y hechos de violencia en la región del Catatumbo y el departamento de Nariño", fronterizos con Venezuela y Ecuador, respectivamente.También destacó acciones del ELN en los departamentos de Antioquia, Arauca y Norte de Santander, estos dos últimos también limítrofes con Venezuela, donde de acuerdo con el gobierno de Duque se refugian grupos armados colombianos con el beneplácito de las autoridades venezolanas.El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 integrantes armados, según Indepaz, un centro de estudios independiente, y 5.000 entre miembros armados y milicias, según fuentes oficiales.Pero el ELN no es el único grupo armado ilegal que opera en Colombia, un país sacudido por un conflicto interno que por más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, grupos paramilitares, bandas criminales y agentes estatales."Persisten enormes desafíos"La MAPP/OEA dijo que "observó con preocupación" el "fortalecimiento" del ELN, así como de grupos disidentes de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en 1991, y de bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo y Los Caparros."Persisten enormes desafíos" por la pugna de estas organizaciones por controlar "corredores" para las rentas del tráfico de drogas, el contrabando y la extracción ilícita de yacimientos mineros, sostuvo.Además, dijo que la población civil sigue siendo víctima de hechos violentos perpetrados por los grupos armados ilegales, "ya sea por enfrentamientos entre ellos que generan desplazamientos forzados o confinamientos, o por acciones ligadas al interés de estos grupos por mantener su control territorial, económico y social".La MAPP/OEA subrayó que persiste el reclutamiento forzado de menores, y los casos de violencia contra las mujeres, como feminicidios, desapariciones forzadas, tortura, trata y persecución.También destacó que, aprovechando el duro impacto económico de la pandemia de covid-19, grupos armados ilegales financiaron en algunas zonas del país la producción de cultivos ilícitos. Esto lo hicieron, por ejemplo, el ELN en Norte de Santander y disidentes de las FARC en FARC en Nariño."Dicha estrategia ha implicado un mayor control social de los grupos armados ilegales sobre las comunidades", advirtió el informe.Los narcocultivos han alimentado desde hace décadas el conflicto armado en Colombia, principal productor de cocaína del mundo según la ONU.Por otra parte, la MAPP/OEA alertó sobre "amenazas" en Colombia para la participación ciudadana, llamando a las autoridades a reforzar las garantías electorales y de seguridad.El gobierno de Duque renovó en octubre hasta 2025 el mandato de la MAPP/OEA, creada en 2004 para monitorear y acompañar la implementación de la paz en Colombia.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
Un ataque contra una patrulla del Ejército con explosivos no convencionales causó muerte de un militar y heridas a otros dos en Arauca. El uniformado víctima de la acción terrorista fue identificado como Edilson Yovany Roncancio Carrillo. Los hechos se registraron en la madrugada de este jueves, en la vereda Las Guaduas, en el sector Matecacao del municipio de Fortul. De acuerdo con el Ejército, uno de los soldados heridos en el ataque terrorista se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, mientras que el otro está en el quirófano en cirugía para salvar su vida. El ataque es atribuido a la guerrilla del ELN. Este miércoles, el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un llamado a los actores armados en el departamento para que respeten la normas humanitarias y protejan a la población civil de las hostilidades."Hacemos un llamado a todos los actores armados para que respeten las normas humanitarias y tomen medidas de precaución para proteger a la población y bienes civiles de los efectos de las hostilidades", dijo el jefe de la oficina del CICR en Saravena, Arauca, Nicolas Ferminet. En Arauca y parte venezolana del otro lado de la frontera, comenzó a principios de año un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los frente Décimo y Veintiocho de las extintas Farc que ha escalado brutalmente y ya hay al menos 34 muertos, aunque organizaciones sociales hablan de 40.Desde entonces, las disidencias de las Farc han realizado varios atentados, entre ellos uno con carro bomba contra una sede de organismos de derechos humanos en Saravena que dejó un muerto el pasado 19 de enero y los grupos armados han seguido asesinando, secuestrando y han amenazado a líderes sociales y a la población.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
Ante la situación de orden público que se vive en Arauca por lo enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, delegados de la Iglesia catolica se reunieron con líderes sociales y habitantes del departamento para conocer sus preocupaciones y peticiones frente a esta situación que según la Defensoria del Pueblo, ya deja al menos 66 asesinatos y mas de 1.200 desplazados.Las comunidades le manifestaron a representantes de la Iglesia que el departamento está teniendo una alta militarización y que sienten miedo por los intereses que pueda haber en que esta guerra continúe.“Tienen temores de que el departamento de Arauca se esté convirtiendo en un laboratorio para el conflicto armado, tienen temores de que haya intereses de Colombia pero también del extranjero que quieran hacer de este lugar un lugar en el que se privilegie la confrontación Colombia- Venezuela”, aseguróel Padre Dario Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional.Este miércoles se denunció el secuestro de cinco trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, en el municipio de Arauquita, así como el asesinato del comerciante y líder social Helman Naranjo, quien fue secuestrado en Tame, Arauca, el pasado martes.
Los enfrentamientros entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, que se vienen registrando desde el 2 de enero de este año, suman un saldo de 66 homicidios, informó la Defensoria del Pueblo.Saravena ha sido el municipio más afectado con 34 asesinatos, seguido por Fortul (11), Arauquita (9), Arauca (5), Tame (4) y Cubará (3).Esta situación ha generado además el desplazamiento de 1.623 personas, entre desplazamientos masivos e individuales. Los excombatientes de las Farc también se han visto afectados pues 51 de ellos se han tenido que desplazar.“La Defensoría del Pueblo insiste en el llamado a mantener fuera de las confrontaciones a la población civil, en pro de la garantía de los derechos de las comunidades.Continúa el riesgo por el presunto reclutamiento forzado de menores de edad en Saravena y Arauquita por parte del ELN y las disidencias de las Farc”.Por otro lado se está presentando el confinamiento de 130 familias de la comunidad indígena Macaguán del resguardo el vígia en Arauquita. Y 319 familias indígenas están en riesgo de confinamiento.Los excombatientes de las Farc que se declararon en confinamiento son 186 y la Defensoria asegura que “todos los municipios de Arauca tienen advertencia de riesgo por actores armados. Debe primar en todo momento el bienestar de las comunidades, garantizándose la efectividad de sus derechos y su permanencia en los territorios”.Escuche las noticias del momento en BLU Radio, con la más completa información del Servicio Informativo:
Videos de cámaras de seguridad captaron imágenes del atentado contra el batallón # 15 Francisco de Paula Santander en Ocaña, Norte de Santander. Las explosiones sacudieron la guarnición hacia las 2:00 de la madrugada de este jueves. Los explosivos cayeron en el helipuerto y algunas casas fiscales. El soldado profesional Carlos Barrera Rojas presentó una herida en su hombro izquierdo, así como varias esquirlas. Mientras tanto, el uniformado David José Oliveros también presentó heridas en el rostro por esquirlas. En el ataque, además, resultaron tres civiles heridos, entre ellos una mujer embarazada que entró en contracciones tras el acto terrorista. Escuche este informe en Mañanas BLU:
La estrategia de "despedida de Duque", una arremetida de atentados que alertó la Policía Nacional, no sólo parece centrarse en ataques contra la Fuerza Pública. En medio de la ofensiva terrorista del ELN y del recrudecimiento de los choques contra las disidencias de las Farc comandadas por alias 'Gentil Duarte', el grupo guerrillera publicó en la redes de mensajería Telegram un video titulado "Mensaje de paz" de alias 'Fabián Martínez'.La publicación coincide este jueves 27 de enero con una larga lista de atentados terroristas en Norte de Santander, César y Antioquia, que dejan un saldo preliminar de un soldado muerto y 26 heridos. Llama la atención la producción del video que incluye imágenes en alta resolución de llanuras, selvas y hasta la Plaza de Bolívar en el 'corazón' de Bogotá donde se concentra el poder Judicial, Legislativo, la Alcaldía de Bogotá y a pocas cuadras de la Casa de Nariño.El video vallenato comienza con un 'cantante guerrillero' vestido con boina y uniforme muy similares a las de la Guardia Venezolana." Buscan a la guerrilla desarmar... Seguir callando al de pie...paz no es callar los fusiles para que los ricos sus bolsillos puedan llenar...", dice un aparte de la canción.Quizás lo más impactante de este video musical son los planos grabados por ciudadanos en la Plaza de Bolívar, con un trabajador de la construcción, un hombre y una mujer adultos mayores , un vendedor de flores y un habitante de calle.El pasado 7 de enero alias Gabino que se presume está en Cuba, también apareció desde un estudio de grabación cantando carranga con consignas de la guerrilla.Escuche el informe en Mañanas BLU: