Procuraduría suspendió a gerente de empresa de servicios públicos de Meta

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 12 meses al gerente general de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, Edesa, por un contrato firmado en 2011, que luego de 7 años sigue sin completarse.Orlando Guzmán Virgüez fue designado en ese cargo en 2014, tres años después de la materialización del convenio, pero como gerente decidió continuar el proyecto con el contratista, lo que pudo haber causado detrimento.Se trata de un contrato que se firmó a través de un convenio entre la Gobernación del Meta y Ecopetrol en el 2011 y que debía ser ejecutado por EDESA, esto cuando Alan Jara era gobernador.Lea también: Cerca de la mitad de Villavicencio está sin agua por intensas lluvias. El contrato estableció que debía construirse la planta de tratamiento de aguas residuales para la vereda Alto Pompeya de Villavicencio. Inicialmente el contrato con la empresa Unión Temporal Alto Pompeya, fue por alrededor 7.900.000 millones de pesos y luego se presentó una adición de cerca de $2.500 millones. Pero siete años después, no se completaron las obras.La Contraloría realizó una imputación fiscal el año pasado en la que involucró a más de 19 personas y empresas, incluyendo a Jara. Finalmente, la Procuraduría decidió suspender e inhabilitar por 12 meses a Orlando Guzmán Virgüez, gerente general de Edesa y a quien Jara posesionó el 11 de julio de 2014 en ese cargo. Guzmán Virgüez puede apelar, pero la Procuraduría considera las faltas como gravísimas por la afectación en la calidad del agua a los habitantes de esa región.El ente de control también decidió compulsar copias para que se investigue en lo disciplinario a los exgerentes de la empresa José Edgar Patarroyo Vargas, Carlos Enrique Vaca Rodríguez; los coordinadores de interventoría Víctor Hugo Parrado López, Angélica Jiménez, y los interventores Astrid Parrado Rojas, y Álvaro Augusto Castro Silva.Alan Jara tiene numerosos procesos en la Contraloría y este año se han presentado bloqueos de parte de la población por la falta de agua, problema que debió resolverse con el contrato del 2011, pero que siete años después sigue en la incertidumbre.