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Procuraduría inspeccionó la ANT por presuntas irregularidades en compra de tierras

La visita fue coordinada por varias procuraduras delegadas, quienes examinarán la información proporcionada por el equipo jurídico de la ANT.

Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría General de la Nación.
Foto: Blu Radio.

La Procuraduría General de la Nación llegó a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para supervisar los contratos de compra de predios destinados a campesinos, en el marco de la implementación de la reforma rural integral. Durante esta diligencia, se examinó la ejecución real del presupuesto asignado para la adquisición de tierras para campesinos, luego de descubrir que solo se había ejecutado el 17 % del total disponible para el programa, en lugar del 51 % reportado.

Según el Ministerio Público, esta situación se debe a traslados de fondos al "Fondo Colombia en Paz" por 430.000 millones, que, aunque aparecen como ejecutados, están en una fiducia. También se investigó el convenio con RTVC, donde de los 15.000 millones pactados, solo se habían ejecutado $660 millones hasta octubre de 2023.

Durante la inspección, se solicitó información detallada sobre los procedimientos de compra, avalúo de predios y el cumplimiento de las regulaciones establecidas. Además, se requirió información sobre las acciones precontractuales relacionadas con los terrenos baldíos de Islas del Rosario, ante la falta de respuesta de la ANT a las solicitudes previas de la Procuraduría.

“Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en cuenta que la ANT no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha”, dijo el Ministerio Público.

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La visita fue coordinada por varias procuradurías delegadas, quienes examinarán la información proporcionada por el equipo jurídico de la ANT para identificar posibles irregularidades en la ejecución de contratos y el uso de recursos destinados a la reforma rural.

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