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La decisión del presidente Gustavo Petro de poner fin al cese el fuego bilateral con el Clan del Golfo ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño abrió el debate sobre si el Gobierno nacional se equivocó o no al iniciar una negociación con este grupo ilegal - bajo estas condiciones -, y cuál debe ser el futuro de los diálogos y acercamientos con las disidencias de las Farc y bandas criminales con las que también se acordó un cese el fuego bilateral.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó como “un error” el hecho que el Gobierno nacional pactara un cese preliminar con el Clan del Golfo sin ningún tipo de protocolo o mecanismo de verificación y anotó que en el momento en que el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio - en el mes de diciembre del año pasado -, “estaba buscando más un golpe de opinión”.
“Estas decisiones que implican muchos acuerdos no se pueden tomar a la ligera ni se pueden tomar unilateralmente, porque un cese bilateral implicaba que ya hubiese una ley de sometimiento o un marco jurídico; implicaba que hubiera una mesa de negociación e implica unos protocolos y también se debía verificar este cese. Ninguna de esas condiciones existía”, expresó.
El analista expresó que el Gobierno nacional “debe sentar en una mesa a esas fuerzas ilegales presionando militarmente y concertando un marco jurídico en el Congreso para hablar con claridad y no por debajo de la mesa, para evitar que se usurpe el nombre del Gobierno”.
Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), manifestó que la suspensión del cese bilateral con el Clan del Golfo por parte del Gobierno es una rectificación al énfasis de los acercamientos con este grupo ilegal, para salvaguardar a la población civil.
Explicó que la situación por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño se precipitó por el modelo del presidente Petro de hacer por un lado un cese el fuego y de hostilidades y, por el otro, arreciar las acciones de destrucción de economía ilegal en medio del paro minero, lo que generó una movilización en la que se ha detectado la injerencia del Clan del Golfo.
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Agregó que ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, con la quema de vehículos, las afectaciones de acueductos, refleja una variación en el modelo de conversación con la mencionada organización ilegal, “lo cual no significa que no se siga hablando”.
“Van a seguir conversando los abogados, los voceros, el procedimiento de sujeción a la justicia y al mismo tiempo la acción del Estado contra las economías criminales y la protección a la población civil. Es cierto que en estos procesos se necesitan protocolos o mecanismos de verificación, pero eso es lo que se estaba construyendo”, dijo.
Puntualizó que lo ideal, no solo con el ELN, sino con el resto de estructuras criminales es buscar los caminos para el desescalamiento de las confrontaciones con otros grupos y cesar los ataques contra la población civil.
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