La Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia que habrá en las elecciones del próximo año, luego de las declaraciones que realizó el mandatario colombiano.
En la mesa principal de la Comisión de Seguimiento Electoral estuvieron el registrador Hernán Penagos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada; el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien insistió en la tesis del presidente Gustavo Petro de que todo el proceso electoral debe ser estatal.
“Básicamente, lo que se quiere es que el software sea estatal. Así lo dice el Consejo de Estado. Y no sé desde qué punto o de qué forma el señor registrador, el presidente del Consejo Nacional Electoral, o nosotros, podamos implementar o dejar las premisas a futuro de que eso debe ser así. Lo mismo que la auditoría sea independiente, la trazabilidad, la seguridad y la transparencia en la consolidación de datos”, dijo Benedetti.
El registrador Hernán Penagos le respondió, aclarando que el software para el escrutinio fue adquirido a una empresa española llamada Indra. Este fue utilizado en las elecciones pasadas, está a disposición del CNE y seguirá utilizándose en los próximos comicios. Penagos envió un parte de tranquilidad sobre su funcionamiento y anunció medidas para garantizar la transparencia.
“Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía, y es nuestro deber, ministro. Así lo vamos a hacer, y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Se van a contratar también auditorías externas. Estas auditorías no serán solamente al proceso electoral, sino a todos los sistemas de información”, señaló el registrador.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Álvaro Hernán Prada, también intervino, haciendo un llamado al Gobierno nacional para que baje el tono. Además, resaltó la importancia de prestar atención a la ausencia de los 13 partidos, que exigen respeto a la independencia de poderes y garantías en materia de orden público.
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