Procuraduría pide a Gobierno dar prioridad a crisis humanitaria en la frontera

Demora en los horarios de suministro de alimentos a los refugiados, dificultades en algunos albergues para abastecerlos de agua potable y servicios sanitarios, falta de vestuario para las personas, especialmente para los niños y adultos mayores, e inconvenientes en la logística para transportar a los ciudadanos que iniciarán programas de formación con el Sena o los menores que deben acudir a estudiar, son algunas de las quejas recibidas el día de ayer por Ilva Myriam Hoyos Castañeda, procuradora delegada para la defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, en el recorrido realizado por diferentes albergues provisionales de atención a los deportados y retornados forzosamente de Venezuela. En ese recorrido, la representante del Ministerio Público, quien cumple 10 días radicada en la ciudad de Cúcuta para atender esta emergencia humanitaria, pudo constatar nuevamente las condiciones en que se encuentran los connacionales, identificando que varias estrategias planteadas por el Gobierno Nacional para atender la situación están marchando adecuadamente y que el trabajo articulado interinstitucional ha permitido responder a muchos de los problemas, pero que de igual manera se evidenciaron necesidades que aún no se han cubierto plenamente. De igual forma, la procuradora Hoyos Castañeda visitó el paso fronterizo que era utilizado para cruzar entre ambas naciones de manera ilegal, conocido como ‘La Playa’, en el que evidenció que aún existen colombianos intentando ingresar a Colombia o a Venezuela de cualquier forma a pesar de la presencia constante de la Guardia Nacional de ese país que impiden el tránsito y los riesgos que esto representa para sus vidas e integridad. Gracias a la gestión de la Procuraduría, este miércoles se realizó la apertura del Centro Regional de Atención a Víctimas ubicado en el sector de Atalaya, en Cúcuta, donde no solo se atienden las víctimas de la masiva deportación y retorno forzoso que se vive en la frontera colombovenezolana, sino que también quedará al servicio de los colombianos que han tenido que padecer el conflicto armado en el país. Igualmente, la procuradora delegada lideró la reunión con Naciones Unidas, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Consejo Noruego, en la que se creó un plan piloto para la conformación de grupos comunitarios dentro de los albergues con la intención de afrontar los temas relacionados con la violencia de género, así como atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia sexual. Todos los hechos registrados por el Ministerio Público en esta jornada fueron puestos en conocimiento de las diferentes instituciones que hacen parte del Puesto de Mando Unificado, donde se coordinan las labores de atención y respuesta ante la grave crisis humanitaria que ha desencadenado la acción del gobierno venezolano. Escuche también: