“Petro está poniendo a prueba nuestras instituciones”: Gabriel Vallejo, director Centro Democrático

En medio de una creciente tensión política, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, advirtió que el presidente Gustavo Petro está llevando al país a una situación institucional sin precedentes. En entrevista con Blu Radio, Vallejo calificó como un posible “golpe de Estado” la intención del mandatario de expedir un decreto para convocar una consulta popular, sin el respaldo del Legislativo.“Estamos ante una tensión institucional, en mi opinión, sin precedentes en la historia reciente de Colombia”, aseguró Vallejo.La afirmación del dirigente uribista se produce luego de que el presidente Petro anunciara públicamente su intención de avanzar en un mecanismo de participación ciudadana para legitimar su agenda de reformas sociales, a pesar de los obstáculos políticos que ha enfrentado en el Congreso.Desde el Centro Democrático, la interpretación es contundente: el Gobierno está intentando eludir los canales democráticos tradicionales. Según Vallejo, esta no es una acción aislada, sino parte de un patrón de conducta del Ejecutivo.“Aquí lo que vemos es una permanente provocación del presidente Petro hacia las instituciones”, manifestó el director del partido de oposición.El Centro Democrático, junto con otros sectores políticos, emitió un comunicado durante la madrugada en el que expresó su preocupación por lo que consideran una amenaza directa al orden constitucional. En palabras de Vallejo: “Nuestras instituciones democráticas, las que hemos construido por 200 años, están siendo puestas a prueba por un gobierno que le gusta ponerlas a prueba”.¿Golpe de Estado jurídico?Uno de los puntos más delicados señalados por Vallejo es que, si el presidente llega a firmar el decreto de convocatoria a consulta sin cumplir los procedimientos legales y constitucionales, se configuraría un quiebre institucional.“El país debe entender que esto podría significar un golpe de Estado en caso de consumarse la expedición del decreto”, advirtió.La oposición considera que una acción de este tipo vulneraría principios básicos de legalidad, ya que cualquier consulta ciudadana debe contar con el aval previo del Congreso y superar los filtros de la Corte Constitucional. El artículo 241 de la Constitución establece que este tribunal tiene la función de realizar el control de constitucionalidad sobre este tipo de actos.Choque de trenes entre altas cortesUn punto crítico identificado por Vallejo es el posible enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en caso de que ambas entidades reclamen competencia sobre la legalidad del decreto.“Se puede llegar a presentar un choque de trenes entre las altas cortes”, indicó Vallejo, al señalar que el Consejo de Estado también tiene competencias para conocer de nulidades electorales y actos administrativos.Este escenario refuerza la incertidumbre jurídica y política que se vive en el país, justo cuando se avecinan nuevas jornadas de protestas y se incrementa la polarización ideológica.Acciones legales en marchaEl Centro Democrático anunció que tomará acciones judiciales en caso de que el decreto sea firmado. Aunque algunos congresistas ya han anunciado demandas individuales, Vallejo confirmó que el partido también radicará una demanda colectiva.“El partido seguramente también radicará una demanda y la corte correspondiente deberá acumularlas para decidir sobre la posible nulidad o inconstitucionalidad del decreto”, afirmó.La experiencia reciente refuerza este camino legal: el Centro Democrático ya radicó la semana pasada una demanda de nulidad frente al decreto de retención de jóvenes en el servicio militar, lo que indica que la colectividad está preparada para enfrentar al gobierno en los estrados judiciales.¿Qué está en juego?La estrategia del presidente Petro de avanzar mediante una consulta popular ocurre tras varios intentos fallidos de aprobar sus reformas sociales en el Congreso. A esto se suma una creciente confrontación entre el Ejecutivo y los órganos de control y fiscalización.Para algunos sectores, esta consulta se presenta como un mecanismo legítimo de democracia participativa. Para otros, como el Centro Democrático, representa un salto al vacío que podría desestabilizar las bases institucionales del país.En este escenario, las palabras de Gabriel Vallejo resumen el sentir de la oposición: “Confío plenamente en la justicia, en la Registraduría y en el Congreso. Ellos serán quienes decidan sobre la evidente y clara inconstitucionalidad del decreto”.