“Se perdió oportunidad de oro para erradicar coca en Catatumbo en 2021”: Paz y Reconciliación

Este 24 de enero, el Gobierno nacional expidió el decreto que declara el estado de conmoción interior en el Catatumbo, una región golpeada por la violencia entre el ELN y las disidencias de las Farc. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta medida tiene como eje combatir las economías ilícitas que financian a estos grupos, pero enfrenta desafíos complejos debido a la ineficacia de las políticas estatales frente a la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de alertas tempranas.Bonilla explicó que, aunque las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo son formalmente acatadas por el Gobierno, las instituciones y las autoridades municipales, estas no logran mitigar los riesgos que identifican. Para la experta, el problema radica en que el sistema está diseñado para cumplir con requisitos legales, pero no para generar soluciones concretas. “El Estado debería intervenir como un todo para reducir el riesgo, pero en la práctica, las acciones tomadas no tienen impacto real”, afirmó.En su diálogo con Blu Radio, Bonilla señaló que en 2021 el Catatumbo tuvo una oportunidad única para avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos debido a la caída en los precios de la coca tras la pandemia. Según explicó, durante ese período muchas comunidades estaban dispuestas a abandonar este cultivo, pero las herramientas de sustitución no fueron suficientes.“El proceso para implementar un plan de sustitución es lento y burocrático porque primero se necesita formalizar los predios. Eso implica años de trabajo, y mientras tanto, la gente vuelve a sembrar coca porque les paga mejor”, aseguró.La subdirectora de Pares también destacó que la rentabilidad de la coca es un obstáculo monumental para su erradicación. Explicó que los avances tecnológicos en el cultivo han permitido que los campesinos obtengan hasta cuatro cosechas al año, lo que ningún otro cultivo puede igualar en términos de productividad y beneficios económicos. En su opinión, esta realidad dificulta la lucha contra una economía ilícita que alimenta directamente a los grupos armados.Además, señaló que las políticas actuales tampoco han logrado atacar de manera integral esta problemática. Aunque reconoció que el gobierno se ha enfocado en la interdicción de la cocaína como producto final, consideró que este enfoque es insuficiente en una región como el Catatumbo, donde la economía de la coca afecta a 400.000 personas. Para ella, los planes deben ser más amplios y llegar a la mayoría de la población, no solo a unas pocas familias.Sobre el decreto de conmoción interior, destacó que menciona medidas para mejorar las condiciones de vida en la región, pero advirtió que es crucial que estas acciones sean implementadas de manera rápida y efectiva para generar un impacto real. Afirmó que, mientras no se resuelvan los problemas estructurales de la región y no se ofrezcan alternativas viables a la economía de la coca, será extremadamente difícil frenar la violencia y la influencia de los grupos armados.