La fundación Paz y Reconciliación (Pares) encendió las alarmas sobre el riesgo que enfrenta el país de cara a las elecciones de 2026, en medio del avance de grupos armados y la reducción de la cooperación internacional para la observación electoral. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la subdirectora de la organización, Laura Bonilla, advirtió que el escenario actual combina un incremento sostenido de la violencia político-electoral, debilitamiento institucional y disputas territoriales que pueden afectar el ejercicio democrático.Bonilla recordó que este fenómeno no es nuevo: “Desde 2019 veníamos advirtiendo que la violencia político-electoral estaba al alza. En 2022 y 2023 también se registraron más eventos de lo habitual”, señaló, al subrayar que el país enfrenta hoy “unas elecciones muy mediadas por la acción de grupos violentos”.Pese a ello, la subdirectora descartó que exista posibilidad real de aplazamiento: “Elecciones vamos a tener. Colombia ha sabido votar incluso en sus peores momentos de violencia”, afirmó.Menos cooperación internacional y una vigilancia electoral debilitadaUno de los puntos más sensibles es la disminución de la cooperación internacional destinada a la observación electoral, un factor clave para la transparencia democrática. Bonilla explicó que incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) enfrenta limitaciones serias:“Podemos no tener la capacidad de hacer ese monitoreo en tiempo real que lograba la MOE con un despliegue impresionante”, advirtió.Según la subdirectora de Pares, esta reducción se debe a un desinterés global por la promoción de la democracia: “Hoy la democracia no está en el interés de los países desarrollados”, afirmó.Zonas críticas y presencia armada: preocupación por Cauca, Caquetá y GuaviareBonilla descartó que exista una correlación directa entre cultivos de coca y riesgo electoral, pero sí identificó regiones donde la presencia armada afecta el proceso democrático.“En Antioquia, sin cultivos ilícitos, hay un riesgo alto por el control territorial del Clan del Golfo”, explicó.Agregó que departamentos como Cauca, Caquetá y Guaviare enfrentan amenazas explícitas de las disidencias lideradas por Iván Mordisco: “Atacar las elecciones es una manera de mostrar fuerza; es un mango bajito para confrontar al Estado”, aseguró.Debate por los bombardeos y violación del DIHSobre los recientes bombardeos a campamentos de disidencias, Bonilla fue contundente:“El Derecho Internacional Humanitario se violó claramente”, afirmó, tras señalar inconsistencias en la versión oficial. Para ella, los resultados operativos no justifican la muerte de 15 menores reclutados forzosamente: “No obtuvieron una victoria contundente… no es un gran objetivo militar”.Por último, también cuestionó la efectividad de esta estrategia: “Los bombardeos no han mostrado ser eficaces. En el gobierno Duque las disidencias de Mordisco crecieron 150%”, recordó, insistiendo en que el país enfrenta un actor distinto a las antiguas Farc y requiere inteligencia más sofisticada.Vea el programa completo acá:
Un estallido de violencia es lo que ha dejado hasta el momento la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. A la mano tendida del gobierno, las disidencias de las Farc y el ELN han respondido con ataques terroristas que han expandido su dominio en el país y desatado una nueva ola de desplazamientos.Blu Radio constató la situación desde las regiones y evidenció que Colombia ha experimentado un notable retroceso en áreas clave como la seguridad, las condiciones humanitarias y la construcción de paz.A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la ausencia de resultados concretos ha generado un impacto negativo, especialmente en los territorios y comunidades que aún hoy permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad y bajo la influencia de actores armados.La falta de avances en estos frentes cruciales está perpetuando un ciclo de incertidumbre y violencia que sigue afectando a gran parte del país.En el departamento del Cauca, la desintegración de las disidencias de las Farc ha desatado una atomización de frentes guerrilleros, lo que se ha convertido en una verdadera 'guerra de narcos' donde los cabecillas se están matando entre ellos.Por su parte, el departamento de Caquetá está bajo la extorsión de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. Este grupo armado lleva una contabilidad detallada, conocen cuánto gana desde el lechero hasta el lanchero, y a todos les cobran. A esto se suma una guerra por el territorio con la Segunda Marquetalia.En Tolima, facciones de las disidencias de las Farc, provenientes de Huila, Cauca y Valle del Cauca, tienen sitiadas varias zonas rurales con patrullajes de hombres armados y redadas nocturnas, buscando reclutar a menores de edad para sus filas, niños y niñas que terminan siendo usados como escudos humanos.En Huila, la guerra entre disidencias de las Farc ha detonado una crisis humanitaria, y cientos de familias desplazadas por la violencia están llegando a Neiva. Ya son más de 340 las familias atendidas en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas.A esto se suma la campaña terrorista del ELN con atentados y ataques a la fuerza pública, buscando presionar al Gobierno para que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones.Desde que se levantó el cese al fuego, se han registrado 7 atentados, quema de vehículos y asesinatos en Norte de Santander, Arauca y Antioquia.En la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander, varias viviendas fueron vandalizadas con letreros alusivos al EPL. Este grupo, que ha tenido injerencia en esa zona de Norte de Santander, ha reaparecido con atentados y hechos que alteran el orden público.Santander y Magdalena medio se enfrentan a un ‘coctel criminal’, donde los ataques de guerrillas del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y bandas criminales han llevado a que los homicidios aumenten en la región, a tal punto que hay hospitales que se están quedando sin reservas de sangre porque los ataques violentos se presentan a diario.Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que en el país ha crecido la influencia territorial de los grupos armados, se mantienen los focos de disputa territorial, y se ha agudizado la confrontación entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la guerrilla del ELN.Según el reporte, con respecto al primer año, ha aumentado el desplazamiento forzado masivo (7 %), los confinamientos (71 %), los homicidios de líderes y lideresas (2 %), es el segundo año con más asesinatos desde 2015. El reclutamiento forzado se incrementó un 42 %. La reconfiguración de los grupos armados y la afectación humanitaria se presenta en zonas de disputa, en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño y algunas zonas de Antioquia.La situación más crítica se presenta en el norte del Cauca y el sur del Valle, así como en el Cañón del Micay.La suspensión del cese al fuego con los frentes de las disidencias que operan en Cauca, Valle y Nariño, y la salida del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) de la negociación, detonaron una ola de violencia que se suma a las que ya han vivido estas regiones desde la firma del acuerdo de 2016.La ofensiva militar también alteró el orden público debido a la reacción de las disidencias, que controlan la movilidad, especialmente en el Cauca.El departamento de Nariño ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia durante los dos primeros años de Petro, debido a las disputas territoriales entre grupos armados.En el segundo semestre de 2023 se registraron 39 desplazamientos forzados; fue el segundo semestre con mayor número de casos desde la firma del acuerdo de paz.
La decisión del presidente Gustavo Petro de poner fin al cese el fuego bilateral con el Clan del Golfo ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño abrió el debate sobre si el Gobierno nacional se equivocó o no al iniciar una negociación con este grupo ilegal - bajo estas condiciones -, y cuál debe ser el futuro de los diálogos y acercamientos con las disidencias de las Farc y bandas criminales con las que también se acordó un cese el fuego bilateral.León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó como “un error” el hecho que el Gobierno nacional pactara un cese preliminar con el Clan del Golfo sin ningún tipo de protocolo o mecanismo de verificación y anotó que en el momento en que el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio - en el mes de diciembre del año pasado -, “estaba buscando más un golpe de opinión”.“Estas decisiones que implican muchos acuerdos no se pueden tomar a la ligera ni se pueden tomar unilateralmente, porque un cese bilateral implicaba que ya hubiese una ley de sometimiento o un marco jurídico; implicaba que hubiera una mesa de negociación e implica unos protocolos y también se debía verificar este cese. Ninguna de esas condiciones existía”, expresó.El analista expresó que el Gobierno nacional “debe sentar en una mesa a esas fuerzas ilegales presionando militarmente y concertando un marco jurídico en el Congreso para hablar con claridad y no por debajo de la mesa, para evitar que se usurpe el nombre del Gobierno”.Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), manifestó que la suspensión del cese bilateral con el Clan del Golfo por parte del Gobierno es una rectificación al énfasis de los acercamientos con este grupo ilegal, para salvaguardar a la población civil.Explicó que la situación por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño se precipitó por el modelo del presidente Petro de hacer por un lado un cese el fuego y de hostilidades y, por el otro, arreciar las acciones de destrucción de economía ilegal en medio del paro minero, lo que generó una movilización en la que se ha detectado la injerencia del Clan del Golfo.Agregó que ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, con la quema de vehículos, las afectaciones de acueductos, refleja una variación en el modelo de conversación con la mencionada organización ilegal, “lo cual no significa que no se siga hablando”.“Van a seguir conversando los abogados, los voceros, el procedimiento de sujeción a la justicia y al mismo tiempo la acción del Estado contra las economías criminales y la protección a la población civil. Es cierto que en estos procesos se necesitan protocolos o mecanismos de verificación, pero eso es lo que se estaba construyendo”, dijo.Puntualizó que lo ideal, no solo con el ELN, sino con el resto de estructuras criminales es buscar los caminos para el desescalamiento de las confrontaciones con otros grupos y cesar los ataques contra la población civil.Le puede interesar:
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicó su último informe sobre violencia electoral en Colombia. El registro se hace desde el pasado 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, e irá hasta el 13 de mayo de 2022. Hasta el momento se han registrado 222 víctimas de violencia electoral en 179 hechos, lo que significa una víctima cada día de por medio."Los exalcaldes han sido especialmente victimizados en este periodo: se cuentan tres homicidios y un desplazamiento forzado causado, presuntamente, por el ELN. Como se había predicho, al acercarse las elecciones han aumentado notoriamente los hechos de violencia y, particularmente marzo, el mes de las elecciones de Congreso, se convirtió en el mes con mayor cantidad de hechos y víctimas reportado hasta el momento", se lee en el informe.De los 32 departamentos que tiene el país, en al menos 28 se han registrado hechos de violencia electoral, el 51 % del total de las víctimas se concentran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, La Guajira y Cauca. Según Esteban Salazar, coordinador de Democracia en Pares, "los perfiles más victimizados han sido funcionarios públicos de cargos de elección popular, dentro de los cuales hay concejales, alcaldes, diputados, senadores y gobernadores”.En la mayoría de los casos todavía no se ha podido esclarecer el grupo o estructura armada responsable de los hechos de violencia, pero en el 32 % de ellos se pudo identificar que los principales perpetradores fueron las disidencias de las Farc, seguido por grupos paramilitares, ELN y la autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas (FARM), que opera principalmente en Chocó.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Colombia vivió una jornada de intensificación del conflicto armado con el ELN, el cual anunció un paro armado desde el 23 hasta el 26 de febrero, como método de protesta contra el Gobierno del Iván Duque, lo cual terminó costándole a la población civil, ya que artefactos explosivos y camiones incinerados fueron las herramientas que utilizó el grupo guerrillero.En Sala de Prensa BLU, conversamos con Diego Alejandro Restrepo, investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien analizó el actuar del grupo armado y la intención de este con su actuar.El investigador Retrepo señaló que en el marco del paro armado, se realizaron actividades que alteraron el orden público en 10 departamentos, que dejaron 7 personas heridas y un perro antiexplosivos muerto.Además de su rechazo al Gobierno de Duque, los ataques registrados serían una muestra de fuerza por parte del grupo guerrillero, los cuales querrían desestabilizar al país previo a las elecciones."También muestra que quiere hacer daño y que sigue en armas y que lamentablemente puede desestabilizar al país y a la institucionalidad como ya lo hizo, entonces es una muestra de ese poder previo a las elecciones", declaró el investigador de Pares.Ante esto, explica que ni tanto el grupo armado, ni el Gobierno Nacional, han dejado ver alguna intención de llegar a diálogos para buscar la paz.Escuche la entrevista completa de Sala de Prensa BLU:
Este 27 de diciembre se presentaron 10 atentados terroristas en diferentes puntos del territorio nacional sobre horas de la madrugada, ataques se atribuyó el ELN. Situación que incrementó el debate por la posibilidad de empezar diálogos con el grupo armado o si definitivamente, ante sus actos, es necesario un despliegue bélico para someter al grupo armado.En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, se habló con el alto comisionado para la paz Juan Camilo Restrepo Gómez, quien señaló de manera reiterada que el actuar del ELN es similar a un cartel de la droga, pues sus actividades están basadas en actos terroristas, narcotráfico, reclutamiento de menores y secuestros.Por este motivo, desde el Gobierno se ha tomado la decisión que mientras se recurran a estas prácticas, no cabe posibilidad de un diálogo con el ELN."Nosotros hemos tenido toda la intención, pero hemos dicho claramente (...) que cuando cesen la actividad del secuestro, cesen la actividad de instalar minas antipersonal, cuando dejen de reclutar a menores, estamos listos para recorrer el camino que corresponde", expresó el alto comisionado.Situación que pareciera estar lejana teniendo en cuenta que al Gobierno del presidente Iván Duque le quedan siete meses, sin embargo, el alto comisionado señala que si hay voluntad por parte del grupo armado ilegal, dicho tiempo sería más que suficiente.Por otra parte, el funcionario señaló que las únicas opciones que actualmente tienen los militantes del ELN es la desmovilización voluntaria, terminar capturados o dados de baja.Frente a esta situación el asesor en temas de conflicto para la fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, se refirió a la responsabilidad del Gobierno para solucionar problemas, sobre todo en situaciones como las que enfrenta el país en la que el ELN hace presencia en más de 160 municipios."Este es un problema que hay que resolver, pero este Gobierno se va a ir sin resolverlo", declaró el asesor Celis, quien agregó que la actual, será una administración más que no logró concertar nada con el grupo.Su posición es clara, sí se debe sentarse a negociar, porque si se espera a que se generen las condiciones, como lo hizo el Gobierno actual, pasarán cuatro años más y no se llegará a nada.Una posición más híbrida es la del exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien cree que el diálogo con el ELN es más que necesario, sin tener que dejar de lado la firmeza que un estado debe mantener.El exministro Restrepo citó al exprimer ministro de Israel, Isaac Rabin, quien decía que a los grupos terroristas hay que hacerles la guerra como si no se estuviera dialogando y dialogar como si no se estuviese haciendo la guerra."Al ELN hay que combatirlo con todas las fuerzas, tanto más ahora que está haciendo una embestida (...) pero eso no quiere decir que mientras tanto, usted no puede ocultar como Gobierno las posibilidades de entablar un diálogo de paz", dijo el exministro Restrepo.Escuche la conversación completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Tras dos días de inconvenientes técnicos, este miércoles, finalmente, miles de ciudadanos que esperaban adelantar el trámite de inscripción de cédulas de forma virtual lograron acceder a la plataforma y completar el proceso; sin embargo, hubo un cambio: el sistema ya no pide la autenticación biométrica.En diálogo con BLU Radio, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, explicó días atrás que ese paso era importante “para garantizar que el titular del documento de identidad sea el que esté realizando el trámite”.Sin embargo, debido a las fallas presentadas, dicha autenticación ya no es requisito, lo cual, para Esteban Salazar, coordinador de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), “significa que hoy la Registraduría está cometiendo una posible ilegalidad, en el hecho de que no se da el proceso correcto de verificación de la persona que se está inscribiendo dentro de su cédula, lo que puede llevar seguramente a una suplantación”.Además, Salazar señaló que la legislación actual sólo permite el trámite de inscripción presencial, pues las disposiciones sobre el proceso digital están contenidas en el nuevo Código Electoral, que está aún en revisión de la Corte Constitucional.Los problemas con la inscripción en zonas ruralesDesde Pares también advirtieron que en las poblaciones apartadas y zonas rurales el mecanismo digital no es viable, debido a la falta de conectividad y la imposibilidad de acceder a dispositivos que cumplan con los requerimientos técnicos para el proceso.“Es una medida inequitativa que desconoce los problemas de acceso a internet en sectores rurales. Incluso, si se habilitara el proceso de biometría dentro de la inscripción de las cédulas, se identifica que no hay dispositivos de alta gama que permitan hacer una biometría correcta o un cotejo por medio de los pixeles de las personas que están presentando su foto o su cédula”, indicó Salazar.Finalmente, el coordinador de Paz y Reconciliación manifestó que “de acuerdo con entrevistas realizadas a funcionarios a nivel local en diversas zonas del país, el registrador no garantizó los recursos necesarios para poder enviar a los registradores delegados a que se hicieran las inscripciones de forma manual, como lo establece el Código Electoral vigente”.
Cuando faltan poco menos de dos semanas para la jornada electoral en Colombia, el panorama en materia de violencia se agudiza cada vez más. BLU Radio conoció en primicia el cuarto informe que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) entrega, denominado Informe de Violencia y Dinámica Electoral.Pues las cifras son escalofriantes. En 349 días, el informe de Pares contabiliza 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es alarmante. Tanto como que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada día y medio.Vea también: Por violencia y fraude hay 152 municipios en riesgo electoral: MOE La investigación arrojó que el 45,65 % (105) de los casos ocurrieron luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. “En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados. Parece claro que, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral”, cita el informe. El panorama, dividido por regiones, muestra la grave situación en el territorio nacional, de la siguiente manera.Son 10 los departamentos más afectados por la violencia electoral según la fundación Pares:En primer lugar, Valle del Cauca presenta una cifra de más de 25 víctimas. Luego aparecen Guajira (21), Tolima (18), Antioquia (17), Cauca (16), Bogotá (13), Santander (11), Cesar (11), Córdoba (11) y Nariño (10)Sobre los tipos de hechos que más afectan, advierte el informe, están:Las amenazas: En este caso, presentes en 27 de los 28 departamentos donde se han presentado hechos de violencia electoral. Y sobre regiones, los tres departamentos con mayor cantidad de amenazas son la Guajira (19), Tolima (18) y Valle del Cauca (17).Conozca más: Van 173 víctimas de violencia política en 10 meses en Colombia: Paz y Reconciliación El segundo tipo de hecho de violencia electoral son los atentados, que han ocurrido en 15 departamentos. Los tres más afectados por este tipo de hecho son Santander (4), Cauca (3) y Norte de Santander (3).¿Quiénes son las victimas?Desde el 27 de octubre, señala la fundación Pares, 103 candidatos y 19 precandidatos han sido víctimas de violencia electoral (53 % de todas las registradas).“Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política”.¿Víctimas son de izquierda o de derecha?Pues el informe de Pares arroja algo que llama profundamente la atención.Los hechos de violencia electoral en el caso de los partidos de gobierno suman 22. En el caso de los partidos de oposición, son 22 también. Y en el caso de partidos independientes son 17. Esto muestra que en Colombia las amenazas y hechos violentos no son necesariamente un asunto en el que son víctimas los candidatos de derecha o izquierda, sino de todas las corrientes políticas casi por igual.En contexto: Este es el plan para frenar la violencia electoral durante los comicios de 2019 En un 24 % de los casos la alineación política de las víctimas se desconoce, debido a que no es posible determinar una filiación a partir de los perfiles. La mayoría de las personas sin alineación política identificada son: funcionarios públicos (20), candidatos (16) y precandidatos (9).¿Quiénes son los perpetradores?Agente desconocido: número de víctimas 165 en la mayor parte del territorio nacional. Por ejemplo: Valle del Cauca con 20, Antioquia con 16 y Guajira 16.Águilas Negras: número de víctimas 33, de las cuales solo en Bogotá son 6. Y en otras regiones como Córdoba 2 víctimas.Vea también: Violencia electoral sigue en aumento en el país: van 317 ataques Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Número de víctimas 7, siendo Guajira, Tolima y Valle del Cauca las regiones predominantes.Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada: Número de víctimas 1 en Bolívar.Grupo Armado Post Farc: 8 víctimas en departamentos como Cauca 3 víctimas, Córdoba 3 víctimas; finalmente Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del Cauca cada uno con una víctima.ELN: 7 víctimas en departamentos como Cesar con 5 víctimas, y en otros departamentos como Chocó y Arauca cada uno con 1 víctima.
Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, le contó a BLU Radio la preocupación que tienen tras la aparición de carteles mexicanos que están causando zozobra en el Pacífico colombiano.Ávila afirma que hay “enlaces” de los carteles de Sinaloa y Jalisco haciendo parte de los grupos criminales que ahora azotan las costas del suroccidente del país.Además, confirmó la versión de la Defensoría del Pueblo al indicar que hay 17 nuevas estructuras criminales buscando el control de las rutas del narcotráfico.“En todo el Pacífico hay 17 estructuras criminales, de esas 17 hay dos que tendrían relación directa con los mexicanos”, dijo Ávila.Le puede interesar: Defensoría del Pueblo confirma presencia de carteles mexicanos en el Pacífico “Hay una que se hace llamar los mexicanos, pero que está compuesta por colombianos y que estarían ‘franquiciando’ las playas de Guapi para que los narcos puedan sacar la droga por ahí”, agregó.A su vez, precisó que no es cierto que haya un ejército de mexicanos en el país, y que se trataría de personas que llegan con escoltas para coordinar sus operaciones en el Pacífico.“A ellos solo les interesa el tema del narcotráfico, no les interesa meterse en más negocios, tampoco quieren hacerse visibles”, afirmó.Entérese también: Carteles mexicanos estarían disputándose el control de la droga en el Valle del Cauca “Nosotros recibimos amenazas por parte de ellos hace unos meses donde nos decían que ellos con nosotros no se metían, así que esperaban que dejáramos hablar de ellos”, agregó Ávila.No obstante, politólogo e investigador colombiano, reveló detalles de lo que sería una práctica aterradora que esos carteles han comenzado a impartir en el país relacionada con la decapitación de personas.Cabe resaltar que en el Valle del Cauca dicha práctica se ha registrado en sectores como el distrito de Buenaventura y Tuluá donde no se descarta que se hayan realizado por orden de estos capos mexicanos. Lea también: Encuentran dos cabezas humanas en pleno casco urbano de Tuluá “Hay prácticas típicas de ellos que se están dando en Colombia, como la cortada de cabezas, por ejemplo, y que son muy mexicanas”, indicó el politólogo.“En Colombia hay bala, también se descuartiza, pero el tema de cortar cabezas es nuevo y se ha hecho más fuerte desde hace cuatro meses”, agregó.Finalmente, Ávila precisó que estos carteles hacen presencia en la costa pacífica nariñense, caucana, antioqueña y vallecaucana, especialmente en el sector de El Naya donde estarían subcontratando a bandas colombianas para sacar los cargamentos de droga hacia el extranjero.
"Le pedimos al gobierno que piense en el día 181, ya están corriendo los 180 días. Le pedimos que no sea la misma improvisación, dónde van a vivir los guerrilleros, la plata para los proyectos productivos, las fincas, los que van a venir a hacer política en Bogotá en dónde van a vivir", se cuestionó el subdirector del organismo, Ariel Ávila. Según León Ávila, hubo el tiempo necesario para garantizar las vías de comunicación y la infraestructura necesaria para que las Farc se desmovilicen. Además, la fundación denunció que al Clan del Golfo lo están contratando para asesinar a líderes sociales, lo cual considera que no es un tema aislado al proceso de paz."Estos son herederos de los paramilitares, tienen connotación política y por eso atacan a los líderes sociales. Atacan sobre todo un orden nuevo o una búsqueda de cambio en esas regiones porque quieren mantener el statu quo que construyeron durante muchos años de guerra, apoderándose de las tierras y de los gobiernos locales", explicó el director León Valencia.Le hicieron un llamado a la Fiscalía a concentrar su accionar en estas organizaciones dando con la captura de sus integrantes.
El Instituto Nacional de Salud, INS, confirmó que Colombia no produce actualmente el suero anti-arácnido necesario para tratar mordeduras de arañas altamente venenosas como la viuda negra, razón por la cual fue necesario importar desde México un antídoto especial para salvarle la vida a un joven en Santander.La directora del INS, Diana Marcela Pava, explicó que ante este tipo de emergencias toxicológicas el país activa mecanismos de cooperación internacional a través de la línea de asesoría toxicológica del Ministerio de Salud y los centros nacionales de enlace.Según la funcionaria, el suero antiharándido para tratar ataques de arañas del género Latrodectus, conocidas como viuda negra, hace parte del listado de medicamentos vitales no disponibles del Invima, lo que significa que actualmente no se produce ni se encuentra disponible de manera inmediata en Colombia.Pava señaló que aunque en años anteriores sí hubo disponibilidad de este antiveneno en el país, actualmente no existe un proveedor autorizado con permiso vigente para comercializarlo, situación que obligó a gestionar su importación desde México para atender el caso registrado en Santander.La directora del INS indicó además que en departamentos como Santander ya existen antecedentes de contacto con arañas de importancia médica, entre ellas la viuda negra y la denominada araña platanera o Phoneutria, por lo que advirtió sobre la importancia de estar preparados frente a este tipo de emergencias.El INS aclaró que Colombia sí produce otros antivenenos para tratar mordeduras de serpientes, coral y accidentes con orugas del género Lonomia. En el caso del suero para escorpiones, este también es importado mediante proveedores autorizados.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país, son un "ataque a la democracia", al justificar la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García."El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.Paz apuntó que la embajadora colombiana "se va" por ser "representante de la voluntad política" y "antidemocrática" de Petro y porque Bolivia no puede aceptar "tremenda injerencia".El mandatario recordó que su gobierno no hizo más que hablar de Colombia "en muy buenos términos" y que "nunca" lo hizo de la forma en que actuó el presidente colombiano.La Cancillería de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia debido a las declaraciones de Petro respecto a los conflictos en Bolivia, lo que fue considerado por las autoridades bolivianas como "una injerencia", aunque se aclaró que la decisión no constituye una "ruptura de relaciones".El presidente Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz.Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.Este miércoles, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su respaldo al gobierno boliviano y afirmó que el país norteamericano no permitirá "que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente".El gobierno de Paz afirmó hace unos días que las protestas que exigen la renuncia del mandatario son dirigidas por el expresidente Morales (2006-2019) y financiadas supuestamente con dinero del "narcotráfico", con el objetivo de generar una "ruptura constitucional", algo que el político negó.La Paz, sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustibles e insumos médicos, como oxígeno medicinal.
El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla cuestionó a un periodista deportivo del país al asegurar que “cree que porque ha visto 10 mundiales, sabe más que los jugadores”, en medio del debate por una eventual convocatoria de Hugo Rodallega a la Selección Colombia para el Mundial 2026.Las declaraciones del ‘Tino’ se dieron durante una intervención en Blog Deportivo, de Blu Radio, donde criticó a un comunicador que, según dijo, considera que ver torneos internacionales le da más autoridad para hablar de fútbol que a quienes disputaron esos campeonatos dentro de la cancha.“Hay un periodista aquí en Colombia, no trabaja en Blu, un periodista que trabaja para otra cadena, que cree que porque ha visto 10 mundiales, él cree que es lo mismo verlos que jugarlos. Y jura que sabe más fútbol que los futbolistas que los jugaron, solamente porque los vio. No puede ser”, afirmó Asprilla durante el programa.Periodista pide a Rodallega para el mundial con la SelecciónLa reacción del exdelantero surgió luego de los comentarios realizados por el periodista Óscar Rentería Jiménez, quien pidió públicamente que Néstor Lorenzo convoque a Rodallega a la próxima cita mundialista tras su destacada temporada con Independiente Santa Fe.“Rodallega a la selección. Le pido el favor a Jesurún que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial”, escribió Rentería en su cuenta de X, después de que el delantero marcara tres goles en el partido de ida de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.El comunicador también defendió que la edad del atacante, actualmente de 40 años, no debería ser un impedimento para regresar a la Tricolor. Además, resaltó que Rodallega es el goleador del campeonato colombiano y supera los 300 goles como profesional, tras sus pasos por ligas como la inglesa y la turca.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 20 de mayo de 2026:Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado por la Policía en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza.El senador Alexander López criticó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el intento de secuestro del que fue víctima en la tarde de este martes en la vía entre Popayán y Cali.La Misión de Observación Electoral aseguró que ninguna organización política presentó reparos frente a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.Escuche el programa completo aquí: