Roce entre Gobierno y aseguradoras por pólizas para construcción de vivienda

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, afirmó que la ley de vivienda segura está vigente para la calidad en las construcciones legales, añadiendo que más pólizas de seguros no van a garantizar calidad en construcciones ilegales.

“Los que quieren que pongamos más seguros solo están buscando beneficiarse con un negocio particular que va a beneficiar a las aseguradoras y va a perjudicar a los compradores de vivienda en Colombia. Un Space no va a volver a suceder si se cumple la normatividad vigente”, advirtió el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera explicó que no se puede confundir el control urbano que deben realizar los entes territoriales con la reglamentación de la ley.

“Las normas están vigentes y lo que necesitamos es que los alcaldes, las oficinas de planeación y los curadores urbanos las hagan cumplir y ejerzan su función. No puede ser que después de varios meses de haber iniciado las construcciones estos entes se den cuenta que edificios que ya están hechos eran ilegales”, agregó.

Al respecto, el presidente de la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda), Jorge Humberto Botero, criticó las declaraciones del ministro y catalogó como negligente los aspectos que faltan de la reglamentación de la ley.

"Es una falta de respeto decir que el vocero de la industria aseguradora lo que está pidiendo son mecanismos de enriquecimiento ilícito que no corresponden al otorgamiento de coberturas reales", indicó.

El ministro también le respondió al dirigente gremial. “Los casos que se han presentado en Cartagena son de construcciones presuntamente ilícitas, es decir que ni siquiera solicitaron licencia para poder realizar el proyecto. Por consiguiente, ningún seguro del país los puede cobijar”, puntualizó Sánchez Ortega.

Según el Ministerio de Vivienda, desde junio de 2017 empezaron a regir las dos primeras fases de la ley de vivienda segura que garantizan mayor control de las licencias urbanísticas, mejores materiales de construcción y mayor control en el momento de iniciar un proyecto.

“Estamos trabajando para reglamentar el único decreto que falta, pero lo estamos haciendo de manera responsable, hacerlo a la ligera aumentará el precio de la vivienda en el país, por eso trabajamos en una solución en donde prime el interés general y la protección a la ciudadanía”, expresó.

Botero argumentó que esa hipótesis del ministerio no es cierta, pues el costo podría ser asumido por los constructores de los proyectos.

"Muy buena discusión sí el ministro hubiera estado en el proceso de expedición de la ley porque se pudo demostrar que, si los usuarios tenían que cubrir esa garantía, el costo sería mínimo, para una vivienda de interés social, el costo mensual sería de alrededor de 2.500 pesos, eso bajo el supuesto de que el usuario tenga que cubrir esa prima. El ministro parte bajo ese supuesto de que así sería, lo cual implícitamente implica afirmar que la industria de la construcción es un cartel y que todo costó se transfiere al comprador. ¿Ministro y usted por qué descarta la posibilidad que el vendedor decida asumir ese extra costo?", dijo.