Las EPS agrupadas en Acemiemitieron un comunicado con un mensaje de urgencia al Ministerio de Salud exigiendo medidas inmediatas para salvaguardar la estabilidad financiera del sistema de salud y asegurar el pago de las deudas pendientes a las EPS.
Según la asociación el Ministerio de Salud no ha tomado acciones necesarias para prevenir una crisis financiera inminente en el sistema de salud y reitera su preocupación por varios hechos críticos:
1. Falta de Revisión en el Cálculo de la UPC:
El proceso de cálculo de la UPC, basado en información suministrada por las EPS de años anteriores, no ha experimentado las revisiones y discusiones habituales. La ausencia de resultados y la falta de señales sobre el incremento necesario para reflejar la realidad del gasto del sistema son motivo de grave inquietud. Un aumento insuficiente podría tener consecuencias para la estabilidad del sector y la atención oportuna a los pacientes.
2. Retrasos en el Pago de Presupuestos Máximos:
El Ministerio de Salud solo realizó los pagos correspondientes a los Presupuestos Máximos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 en octubre pasado, generando retrasos significativos que impactaron las finanzas de las EPS y afectaron la atención de pacientes. A la fecha, los pagos de noviembre y diciembre no se han efectuado, a pesar de las solicitudes del gremio y la disponibilidad de recursos. Esta omisión amenaza la vida de decenas de miles de pacientes con enfermedades de alto costo.
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3. Uso Inadecuado de Recursos Adicionales:
A pesar de contar con una adición presupuestal de más de 2 billones de pesos, suficientes para cubrir los Presupuestos Máximos pendientes, el Ministerio de Salud ha destinado parte de estos fondos a proyectos no relacionados, poniendo en riesgo el cierre del aseguramiento para 2023 y generando una tensión innecesaria en el sistema de salud.
La Acemi hace un llamado urgente al Ministerio de Saludpara abordar de manera inmediata estos problemas cruciales que afectan la atención médica de la población colombiana. La demora injustificada amenaza la estabilidad del sector y pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
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