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Tras el cierre del sexto ciclo de diálogos de paz y el último del año 2025, integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometieron a respetar la vida de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a no adelantar ningún tipo de proselitismo armado en los territorios en que tiene presencia, y mantendrá su neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales.
Blu Radio logró establecer que la Coordinadora Ejército Bolivariano se comprometiò a entregar 5.5 toneladas más de material de guerra para su destrucción y aumentó a 200 los hombres que llegarán a las zonas de ubicación temporal, 100 en Nariño y otros cien en Putumayo.
Las delegaciones, luego de escuchar las preocupaciones de varios candidatos a las curules de paz, suscribieron un acta que fue leída públicamente en un acto multitudinario a donde asistieron más de 5.000 personas que llegaron de los municipios de Roberto, Magüí Payán y Barbacoas en la subregión del Telembí.
Los delegados de Gobierno y el grupo ilegal ratificaron que esta mesa de negociaciones no tiene ni puede tener fines partidistas ni electorales, ni respaldar una determinada candidatura en los próximos debates, pues la construcción de la paz es un derecho y un deber que nos compromete a todas y todos por igual.
Walter Mendoza, jefe de la delegación de paz de ese grupo ilegal, manifestó a Blu Radio que respetarán la integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional, jurados de mesa, testigos electorales e integrantes de las comisiones escrutadoras.
El documento dice, además, que ante los procesos electorales del 2026 para elegir Congreso y presidente de la República, y con el fin de contribuir al pluralismo y a la formación de la voluntad popular mediante el voto libre, hemos acordado las siguientes acciones:
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El grupo ilegal señaló también que no obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios en donde tenga influencia armada.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, aseguró que se pudo constatar que muchos de los habitantes en las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional EB no tienen documento de identidad y que esa circunstancia impide acceder a los derechos de ciudadanía, no permite ejercer, si así lo desean, el derecho al voto, y limita el acceso a derechos de prestación, subsidios y auxilios de distinto tipo.
Novoa, jefe negociador, insistió en que, dado que la transformación de los territorios y la superación de las economías ilícitas implica crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, la delegación del Gobierno nacional adelantará las gestiones necesarias ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que inicie una campaña de expedición de documentos de identidad y, en particular, de las cédulas de ciudadanía a los habitantes de: Tumaco - zona rural, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Chajal, Las Mercedes - Chimbuza, La Tola, Olaya Herrera, Magüí Payán y Barbacoas.
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En cuanto al departamento de Putumayo, esta campaña se adelantará en los municipios de Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Puerto Leguízamo.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informará a los habitantes de dichos municipios las fechas en que adelantará la actividad de cedulación. Esta acción tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 66 del Código Electoral.
En todo caso, se tendrá presente la disponibilidad administrativa y presupuestal de la Registraduría para adelantar los procesos de cedulación mencionados.
A través de la Consejería Comisionada de Paz, la delegación del Gobierno adelantará las gestiones que estén a su alcance para apoyar la actividad de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Una vez finalizada la campaña, la delegación del Gobierno, a través de la Consejería Comisionada de Paz, solicitará a la Registraduría Nacional del Estado Civil un reporte de los resultados de la campaña de cedulación e informará oportunamente al Consejo Nacional Electoral y a las comisiones de garantías electorales nacional y departamentales, a los órganos de control y a la Defensoría del Pueblo, el contenido del presente acuerdo para que, si lo consideran procedente, adopten las medidas necesarias para el seguimiento de lo aquí establecido.
La delegación del Gobierno recomendará a las comisiones de seguimiento y garantías electorales que, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se deban trasladar mesas de votación, se deberán acreditar tales condiciones ante las propias mesas y el traslado se realizará al puesto de votación más cercano, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral.
Asimismo, solicitará al Consejo Nacional Electoral que expida una resolución que reglamente el traslado de las mesas de votación cuando sea necesario.
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La delegación del Gobierno solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento necesario para asegurar el cumplimiento de las garantías electorales en los municipios antes mencionados, en los términos establecidos en la Constitución y las leyes.
Igualmente, se informará sobre el contenido de este acuerdo a los representantes legales de los partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos inscritos para las circunscripciones transitorias especiales de paz con cobertura en los departamentos de Nariño y Putumayo.
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