Procuraduría pide avances en cumplimiento del fallo que protege la zona de los Jaguares de Yuruparí

La Procuraduría General de la Nación intensificó el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional, una decisión considerada histórica en la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, ubicado en la Amazonía colombiana.En una comunicación enviada a los ministerios del Interior, Agricultura, Ambiente y Salud; a los gobernadores de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés; y a los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales de la Amazonía, la Procuraduría solicitó informes detallados sobre la implementación de las medidas estructurales ordenadas por la Corte.El organismo de control pidió a las entidades competentes reportes actualizados sobre diferentes aspectos clave para garantizar los derechos de estas comunidades: diálogo intercultural e interinstitucional, ordenamiento territorial a través de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS), lucha contra la minería ilegal, protección ambiental, fortalecimiento del sistema de salud con enfoque intercultural, soberanía alimentaria, vigilancia epidemiológica y articulación con los Planes de Desarrollo de la región.Además, resaltó que el cumplimiento del fallo no solo implica atender las órdenes de la Corte, sino también adoptar una visión integral que reconozca la diversidad cultural, el respeto por las formas de vida tradicionales y la justicia ambiental.“El país necesita contar con insumos claros y actualizados para asegurar la implementación integral de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, indicó la Procuraduría en el documento oficial, subrayando que estas acciones buscan garantizar justicia étnica y ambiental en un territorio estratégico para la conservación de la Amazonía.La Sentencia T-106 de 2025, emitida a partir de una tutela presentada por representantes indígenas, ordenó al Estado colombiano diseñar e implementar medidas de protección para las comunidades del Macroterritorio Jaguares de Yuruparí. Este espacio sagrado y culturalmente significativo ha sido históricamente afectado por la expansión de la minería ilegal, la deforestación, la falta de acceso a servicios de salud y la inseguridad alimentaria.Entre las órdenes del alto tribunal se incluyen la formulación de planes de soberanía alimentaria, la creación de mecanismos de vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento del sistema de salud bajo un enfoque intercultural que permita integrar la medicina tradicional con la atención médica occidental.La Procuraduría, en su rol de control, puntualizó que continuará ejerciendo vigilancia estricta sobre las acciones de las entidades nacionales y territoriales, con el propósito de asegurar que las medidas ordenadas no queden en el papel y se traduzcan en beneficios reales para los pueblos indígenas.También reiteró su compromiso de acompañar los procesos que garanticen la preservación de la Amazonía, el respeto por la autonomía de los pueblos originarios y la consolidación de un modelo de justicia ambiental que proteja tanto la biodiversidad como la riqueza cultural de la región.