Procurador pierde nueva batalla en el Consejo de Estado

Mediante escrito radicado el 7 de julio del año en curso en la Secretaría General de esta Corporación, el apoderado judicial del procurador Ordóñez, solicitó la nulidad del auto del 30 de junio de 2016, por medio del cual se rechazó de plano la recusación interpuesta. Como causal de nulidad invocó la consagrada en el numeral 1º del artículo 133 del Código General del Proceso, en virtud de la cual, el proceso es nulo en todo o en parte solamente “Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Para resolver la solicitud se dará aplicación a la regulación contenida en el Código General del Proceso, en virtud del principio de integración normativa consagrado en los artículos 284, 207 y 306 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia el despacho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130 del Código General del Proceso, en concordancia con el inciso final del 135 ejusdem rechazará de plano la nulidad interpuesta, en consideración a que la causal invocada (Artículo. 133 num. 1º) no se configura, toda vez que en el sub examine la suscrita no ha declarado, en el auto de 30 de junio de 2016 ni en ninguna otra actuación, la falta de jurisdicción o de competencia. Lo anterior, en consideración a que sólo es posible sustentar la solicitud de nulidad cuando se presenta alguna de las causales taxativas y de interpretación restrictiva previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, ello por disponerlo así el inciso final del artículo 135 del Código General del Proceso. Así también lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política hace tránsito a cosa juzgada constitucional, es de obligatorio cumplimiento y produce efectos erga omnes. En la referida sentencia la Corte precisó que la finalidad de la restricción obedece a la presunción de validez de las actuaciones procesales y a que “De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas”.