En diálogos con Blu Radio, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Ana María Vesga, se refirió a la salida de seis EPS del gremio; Nueva EPS, Sanitas, SOS y Famisanar. Por otro lado, Coosalud y Capresoca de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud, afirmando que respaldan la salida, entiendiendo que se hace por recorte de costos operativos, pero además por visiones del sistema de salud actualmente. Por ese lado, aseguran que las EPS, intervenidas y controladas por el Gobierno, no tienen la misma percepción que el gremio que se basa específicamente con el desfinanciemiento del sistema de salud actual.“La primera es la visión frente al problema estructural del financiamiento del sistema. La Corte Constitucional recoge buena parte de ese trabajo que hemos hecho el gremio, esencialmente con pacientes, con otros gremios de otros actores, evidenciando que el sistema viene acumulando unos déficits presupuestales.Esa ha sido una de las principales banderas de Acemi, y ese es un tema en el cual el Gobierno ha insistido, y es público, eso no es secreto, que los recursos se alcanzan, que la UPC es suficiente. Entendemos que, para las intervenidas, estar en un gremio en esa conversación sobre insuficiencia, pero, por otro lado, tener al Gobierno defendiendo la suficiencia, tiene que ser una posición muy complicada”, aseguró Ana María Vesga.Entre tanto, la decisión de la Corte sobre el Ministerio de Salud fue celebrada por Acemi, asegurando que definitivamente la justicia dejó en evidencia que el sistema de salud está mal financiado desde años atrás y que eso tiene vital importancia en la construcción de la UPC. Es por esto que para las mesas técnicas del Ministerio de Salud es necesario que se haga el cálculo adecuado, así como el seguimiento continuo. Sin embargo, le hace un llamado al ministro para que evite justificar que el dinero faltante es por casos de corrupción que ni la corte pudo verificar.“El argumento del Ministerio de Salud ha sido que la UPC y los dineros de la salud no alcanzan porque han sido mal administrados y habla de corrupción. Le dice la Corte: eso no está aprobado, se han iniciado acciones, actuaciones de responsabilidad fiscal que tampoco han concluido. ¿Dónde están las condenas?, ¿Dónde están las sanciones? Segundo, ha dicho también la Corte, las EPS han terminado durante este periodo en intervención, ocho de ellas, tres que solicitaron su retiro voluntario porque todas han dicho no cumplimos indicadores, es imposible constituir la reserva técnica, es imposible mantener un patrimonio adecuado, es imposible prestar buena atención cuando no me está alcanzando el dinero”, concluye.Por su parte, sobre las convocatorias a marchas y cacerolazos, Acemi aseguró que es una posición que el personal médico, paciente e instituciones adoptaron porque realmente la crisis va dirigida a miles de pacientes que todos los días sufren por cierre de atenciones, demora en entrega de medicamento y por los retrasos en la asignación de citas.“Un sistema desfinanciado y un Gobierno que le ha dado la espalda a ese problema de financiamiento, de manera que es legítima la expresión de los usuarios, de los pacientes, de los prestadores, de los médicos que adicionalmente y con buena razón también dicen nosotros no hemos participado ni en la discusión de la reforma ni en la discusión del cálculo de la UPC. Entonces, pues, sienten que esa participación ciudadana a la que obliga la ley estatutaria y que ha repetido tantas veces la Corte, pues ha sido omitida de parte del Gobierno”.Asimismo, concluye que este escenario es crucial para que el Gobierno de verdad adopte las medidas necesarias, ya que los colombianos quieren una transformación del sistema de salud y defienden a sus EPS. Cierra enfatizando que es necesario que se tome en serio el auto de la Corte y las manifestaciones del personal, pacientes, médicos e instituciones.
El grupo Keralty emitió un nuevo comunicado en el que expusieron su “absoluto rechazo” a la decisión de la intervención “gubernamental de desvincular unilateralmente” a la EPS Sanitas de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).Aseguraron que esta medida no cuenta con legitimidad y, además, atenta contra la “representatividad el sector en el debate público”. Incluso, desde Keralty indicaron que esto solo se suma a una serie de acciones que “buscan silenciar y aislar a quienes defienden el modelo de salud del país” y los derechos de los usuarios.“EPS Sanitas, durante su historia, ha sido un actor clave en la prestación de servicios de salud de calidad a millones de colombianos. La participación en Acemi ha sido fundamental para la defensa gremial, el acompañamiento técnico y la interlocución con el Gobierno nacional en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas para el sistema de salud”, añadieron.En la masiva recalcaron que la desvinculación impuesta por la intervención no solo carece de justificación, sino que, según aseveraron, constituye lo que calificaron como “un nuevo atropello contra la libre expresión y la defensa de los derechos del sector salud”.Acciones legales“Por ello, anunciamos que interpondremos las acciones legales pertinentes para revertir esta medida, buscando su anulación ante las instancias judiciales correspondientes. La intervención de EPS Sanitas ha excedido sus funciones, violentando los principios de autonomía y representatividad del sector”.Señalaron en el comunicado que la justicia debe “restablecer el orden” y, asimismo, evitar que este tipo de decisiones sigan afectando la operación de una de las principales entidades de salud del país.El grupo Keralty aseguró también que esto "no es un hecho aislado" y que hace parte de una estrategia de censura y limitación de los diferentes actores del sistema de salud del país.“(…) Evitando que se expongan las graves consecuencias de las políticas adoptadas en los últimos meses. No permitiremos que esta arbitrariedad se normalice ni que se continúe vulnerando el derecho a la defensa de una salud digna y eficiente para los colombianos”, insistieron.
Ana María Vesga, presidenta del gremio de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia, expone una alarmante situación financiera que afecta directamente la atención médica en el país. Una deuda acumulada de 2.3 billones de pesos indica que el sistema enfrenta serias dificultades para ofrecer servicios adecuados a la población. La deudaEsta deuda no es reciente. Comienza con un ajuste del año 2022 por 819 mil millones de pesos que, pese a la autorización para su desembolso, no fue ejecutado. Además, la situación se agrava con impagos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, que totalizan unos 500 mil millones de pesos mensuales. La falta de estos recursos ha contribuido al desabastecimiento de medicamentos esenciales, especialmente para pacientes con enfermedades huérfanas y tratamientos innovadores. Impacto en los pacientesLos pacientes afectados son aquellos que requieren medicamentos costosos que no están incluidos en el plan de beneficios, lo cual ha llevado a un aumento en las tutelas y quejas. Más del 50% de estas quejas están relacionadas directamente con la falta de financiación de tecnologías de salud que dependen de estos recursos. Vesga sostiene que la intervención de la Corte Constitucional es crucial en este contexto, instando al Ministerio de Salud a cumplir con las obligaciones económicas. La falta de acción del gobierno tiene serias consecuencias, no solo fiscales y penales para quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales, sino también para los millones de colombianos que dependen de estos servicios. El dilema: acatar la orden judicial o enfrentar las consecuencias de no cumplirla. La Corte ha establecido un plazo para que los pagos se realicen de manera oportuna para restaurar el flujo de atención y garantizar los recursos necesarios. El reto del Ministerio de SaludA medida que se aproxima la fecha límite, el ministro debe actuar rápidamente para cumplir con los requisitos establecidos. El desembolso de estos fondos debe ser automático y directo a los proveedores de servicios, sin pasar por la intermediación de las EPS, para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. La administración pública y el sistema de salud no pueden prolongar esta situación, ya que las consecuencias para la salud pública son demasiado graves. Escuche aquí la entrevista:
En este 2025, el sector salud se enfrenta a un panorama alarmante debido a la discrepancia entre el aumento del salario mínimo y el escaso incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), decretado hace unos días.El aumento del salario mínimo del 9.54 % contrasta con el incremento de apenas 5.36 % en la UPC, lo que resulta en una diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. Este desajuste se traduce en una crisis para el sistema de salud, donde se reporta un déficit de aseguramiento superior a los seis billones de pesos al cierre de 2024.Así lo dijo Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien se pronunció al respecto pidiendo un ajuste inmediato. En diálogo con Mañanas Blu dijo que entre el 60 % y el 70 % de los recursos del sistema son destinados al pago del talento humano.En ese sentido, aseguró que este aumento de la UPC no reconoce la carga salarial, lo que podría derivar, inevitablemente, en despidos de personal y el cierre de servicios básicos en el sector salud.“Es un panorama muy complejo con el que iniciamos el año (…) Se traduce en un sistema en crisis que está habiendo cada vez mayores dificultades para atender con oportunidad a los usuarios en hospitales que están diciendo: ‘no soy capaz con este incremento que ni siquiera me reconoce el incremento del salario mínimo’”, detalló.Por eso, explicó que, ahora, lo que piden es un "reajuste" técnico al Gobierno, pues las cifras presentadas simplemente no son suficientes para atender la demanda.“Estamos en el 2 de enero. Estamos a tiempo de sentarnos en este mes todos los agentes y buscar ese reajuste con base técnica”, insistió.Además, recalcó que las EPS enfrentan serias restricciones para atender los costos implicados por servicios médicos y suministros, la cual se agrava por la insuficiencia de recursos disponibles.Aseveró que es necesario revisar las cifras y que se ofrezcan ajustes que se alineen con el crecimiento del salario mínimo, para, así, garantizar la viabilidad de la atención médica en el país.“Nosotros estamos pidiendo ese espacio. Estamos esperando respuesta del Gobierno porque la realidad sobre el cálculo de la UPC es que esto atiende a una metodología que está contenida en la ley, que es la forma como se hace año tras año”, explicó.Sobre las declaraciones de quienes dicen que esto ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento, como lo ha mencionado Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respondió que intentan justificar el limitado incremento bajo el argumento de una falta de información fiable proporcionada por las EPS, lo cual "no tiene que ver". “Una cosa no tiene que ver con la otra, empezando porque en el presupuesto para el año 2025, cuando uno reproduce sin que sea explícito el número de aumentos, pero cuando usted reproduce el valor del aseguramiento comparado entre un año y otro, el incremento es mayor. Entonces, ya perse en el en el análisis del en el planteamiento del presupuesto que se aprobó finalmente por decreto para este año, el Gobierno estaba previendo que tenía que destinar más a salud”, agregó.Vesga indicó que los efectos de esta crisis no solo se ven en el ámbito financiero, sino que también impactan directamente la atención que reciben los pacientes, pues se estima que las EPS pueden verse obligadas a cerrar camas y reducir especialidades.“No estamos observando razón técnica en la forma como se ha calculado y lo que estamos llamando es a que se haga ese ejercicio”, preció Vesga.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció recientemente sobre la proyección de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el próximo año, destacando que una incorrecta estimación podría agravar los problemas financieros que ya afectan al sistema de salud en 2024. Según Acemi, los recursos actuales no son suficientes para cubrir los costos del sistema, lo que podría derivar en mayores déficits si no se realiza un ajuste adecuado. En este contexto, la entidad solicitó al Ministerio de Salud llevar a cabo un estudio riguroso y técnico que permita ajustar la UPC a los costos reales del sistema de salud.Para realizar un análisis adecuado, Acemi presentó los resultados de un estudio elaborado con la información proporcionada por 8 EPS afiliadas, que representan el 65,3 % del régimen contributivo y el 27,7 % del régimen subsidiado. Estas EPS entregaron al Ministerio de Salud más de 532 millones de registros, que totalizan un valor de 35,8 billones de pesos, con el fin de evaluar la suficiencia de los recursos para 2025. Cabe destacar que el informe no incluye datos de la Nueva EPS, que representa el 22,7 % de los afiliados, debido a la falta de reporte por parte de esta entidad.Según los resultados obtenidos, el 95,9 % de los registros fueron validados, lo que demuestra una mejora significativa en la calidad de la información reportada, en comparación con el ejercicio de cálculo de la UPC para 2024, que solo consideró 13,1 millones de afiliados y 16,8 billones de pesos. Este avance es clave para el proceso de cálculo de la UPC para 2025, ya que permitirá al Ministerio de Salud realizar una proyección más precisa y ajustada a la realidad del sistema.Acemi también presentó los elementos clave que deben ser considerados en el cálculo actuarial de la UPC para 2025. Estos incluyen: la población expuesta al riesgo, las compensaciones pendientes de años anteriores, las actualizaciones por inflación, y las frecuencias de uso del sistema, que según estimaciones del Ministerio de Salud y ACEMI podrían crecer entre un 6% y un 7% anual. Además, se debe considerar el ajuste por servicios prestados, pero no reportados (IBNR), que representan alrededor del 3,6% de los costos del sistema cada año.Uno de los puntos más críticos en la proyección de la UPC es la necesidad de un ajuste para las inclusiones en el sistema, como las nuevas tecnologías, que deben ser financiadas adecuadamente. Acemi recalca que la modelación técnica y actuarial del riesgo en salud es esencial para garantizar el derecho a la salud de los colombianos, y una correcta cuantificación de la UPC es fundamental para la estabilidad financiera de las EPS y la protección de los hogares colombianos.Por ello, Acemi subraya la responsabilidad del Ministerio de Salud en la actualización de la UPC, destacando la importancia de considerar los criterios técnicos y actuariales para evitar mayores problemas de insuficiencia financiera en el futuro.
Acemi, el gremio que representa a las EPS de régimen contributivo, se pronunció recientemente ante la ponencia de la reforma a la salud radicada en el Congreso de la República. Por medio de un comunicado, la entidad reconoce el esfuerzo conjunto del Gobierno nacional, los representantes ponentes y las organizaciones sociales que han participado en la construcción de un escenario técnico de diálogo.En segundo lugar mencionaron que , tras un análisis de la ponencia, se valora positivamente que se hayan considerado diversas propuestas y observaciones de las sesiones de la Mesa Técnica y la Audiencia Pública. Estas contribuciones incluyen nuevas fuentes de financiación y mecanismos para aliviar deudas con la red prestadora, elementos cruciales para la sostenibilidad del sistema.Sin embargo, persisten desafíos en términos de conceptualización, operatividad y transición al nuevo modelo. Es esencial ajustar estos aspectos para asegurar una gestión del riesgo efectiva y definir claramente las rutas de atención para los pacientes.Por otro lado, le hacen un llamado a los congresistas para que promuevan un diálogo técnico y plural que contemple todas las iniciativas relacionadas con el financiamiento y funcionamiento del sistema de salud. Esto garantizará que las decisiones sean coherentes y armoniosas.Finalmente, enfatizó en la necesidad urgente de adoptar medidas para evitar el deterioro de la atención en salud. El pago de deudas por presupuestos máximos y la determinación de recursos adecuados para 2025 son importantes para conjurar la crisis actual y asegurar una transición ordenada del sistema.
Durante un debate en plenaria del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siguió dejando en evidencia la relación que sostiene con la presidenta de Acemi, Ana María Vesga.Según Jaramillo, se realizaron 17 mesas de trabajo con las EPS para discutir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) afirmando que esto lo puede sostener las entidades, aunque Acemi lo niegue.“Hay una señora que supuestamente representa a las EPS, pero toma decisiones sin siquiera hablar con ellas. Ella determina lo que considera conveniente sin consultar a las EPS”, señaló el jefe de carteraEstas diferencias entre la presidenta de Acemi y el ministro de Salud no son recientes, pues, hace un tiempo, se reveló que, durante una mesa técnica, convocada por la Defensoría del Pueblo para abordar el desabastecimiento de medicamentos, surgieron conflictos similares. En dicha reunión unos funcionarios del Ministerio de Salud solicitaron la expulsión de los delegados de la entidad.Por otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo a las EPS investigadas: “Levanten el velo corporativo, para mirar dónde están los recursos que hoy no están aquí y saber dónde fueron a parar. Las que se quieren salir las que están tratando de salirse”, añadió.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) lanzó un plan de contingencia para mitigar los impactos de la crisis por el paro camionero y asegurar la salud y bienestar de sus afiliados.La entidad hace un llamado urgente al Gobierno y a los transportadores para habilitar corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, transporte de pacientes, profesionales de la salud, así como de insumos médicos, medicamentos y oxígeno.Para enfrentar los desafíos derivados del paro camionero, las EPS están implementando tres estrategias principales:Articulación con agentes del sistema: se han establecido puentes de comunicación con las Secretarías de Salud en todo el país para garantizar el cumplimiento de las rutas de atención necesarias para los pacientes. Esta coordinación es fundamental para asegurar que los pacientes reciban la atención requerida a pesar de las dificultades logísticas.Asistencia remota: dado que algunos usuarios pueden tener dificultades para llegar a sus sitios de atención, se está reforzando la atención por teleconsulta. Esta medida permite a los pacientes recibir asistencia médica sin necesidad de desplazarse, reduciendo el riesgo de interrupciones en el tratamiento.Fortalecimiento de canales de comunicación: se está trabajando para priorizar los canales telefónicos y virtuales, facilitando la resolución de requerimientos y la continuidad de la atención. Además, se considera extender los horarios de atención en estos canales para reprogramar citas y atender emergencias, siempre que las condiciones lo permitan.Acemi invita a los usuarios a hacer un uso racional de los canales habilitados por sus EPS para la atención de sus solicitudes, y a priorizar la solicitud de servicios en las próximas horas mientras se normaliza el flujo logístico en el país. Este plan de contingencia permitirá manejar mejor la situación y garantizar que los servicios de salud continúen funcionando de manera efectiva durante el paro camionero.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso a las declaraciones que más temprano habían dado las directivas de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que calificaron el 2024 como uno de los peores años para la salud en el país.Según la agremiación, para final de año habrá un déficit de $5,9 billones de unidad de pago por capitación, UPC, Presupuestos Máximos PM y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sumado a un faltante $3,6 billones para el financiamiento de todo el sistema de salud.Acemi detalló que la la inflación, la incertidumbre con las reformas a la salud y la insuficiencia en la entrega de recursos son algunas de las razones que han llevado a esta situación.Sin embargo, el ministro Jaramillo desestimó las alertas asegurando que los problemas vienen de gobiernos anteriores y pidió revisar las cuentas.“Si no, no hubiera existido el punto final, con $12 billones que tuvo que sacar el Gobierno nacional para poder cubrir las dificultades que se presentaron. Aquí este Gobierno ha venido cumpliendo, es así que hoy tenemos ya pago, por ejemplo, el mes de agosto, un cierto presupuesto máximo al mes de junio y ya están las resoluciones para julio, agosto y septiembre”, argumentó Jaramillo.Esa declaración se dio tras una reunión con la bancada de independientes de la Cámara de Representantes en la que también asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para hablar precisamente de las reformas. Allí, al finalizar, Jaramillo aseguró que Ana María Vesga, directora de ACEMI, debía revisar las cuentas.“Entonces, yo creo que de pronto le fallan las sumas y restas a nuestra doctora Vesga”, puntualizó.
Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, advirtió que el país podría cerrar el año con un déficit de 2.3 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el gobierno destina para la atención de cada paciente. Acemi estima que el déficit total del sistema de salud podría llegar a los 5.8 billones de pesos al final del año, lo que podría representar hasta el 1.5 % del PIB del país, constituyendo una de las mayores crisis presupuestales en la historia reciente.Acemi sostiene que este año podría cerrar con el mayor déficit financiero en la historia del sistema de salud colombiano, lo que se traduciría en una falta de recursos críticos para la atención de los pacientes y el funcionamiento adecuado de los servicios de salud. La preocupación radica en cómo este desfase presupuestario impactará la capacidad del sistema para proporcionar atención médica y asegurar la continuidad de tratamientos esenciales.Por otro lado, Acemi advierte que, si el panorama no cambia, en 2025 el sistema de salud podría enfrentar un déficit aún mayor, de hasta 3.6 billones de pesos. Esta situación plantea serios desafíos para el futuro del sistema de salud colombiano y para los pacientes que dependen de un suministro constante de medicamentos y atención adecuada.Además, Acemi ha declarado que no conoce el documento de la reforma a la salud que el gobierno pretende presentar en las próximas semanas. En respuesta, el ministro de Salud desmintió estas afirmaciones, señalando que el documento cuenta con la firma de la entidad. "No pueden faltar a la palabra, no se puede mentir ante la opinión pública", declaró Guillermo Alfonso Jaramillo.Otra de las problemáticas que enfrenta el sistema de salud es la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a pacientes de alto costo. Según el último reporte del Invima, en agosto de 2024 se identificaron 15 medicamentos desabastecidos, incluyendo aquellos esenciales para tratar condiciones como la epilepsia. Además, hay 8 medicamentos en riesgo de desabastecimiento, lo que ha generado creciente preocupación entre los pacientes y sus representantes.Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, expresó su descontento, afirmando que, a pesar de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Salud, el problema persiste sin una solución a la vista. La falta de medicamentos representa un desafío significativo para aquellos que dependen de tratamientos continuos para condiciones graves.La crisis de abastecimiento también ha sido amplificada por recientes denuncias en los medios. La Superintendencia de Salud publicó un video en el que se muestra que la distribuidora Audifarma no estaba cumpliendo con la entrega de algunos medicamentos. En respuesta, Audifarma emitió un comunicado señalando que el sistema de salud enfrenta una de las mayores crisis de su historia debido a la escasez de recursos, negando la existencia de una estrategia para restringir la entrega de medicamentos.