A dos semanas de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación impartió nuevas instrucciones para reforzar la vigilancia preventiva sobre la contratación de las entidades del orden nacional con presencia en diferentes regiones del país, con el propósito de garantizar la transparencia en la gestión contractual durante el proceso de empalme con la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella.
La directriz fue emitida por el viceprocurador general de la Nación, quien ordenó fortalecer las acciones de vigilancia sobre la actividad contractual desarrollada por entidades que cumplen funciones en el territorio nacional. En el documento se señala que la medida responde al contexto de finalización del actual Gobierno y al inicio del proceso de transición hacia la nueva administración.
La Procuraduría explicó que la decisión busca proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad de los servicios del Estado. En ese sentido, el documento precisa que, “se procede a impartir instrucciones dirigidas a fortalecer la vigilancia de la actividad contractual desarrollada por las entidades del orden nacional que desarrollan funciones mediante dependencias desconcentradas en el territorio nacional, en especial, en el contexto de la terminación de la gestión administrativa del gobierno que finaliza el próximo 7 de agosto de 2026 y el empalme de funciones con la nueva administración”.
Asimismo, indicó que “la anterior circunstancia reclama un especial fortalecimiento de las acciones preventivas del Ministerio Público, con el propósito que la gestión contractual se desarrolle con estricta observancia de los principios constitucionales y legales. Además, para garantizar la protección del patrimonio público y la continuidad en la prestación de los servicios a cargo del Estado”.
Entre las instrucciones impartidas a los procuradores delegados y regionales se encuentra verificar que los procesos contractuales respeten los principios de la contratación estatal y que las necesidades objeto de contratación estén incluidas en los planes anuales de adquisiciones de las entidades vigiladas. Igualmente, deberán revisar que, en las entidades desconcentradas territorialmente, exista la correspondiente delegación para contratar otorgada por el representante legal de la entidad del orden nacional.
El Ministerio Público también ordenó que “en aquellas entidades desconcentradas a nivel territorial que por disposición legal cuenten con régimen especial de contratación, se deberá revisar el cumplimiento irrestricto de su manual de contratación y de los principios de la contratación estatal”, con el fin de establecer que las actuaciones se ajusten al marco normativo vigente.
Como parte de las medidas, la Procuraduría solicitó la presentación de un informe consolidado, a más tardar el 18 de agosto de 2026, en el que se relacionen los principales hallazgos de las vigilancias adelantadas, la cuantía de los procesos contractuales revisados, el estado de cada actuación preventiva y las posibles incidencias de carácter disciplinario que puedan derivarse de las verificaciones realizadas.
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La decisión se conoce en medio de las alertas formuladas por el presidente electo Abelardo De La Espriella y algunos de sus ministros designados sobre el desarrollo de procesos contractuales durante los últimos días de la actual administración, previo al cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.
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