Procuraduría cita audiencia de conciliación a Alcaldía de Bogotá: diferencias en trámite urbanístico

La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de resolver las diferencias surgidas en el trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”. El proceso busca determinar si se produjo un posible daño patrimonial al Distrito por presuntos errores administrativos durante la formulación de dicho plan.La actuación se originó a raíz de una solicitud presentada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que proyectaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social en el sur de la ciudad, una zona con alto déficit habitacional.El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 2021, cuando la empresa radicó la solicitud de formulación del Plan Parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Según la normativa vigente, la entidad tenía 60 días hábiles para emitir una respuesta. Al no recibir comunicación dentro del plazo, los solicitantes entendieron que operaba el silencio administrativo positivo, lo que implicaba la aprobación automática del trámite.Sin embargo, la Secretaría sostuvo que sí había respondido oportunamente, aunque más tarde se comprobó que la notificación fue enviada a una dirección electrónica incorrecta. Este error impidió que los solicitantes conocieran la decisión y ejercieran su derecho a apelación, dejando el proceso en un limbo jurídico.Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el terreno perdió su clasificación como suelo urbanizable, lo que afectó la viabilidad del proyecto y redujo significativamente su valor comercial. Según los promotores, esta situación representó una pérdida superior al 80 % del valor del terreno y frenó una iniciativa que buscaba ofrecer soluciones de vivienda en una de las zonas más necesitadas de la capital.“No reconocen el error de notificación, y eso priva a la ciudad de una alternativa habitacional viable”, aseguró Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.Por su parte, el abogado Rodolfo Correa, especialista en responsabilidad del Estado, interpuso una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, actualmente en etapa de conciliación como paso previo a un eventual proceso judicial.La audiencia de conciliación se llevará a cabo en enero de 2026. Se espera que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo la dirección de Úrsula Ablanque Mejía, logre una salida concertada que evite la judicialización del caso. De no alcanzarse un acuerdo, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales y disciplinarias para la administración distrital, dado que la Personería de Bogotá ya confirmó la existencia del error y evalúa la apertura de una investigación.