Se deben activar rigurosos controles preventivos a adición presupuestal: Ramírez

A través de una carta envidad al procurador general, Fernando Carrillo, la líder conservadora Marta Lucía Ramírez le pidió hacer especial vigilancia sobre el destino de los recursos que serían aprobados en la adición presupuestal de 6.2 billones de pesos anunciada por el presidente Juan Manuel Santos. Ramírez indicó que es necesario activar toda la vigilancia requerida para evitar que ese dinero termine en la financiación de campañas políticas, además, se refirió a la capitalización de la compañía Coltel- Movistar de la cual el Estado colombiano es el socio minoritario. “Dicha adición es un hecho preocupante en la situación actual del país cuando se registra una evidente pérdida de legitimidad, desfavorabilidad sin precedentes en todas las instituciones, altísimos niveles de corrupción, deterioro de la economía y una reforma tributaria que golpea severamente el bolsillo de los colombianos, estando ad portas de las elecciones del Congreso y Presidencia”, dice la carta. “Señor Procurador, en caso de ser aprobada por el Congreso esta adición presupuestal, se deben activar rigurosos controles preventivos y seguimiento en tiempo real al manejo de estos recursos para impedir que se utilicen en una finalidad diferente como el anticipo a las campañas políticas afínes al Gobierno , atender compromisos entre el gobierno y el legislativo o, como lo han indicado algunos medios de prensa, para la capitalización de la empresa de comunicaciones Coltel- Movistar”, agregó Ramírez. La excandidata presidencial indicó que “los dineros de una eventual adición presupuestal no pueden ni deben beneficiar las campañas presidenciales de los candidatos que darían continuidad al presente gobierno”, esto en relación a la carrera electoral que se avecina y los hechos de corrupción que han salpicado las campañas anteriores. Por último, aseguró que esa adición tampoco puede servir para terminar de financiar los acuerdos logrados con las Farc en el marco de los diálogos de paz. Esta es la carta enviada por Ramírez: Veo con preocupación la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos de presentar en los próximos días en el Congreso de la República un proyecto de adición presupuestal por 6.2 billones de pesos, correspondientes a los recursos de la Reforma Tributaria que fue aprobada el año pasado. Según dice el mandatario, dichos recursos deberán ser invertidos en salud, educación, pobreza, transporte, desarrollo rural y paz. Dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y las exposiciones de motivos tanto de la Ley del Presupuesto como de la Reforma Tributaria Estructura se indicó que debido al comportamiento del precio del barril de petróleo y cambios de políticas comerciales y económicas de Estados Unidos y China, Colombia atravesaba por la necesidad de hacer una “Austeridad Inteligente” y obtener un recaudo mayor y estable con el fin de que se continuara con la inversión social sin incrementar el déficit fiscal. Dicha adición es un hecho preocupante en la situación actual del país cuando se registra una evidente pérdida de legitimidad, desfavorabilidad sin precedentes en todas las instituciones, altísimos niveles de corrupción, deterioro de la economía y una reforma tributaria que golpea severamente el bolsilo de los colombianos, estando ad portas de las elecciones del Congreso y Presidencia. La presentación de este proyecto, refleja de manera grave la ausencia del principio de planeación que deben seguir las entidades estatales. En efecto, casi $5 billones de los recursos de la adición, estarían destinados a cubrir faltantes en programas regulares del Gobierno, para los cuales no se habían asignado recursos en el presupuesto expedido recientemente. Señor Procurador, en caso de ser aprobada por el Congreso esta adición presupuestal, se deben activar rigurosos controles preventivos y seguimiento en tiempo real al manejo de estos recursos para impedir que se utilicen en una finalidad diferente como el anticipo a las campañas políticas afínes al Gobierno , atender compromisos entre el gobierno y el legislativo o, como lo han indicado algunos medios de prensa, para la capitalización de la empresa de comunicaciones Coltel- Movistar. Esto último de ser cierto, requiere la intervencióion drástica de su Despacho pues resulta inexplicable que en 6 años, el Estado colombiano socio minoritario en el 32% de la empresa en comento, estaría capitalizando en $5.2 billones a una empresa de propiedad mayoritaria de Telefónica . Cabría preguntar si el Gobierno ha tenido la diligencia debida en vigilar la gestión empresarial del accionista mayoritario para evitar precios de transferencia y asegurarse que la empresa cuente con una gestión rentable que atienda adecuadamente y sin riesgos para sus retirados los pasivos pensionales. Sería importante entre otras, que ese Despacho conozca las condiciones en las que se efectuó la venta de la mayoría accionaria a Telefonica y verifique si los funcionarios responsables en las diferentes entidades han cumplidoo o no, con la participación y vigilancia adecuada a la gestíon por parte de su socio mayoritario. Ante la situación fiscal del país, la reciente reforma tributaria y el anuncio de una nueva reforma en los proximos dos años, todos los agentes del Estado están en la obligación de evitar adiciones que sigan afectando a la clase trabajadora colombiana y que denotan improvisación y falta de transparencia en el manejo de las cuentas nacionales. No debe dejarse espacio a la repetición de los precedentes recientes, sobre la financiación ilegal de la campaña política gubernamental y la evidente tendencia a politizar los dineros públicos buscando fortalecer casas y clanes políticos en lugar de garantizar una inversión idónea y transparente en beneficio del desarrollo y fortalecimiento de los diferentes sectores de la producción y las distintas regiones del país. Para la muestra, el último informe de la Contraloría General, evidencia que entre el 2012 y el 2016 se asignaron 3,8 billones de pesos que debían destinarse a desarrollo científico y tecnológico, pero que en realidad no fueron invertidos totalmente para este fin. Según investigaciones del organismos de control fiscal, estos recursos quedaron bajo la dirección de políticos que a través de los Ocades han decidido en últimas el destino de dichas partidas. Los dineros de una eventual adición presupuestal no pueden ni deben beneficiar las campañas presidenciales de los candidatos que darían continuidad al presente gobierno , ni servir al interés particular de los socios extranjeros de Coltel, ni mucho menos, terminar honrando el cumplimiento de compromisos adquiridos con las Farc por obtener la firma del acuerdo. Cordialmente, Marta Lucia Ramírez de Rincón. Ex Candidata Presidencial