Jerónimo Castillo, director de Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien realizó el estudio, explicó que el aumento será de 8.5% con respecto a 2017, lo que significaría un poco más de 700 muertes violentas.
“Hasta el mes de agosto nosotros observamos un crecimiento del total nacional del 8.6% y lo que nos encontramos hoy por hoy es con que el incremento va a ser del 5%. Una vez entramos a mirar las bases de datos entregadas por la Policía Nacional que son en las cuales nosotros basamos nuestro análisis; nos encontramos que han salido un número de 114 homicidios entre el cierre de agosto y el cierre de septiembre”, sostuvo Castillo.
Antioquia, Córdoba y Nariño son los departamentos en los cuales se concentra el mayor número de homicidios.
Los municipios más afectados son Caucasia, Tarazá, Valdivia, San José de Uré y Tumaco, que impulsan prácticamente el crecimiento en todo el país.
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Sin lugar a duda las disputas territoriales entre grupos disidentes y otras agrupaciones armadas son la causa principal del aumento de homicidios en estas zonas.
“En síntesis, el 2018 será un año que terminará con crecimiento rompiendo la tendencia, particularmente este crecimiento se concentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Nariño; siendo los municipios de Caucasia, Tarazá, Valdivia, San José de Uré y Tumaco los que están impulsando prácticamente el crecimiento del homicidio en el país”, precisó.
La base de datos de la Policía Nacional fue el insumo principal para el estudio, pero la información solo coincide hasta el mes de agosto, después de esta fecha y al ser cotejadas por la fundación resulta que, sin explicación alguna, se desaparecieron más de 140 homicidios.
“Si, pero esto no es una cosa que sea exótica, ya en el pasado esa categoría se aisló de la base de datos de homicidios, lo que pasa es que eso es peligroso desde todos los puntos de vista porque realmente, por más que sea en el ejercicio de legítimo uso de la fuerza por parte del Estado, no deja de ser un homicidio que debe ser investigado y por lo tanto debería estar metido dentro de esa base de datos, pues por eso nosotros estamos llamando la atención”, señala el informe de la FIP.
Las cifras entregadas por la fundación coinciden con las de Medicina Legal. Hasta el momento no hay una respuesta de la Policía acerca del tema.