Luego de la arremetida de Sergio Fajardocontra el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, a quien calificó de “ficha política” del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y del expresidente César Gaviria, el funcionario quiso dejar en claro su independencia y la del organismo.
“Puede haber gente de todas partes del país y en el mundo que no le guste la función de vigilancia y control. Sin embargo, esa es la función de la Contraloría General. Felipe Córdoba no es la Contraloría General de la República, hay más de 6.000 funcionarios que hacen su tarea”, aseveró durante la instalación de la Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Contraloría cumple su función constitucional para la cual fue creada hace 98 años, y en ese sentido seguirá haciéndolo como tal. Es una entidad con una tradición de casi 100 años, técnica y con funcionarios de gran experiencia e idoneidad
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Sin referirse de manera directa a Fajardo, en otro de los apartes de su discurso el contralor señaló que “hay gente que piensa que el país es de ellos y los demás vivimos en arriendo”. Córdoba insistió en que “así como ellos son ciudadanos colombianos, yo también lo soy”.
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Además, aseguró que en Colombia hay “permanentes presiones” contra la entidad porque hay grupos de poder que se ven afectados por las decisiones proferidas por la Contraloría.
“Sabemos que nuestra función no es del agrado de quienes actúan trasgrediendo las leyes con el objetivo de apropiarse de los recursos de los colombianos”.
El pasado 26 de noviembre, la Contraloría General confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas por afectaciones al patrimonio nacional con las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y, por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto.
Una de las vías que ya activó Fajardo es la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicada el pasado 22 de octubre, con el argumento de que el contralor Córdoba prejuzgó en su caso y lo que busca es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos proteja su aspiración presidencial, considerando que una decisión administrativa no puede quitarle su derecho a ser elegido.
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Según el documento radicado ante la CIDH, conocido por BLU Radio, Fajardo y su abogado, Mauricio Pava, consideran que la actuación del contralor pretende que no se aplique la Convención Americana “que impide que él como autoridad administrativa inhabilite derechos políticos”.
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