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Este jueves, 18 de agosto, en la presentación del octavo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, señaló que “se requiere de un mayor compromiso fiscal para ejecutar las medidas contempladas en la ley de víctimas”.
“Los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno nacional desde el año 2012, van a ser insuficientes y de aquí a 2031, va a ser requerida la suma de 328.3 billones de pesos”, añadió.
Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, advirtió que “el esfuerzo fiscal del Gobierno nacional entre 2012 y 2021, es insuficiente para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los nueve millones”.
Para Camargo, “si bien hay avances significativos en algunos puntos específicos, la garantía de los derechos de las víctimas aún presenta rezagos”.
“Durante el primer semestre de 2021 se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado”, señalaron.
Por otra parte, también participó la procuradora General, Margarita Cabello, quien mostró su preocupación “por el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, relacionadas con las luchas que existen hoy por el control de rentas ilegales”.
“Nos preocupa la lucha que existe permanentemente en ese tipo de control que buscan ejercer actores criminales, en donde terminan re victimizando a las víctimas”, agregó.
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“A pesar de que se han realizado múltiples estrategias para fortalecer la atención virtual y la atención telefónica, realmente no se ha logrado atender oportuna y eficientemente la alta demanda de víctimas que solicitan ayuda humanitaria y, que solicitan indemnización”, finalizó.
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