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Procuraduría reveló que hay minas antipersonal en ruta de miles de migrantes en el Tapón del Darién

El Ministerio Público también conoció sobre un sistema de tráfico ilegal de migrantes que cobra 300 dólares por llevarlos en lanchas rápidas y que estaría operando el grupo armado ilegal presente en el Tapón del Darién.

PANAMA-COLOMBIA-US-MIGRATION
Inmigrantes en el Tapón del Darién
Foto: AFP

El Procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, reveló que en un patrullaje efectuado a principios del mes se detectó un explosivo tipo camándula, enterrado en un camino del sector de Polín, en la zona rural de Acandí, Chocó: ruta que obligatoriamente toman los migrantes con el fin de cruzar la frontera por el Tapón del Darién para llegar a Panamá, en su camino hacia Estados Unidos. Lo anterior, en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona.

La Procuraduría también recibió denuncias sobre una nueva red de tráfico ilegal de migrantes vía marítima, entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y la población panameña de Carreto: que está ocurriendo en horas de la noche, a bordo de lanchas rápidas, cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto, e implica enormes riesgos para los migrantes. Al parecer, un grupo ilegal estaría cobrando 300 dólares por llevar a los migrantes en estas lanchas hasta Panamá, en el marco de la escalofriante realidad de esta población.

Por esta razón, el ente de control encendió las alarmas, pues las cifras entregadas por el Comando de Policía Urabá lo demuestran. Según las autoridades, el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401 % entre 2022 y 2023, con el registro de 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente a 10.006 que entraron en los mismos meses del año pasado.

Al menos 300 de esos migrantes, entre ellos niños, adultos mayores y madres gestantes, permanecen asentados en las playas buscando como poder reunir los 300 dólares por persona, que exigen actualmente quienes operan el tránsito entre esta población y la frontera con Panamá. Esto ha llevado a que las personas acudan a la prostitución infantil, explotación laboral y microtráfico, lo que ha aumentado la inseguridad en la zona.

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Al respecto, el procurador Sarmiento se comprometió a exponer estas problemáticas a las entidades del Gobierno nacional, para lograr respuestas eficaces y desactivar los artefactos explosivos improvisados en la región, con el fin de evitar una tragedia.

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