“Hoy se va a limpiar el buen nombre de mi esposo”: peticiones de las víctimas en la JEP

Casi veinte años después de que sus hijos, esposos y hermanos desaparecieran y fueran presentados como guerrilleros muertos en combate, sus familias se sentaron frente a quienes comandaban las unidades militares señaladas por esos crímenes. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad de la JEP realizada en Barranquilla, comparecieron diez militares.

Entre ellos los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, además de antiguos comandantes y oficiales vinculados a unidades que operaron en Cesar y La Guajira durante los años en que ocurrieron los hechos

La investigación de la jurisdicción documentó al menos 604 víctimas en siete departamentos de la región Caribe, aunque las indagaciones abarcan cerca de 750 casos ocurridos entre 2002 y 2008.

Entre las víctimas hubo campesinos, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares, pero también 26 menores de edad, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.

Gran parte de los hechos investigados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Décima Brigada Blindada y de unidades como el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar.

El magistrado Óscar Parra explicó que la investigación se ha concentrado en al menos 19 unidades tácticas y en la forma en que se consolidó un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos para aumentar resultados operacionales.

“No son manzanas podridas, fueron crímenes cometidos en el marco de políticas de ataque masivo y sistemático contra la población civil”, aseguró.

La audiencia también fue el escenario donde las familias volvieron a ponerles nombre y rostro a las víctimas.

“Hoy, después de 20 años se cumple algo muy importante, tanto como para mí, como mujer, como esposa, como madre de 3 hijos que dejó. También se cumple un momento que yo he anhelado y la lucha de 20 años todo este tiempo, de que hoy se va a esclarecer, y ellos le van a decir públicamente que mi esposo no era un guerrillero. Hoy se va a limpiar el buen nombre de Walbert, excelente padre, excelente ser humano, excelente hijo”, dijo Gilma Mesa, esposa de una de las víctimas.

Foto: Procuraduría General de la Nación.

La audiencia también estuvo marcada por cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que después de años de comparecencias y encuentros restaurativos aún no han recibido la verdad que esperaban.

Marta Elena Díaz Ospina, madre de Douglas Alberto Tavera, asesinado en 2006 y presentado como baja en combate, expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el proceso.

“Pensamos que íbamos a encontrar verdad, pero aquí no hemos encontrado verdad. Sentimos que ha sido otra burla más”, afirmó la mujer, quien insistió en que su principal exigencia sigue siendo conocer en detalle qué ocurrió con su hijo y escuchar de los comparecientes una explicación completa sobre los hechos.

Díaz Ospina también cuestionó el papel que han tenido las víctimas dentro del proceso y aseguró que, pese a que el acuerdo de paz las ubica en el centro del sistema, muchas veces sienten que no han sido escuchadas.

Mientras tanto, Yoleides Johanna Montaño pidió a los comparecientes reconocer públicamente que las víctimas fueron escogidas precisamente por su vulnerabilidad

"Que reconozcan que aprovecharon esas condiciones: la pobreza y la humildad. Ustedes pudieron tomar decisiones diferentes, pero, por el contrario, decidieron que nosotras cargáramos con ese peso. Hoy, queremos que públicamente reconozcan su responsabilidad, porque lo mejor que pueden hacer con la no repetición de estos hechos es dar ejemplo. Que la verdad que hoy se aporta permita sanar, recuperar restos, devolver identidades y cerrar heridas que llevan años abiertas", expresó Montaño.

Frente a ellas, algunos de los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y en las dinámicas que permitieron la continuidad de los crímenes.

“Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve y los controles insuficientes que permití contribuyeron esencialmente a que esta práctica criminal continuara”, afirmó el general en retiro Adolfo León Hernández.

Por su parte, el coronel en retiro Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que durante su comandancia del Grupo Rondón en 2008 la mayoría de las operaciones terminaron convirtiéndose en ejecuciones extrajudiciales.

“Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores, como la brigada, la división y, en algunos casos, la Inspección del Ejército o el mismo Comando del Ejército”, señaló el exoficial, quien describió un sistema permanente de exigencia de resultados operacionales por parte de los distintos niveles de mando del Ejército.