La Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales - DNIE, abrió tres investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por presuntos casos de corrupción e irregularidades denunciados por el director, Augusto Rodríguez Ballesteros, y por los medios de comunicación.
Por designación especial de la Procuradora se inició una indagación de oficio de forma inmediata al conocerse los hechos y practicó inspección disciplinaria en la sede de la UNP, donde un equipo técnico y jurídico ha reunido pruebas y documentación necesaria que permitió individualizar a los presuntos autores y esclarecer los hechos
Falsos Blindajes
Se estableció que la denuncia realizada por el director de la UNP tiene que ver con cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018, que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos, pero al pasar un año, se encontró que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos, como el número de capas, el material de protección balística, blindados solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.
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Por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en la supervisión técnica y verificación de los tipos de blindajes, se abrió investigación contra el entonces subdirector de Protección, Ronald Rodríguez Rozo y el Coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.
En el mismo caso, también se inició investigación contra Élver Oswaldo Franco Cerquera, jefe jurídico encargado, hoy coordinador del Control Interno Disciplinario, y Mariantonia Orozco Durán, jefa jurídica titular para la época, quienes, presuntamente, por más de dos años y cinco meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, donde casi opera la caducidad.
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Carros de la UNP donde encontraron droga
Esta investigación se remite al 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, donde fue incautada una camioneta con 168 kilos de cocaína, vehículo asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.
Se estableció que el servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, oficial de protección de la UNP, quien al parecer incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades del esquema, no aceptar los descansos dados por el protegido y, al parecer, su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta.
Si bien el conductor detenido, Manuel Antonio Castañeda Bernal, el señor Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta, no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, la DNIE sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.
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Venta de esquemas de protección
Finalmente, se abrió investigación contra Wilson Javier Devia Pérez, actual oficial de Protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.
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Lo anterior, a raíz de la conversación publicada por un medio de comunicación con Manuel Antonio Castañeda Bernal, detenido en los hechos del Cauca, quien además habría denunciado días antes tales conductas ante el director de la UNP.
Recordemos que La UNP es una entidad que fue creada en 2011 con aproximadamente 2.000 trabajadores, donde casi el 95 % son contratistas, atendiendo a más de 8.000 protegidos, sin un sistema de información, con el 75 % de sus servicios de vehículos y escoltas tercerizados y un solo perito balístico forense para verificar el blindaje de todos los vehículos.
A raíz de las investigaciones, la Procuraduría practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados, para determinar los focos de corrupción en la entidad.
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