La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a cinco miembros del Ejército Nacional por 15 años. Los uniformados participaron en la operación N° 26 en la cual murió un indígena en la vereda La Laguna del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca.
Los militares sancionados son: el sargento segundo, Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, y el cabo segundo, Andrés Mancipe Valderrama; así como los soldados profesionales: Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz, del batallón de Alta Montaña N° 8.
De acuerdo con la entidad, los uniformados investigados ejercieron un uso injustificado, desmedido e imprudente de sus armas de dotación en contravía de proteger al miembro de la comunidad indígena.
Adicionalmente, se estableció que el arma con el que fue hallado el ciudadano atacado no había sido disparada, encontrándose en perfectas condiciones.
A juicio del ente investigador, los uniformados desconocieron los principios de distinción y protección, incumpliendo el objetivo de la operación y violando gravemente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Por estas razones, la Procuraduría calificó sus faltas como gravísimas, señalando que infringieron su deber de garantizar los derechos y libertades de los habitantes del corregimiento Media Naranja.
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Esta decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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