La Procuraduría no prorrogó la suspensión del general Juan Miguel Huertas y del subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía, investigados por sus presuntos vínculos con el cabecilla de las disidencias alias Calarcá.
Con esta decisión, tanto Huertas como Mejía tendrían que ser reintegrados a sus cargos en los próximos días. Esto se conoce luego de que la DNI publicara un comunicado pidiendo al organismo de control definir la situación de su director, pues ya se había cumplido el tiempo de suspensión establecido en diciembre del año pasado.
La procuraduría argumentó que esto no significa que se cierre la investigación disciplinaria ni que se haya tomado una decisión de fondo sobre su responsabilidad. El proceso continúa en etapa probatoria.
Además, dieron los siguientes argumentos: la suspensión es una medida cautelar, no una sanción, y la prórroga solo procede si siguen existiendo riesgos como interferir en la investigación o reiterar la conducta. También consideran que los investigados han colaborado con el proceso y que hay falta de pruebas disponibles en este momento. Finalmente, el documento que anuncia la decisión señala que los hechos investigados habrían ocurrido cuando no eran servidores públicos. Huertas estaba retirado del Ejército y Mejía aún no era director de inteligencia. La conclusión de la procuraduría es que, por el momento, no hay prueba actual de que continúen los vínculos ilegales.
Blu Radio conoció que la noticia se da siete días después de que ambos funcionarios estuvieran en Casa de Nariño (el pasado 23 de febrero) para una reunión con el presidente Gustavo Petro en la que buscaban contarle al mandatario en qué iban sus procesos legales. Huertas iba vestido de civil. Según la versión de uno de ellos, el encuentro no se dio por temas de agenda.
Cabe mencionar que este escándalo implica una presunta infiltración de las disidencias de las Farc al gobierno a través de estos dos funcionarios. A Mejía lo acusaban de acercar a organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública y a Huertas de buscar la creación de una empresa de seguridad para movilizar guerrilleros legalmente.
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