La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que la situación financiera de la Nueva EPS es más delicada de lo que reflejan las cifras conocidas hasta ahora.“La deuda de la nueva EPS se corresponde con los ingresos de un año. Eso hablaría de una entidad con una muy, muy difícil viabilidad financiera, pero sobre la cual, y como ustedes bien lo dicen, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de pacientes, decisiones que no se pueden tomar en frío sin tener la totalidad de la información completa, como lo hemos dicho”, dijo.Las declaraciones se conocieron luego de la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS con corte a 2024, los cuales evidencian pasivos cercanos a los 22,5 billones de pesos. Sin embargo, Vesga insistió en que cualquier decisión sobre el futuro de la entidad debe tomarse una vez se conozca la totalidad de la información correspondiente a 2025 y parte de 2026.Aunque reconoció la gravedad de la situación financiera, Vesga manifestó que la liquidación de la entidad no debería ser la primera opción, debido al impacto que tendría sobre más de 10 millones de afiliados y sobre la red hospitalaria del país."No creo que la alternativa de liquidar la Nueva EPS deba considerarse. Tenemos que entender muy bien su realidad operativa y financiera y buscar soluciones que permitan salvar la EPS de la Nación (…) Hay que parar el sufrimiento de los pacientes. Tenemos una represa de atención muy importante y será necesario disponer de recursos extraordinarios para atender a quienes se encuentran en mayor riesgo", afirmó.En ese sentido, reiteró que el próximo Gobierno deberá revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional, que ordenó recalcular este indicador y ajustar la metodología utilizada para su definición.
La publicación de los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2022, 2023 y 2024 generó la reacción de Acemi, que calificó el hecho como un avance en materia de transparencia, aunque advirtió que todavía no existe un panorama completo sobre la situación financiera y operativa de la entidad. Para el gremio, las cifras divulgadas solo reflejan una parte del periodo en el que la EPS ha permanecido bajo intervención y aún están pendientes los resultados de 2025 y del primer semestre de 2026.La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó que los estados financieros conocidos corresponden a apenas 12 de los 30 meses que Nueva EPS ha estado intervenida, por lo que consideró prematuro sacar conclusiones definitivas sobre la entidad. No obstante, señaló que los datos disponibles muestran una situación financiera “muy crítica”, con pérdidas acumuladas cercanas a 11 billones de pesos y pasivos que superan los 22 billones de pesos.Según Vesga, este deterioro financiero ayuda a explicar las dificultades que actualmente enfrentan los 11,8 millones de afiliados de Nueva EPS, quienes registran, según Acemi, el mayor represamiento en la atención dentro del sistema de salud. Entre las principales afectaciones, mencionó las demoras en la asignación de citas médicas, la entrega de medicamentos y otros problemas en la prestación de los servicios.Frente a este escenario, la dirigente gremial aseguró que una de las primeras responsabilidades del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto será establecer un diagnóstico completo, actualizado y veraz sobre la realidad de Nueva EPS. Indicó que ese proceso deberá incluir un análisis forense de los estados financieros y de la contabilidad de la entidad, con el fin de determinar el alcance de la crisis y definir las medidas de recuperación y estabilización necesarias para garantizar la atención de millones de usuarios del sistema de salud.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, encendió las alertas sobre el estado de salud de los colombianos al revelar un incremento acelerado de enfermedades crónicas, fallas en prevención y retrasos en tratamientos prioritarios, según su más reciente boletín “Salud en Cifras 2026”.El informe muestra que entre 2015 y 2024 los trastornos mentales y del comportamiento fueron las patologías que más crecieron en el país, con un aumento del 166,8%, al pasar de una tasa ajustada de 16,6 a 44,2 casos por cada mil habitantes. También aumentaron las enfermedades tumorales en 78,5% y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en 72%.ACEMI señaló además que la hipertensión arterial y la diabetes concentran una de las mayores cargas del sistema de salud. Para 2024 se identificaron más de 6,2 millones de personas con hipertensión y 2,3 millones con diabetes, mientras que la enfermedad renal crónica ya afecta a 1,2 millones de colombianos.El reporte también advierte sobre los rezagos en vacunación. Aunque la meta nacional es alcanzar coberturas superiores al 95%, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano apenas llega al 54,7% en niñas y al 44,7% en niños de nueve años. En regiones como Buenaventura, Vichada, Chocó y La Guajira las coberturas están incluso por debajo del 60%.En materia de cáncer, el documento revela problemas en la oportunidad de atención. En cáncer de mama el tiempo entre la consulta por síntomas y el inicio del tratamiento sigue en 92,4 días, pese a que la meta es de 60 días. En cáncer de próstata, el acceso al primer tratamiento tarda en promedio 70,5 días, más del doble de la meta establecida de 30 días.ACEMI también alertó sobre el control insuficiente de enfermedades crónicas. Aunque el 65,3% de pacientes con hipertensión mantiene controlada la presión arterial, en diabetes apenas el 23,1% logra un control metabólico adecuado, una caída de más de siete puntos porcentuales frente a 2022.Otro de los puntos críticos expuestos por el gremio es la atención a pacientes con VIH. Solo el 53,1% de los nuevos casos inicia tratamiento antirretroviral dentro de los primeros 30 días después del diagnóstico, lejos de la meta del 95%. Además, la cobertura de terapia antirretroviral cayó de 83,1% en 2023 a 81% en 2025.El informe concluye que, aunque hay avances en diagnóstico temprano de algunos cánceres y recuperación de servicios tras la pandemia, persisten desafíos estructurales en acceso, prevención y manejo oportuno de enfermedades de alto impacto en Colombia.
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), aseguró que las intervenciones del Gobierno a nueve EPS han agravado los problemas de prestación de servicios, así como el deterioro patrimonial y la sostenibilidad financiera que ya enfrentaban estas entidades.“Estamos hablando de entidades que tienen 16 millones de patrimonio negativo, que han dejado de pagar a la red y han dejado de atender a los usuarios (...) El remedio resultó peor que la enfermedad”, afirmó Vesga.La dirigente gremial insistió en que este será uno de los principales retos que deberá asumir el próximo gobierno. "El Gobierno que llegue el 7 de agosto tendrá 19.8 millones de personas afiliadas a EPS frágiles administrativa, financiera y operativamente, sobre las cuales habrá que tomar decisiones urgentes”, señaló.Las declaraciones se dieron durante la presentación de “Consensos para el futuro del Sector Salud”, una hoja de ruta construida durante cinco meses por más de 30 organizaciones del sistema, entre ellas representantes de pacientes, talento humano en salud, academia, industria farmacéutica, prestadores de servicios y aseguradoras.El documento plantea seis bloques estratégicos para enfrentar la crisis: fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad, sostenibilidad financiera, aseguramiento y modelo de atención, protección del talento humano en salud, acceso efectivo a tecnologías sanitarias y salud como motor de ciencia e innovación. Entre todos, los sectores coincidieron en que la estabilización financiera del sistema es la prioridad más urgente.Dentro de las principales propuestas, las organizaciones piden una inyección inmediata de recursos y un flujo financiero continuo que permita garantizar la prestación de los servicios. También solicitan una revisión técnica de la metodología con la que se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud, al considerar que el modelo actual está profundizando la desfinanciación del sistema.Sobre este punto se pronunció Carlos Felipe Escobar, director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS) de la Universidad El Bosque, quien advirtió que la metodología de cálculo de la UPC no fue actualizada durante este Gobierno. “Es claro que la metodología de cálculo de la UPC requiere una revisión técnica profunda para responder a nuevos desafíos como el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas, que hoy están presionando a todos los sistemas de salud”, explicó.Otro de los llamados urgentes incluidos en la propuesta tiene que ver con la protección de los derechos y garantías del talento humano en salud. Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, aseguró que los trabajadores del sector no pueden seguir enfrentando retrasos en pagos, endeudamiento, inestabilidad laboral e incluso falta de seguridad social.“El millón de trabajadores del sector salud en Colombia necesita soluciones y estabilización inmediatas (...) Es una situación sumamente preocupante que está derivando en despidos, renuncias y en la salida del país de profesionales de la salud. Se trata de un recurso humano que no se recupera”, concluyó Mayorga.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció sobre la situación de Nueva EPS. Su presidenta, Ana María Vesga, advirtió que el panorama genera alta preocupación por el impacto que tiene en todo el sistema de salud, afectando la prestación de servicios, a los proveedores y a otras EPS, que ya están recibiendo un traslado acelerado de afiliados ante el temor de una eventual liquidación.El pronunciamiento se da en medio del limbo jurídico en el que permanece la entidad, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud no definiera si prorroga la intervención, la levanta o avanza hacia una liquidación, pese a que la medida venció recientemente. Esta falta de decisiones ocurre en una EPS que concentra más del 20 % de las atenciones en salud del país y que atiende a cerca de 11,8 millones de afiliados.A esto se suman las dificultades que enfrentan los usuarios, con reportes de problemas en la entrega de medicamentos, asignación de citas y autorizaciones médicas, en una entidad que además no presenta estados financieros claros desde hace varios años.Ante este panorama, Vesga hizo un llamado al Gobierno nacional para que entregue claridad sobre la situación real de Nueva EPS y defina un plan concreto para su futuro, teniendo en cuenta su peso dentro del sistema de salud colombiano.
En diálogo con Mañanas Blu, la presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Acemi), Ana María Vesga, lanzó una dura advertencia tras los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra. Para el gremio que representa a entidades como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, las directrices del mandatario carecen de claridad técnica y ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la atención de millones de ciudadanos.Incertidumbre y falta de claridad técnicaLa controversia surgió tras la instrucción del presidente Petro a sus ministros de liquidar las EPS que no cumplan con los indicadores financieros, utilizando la expresión "dentro o fuera". Según Vesga, este mensaje es confuso y no se ajusta a las competencias legales de los ministerios involucrados"No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el gobierno está jugando con la vida de los colombianos", afirmó la directiva, señalando que estas decisiones parecen ignorar el bienestar de los afiliados.Vesga explicó que, técnicamente, las únicas entidades que hoy podrían calificarse como "quebradas" por el incumplimiento de sus indicadores patrimoniales son precisamente las ocho EPS que ya han sido intervenidas por el mismo gobierno.Estas entidades agrupan a cerca de 24 millones de colombianos y presentan pérdidas patrimoniales que ascienden a los 13 billones de pesos, una situación que, según Acemi, ha sido profundizada por la gestión gubernamental de los últimos dos años.¿Una reforma a la salud por la "puerta de atrás"?Desde Acemi y otros sectores se interpreta que estas órdenes de liquidación son un intento de adelantar la reforma a la salud por vía administrativa y de decretos, ante las dificultades legales para realizar traslados masivos de población. Se sospecha que el objetivo final es consolidar a la Nueva EPS como el gran operador único del aseguramiento en el país.Entre las entidades que estarían en la mira para ser liquidadas se encuentran Famisanar, Asmet Salud, Coosalud y Capresoca, las cuales presentan un deterioro patrimonial significativo. obstante, Vesga advirtió que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado "aguantar" los esfuerzos del gobierno, a pesar de las inmensas dificultades financieras que enfrentan.La Nueva EPS: una "caja negra" financieraUno de los puntos más críticos señalados por la presidenta de Acemi es la falta de transparencia en la situación financiera de la Nueva EPS. A pesar de ser el vehículo hacia donde el gobierno pretende trasladar a la población, la entidad no presenta estados financieros desde diciembre de 2023. "Eso es una caja negra", sentenció Vesga, sugiriendo que el deterioro de esta entidad podría incluso duplicar el de las otras EPS en crisis, con pasivos que podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos.Finalmente, el gremio hizo un llamado a que, antes de proceder con planes de liquidación masiva o traslados, el gobierno revele la realidad financiera de la Nueva EPS y evalúe el enorme impacto que una crisis en dicha entidad tendría sobre toda la red de prestadores de salud en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que la medida, en el marco de la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un riesgo para la continuidad de los tratamientos y para el derecho de libre elección de los usuarios.“Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, afirmó Vesga, al advertir que cerca de cuatro millones de usuarios serían trasladados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que actualmente enfrentan graves problemas financieros y operativos.Redistribución de afiliados y libertad de elecciónEl Decreto 182 establece que el Gobierno podrá asignar afiliados a EPS según criterios territoriales y de capacidad operativa. En la práctica, esto implicará que personas afiliadas a una EPS en un municipio donde esta no cumpla con un umbral mínimo de afiliados deberán ser trasladadas a otra aseguradora con mayor presencia en ese territorio.Según Vesga, la medida elimina en la práctica el derecho a la libre elección. “En más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”, explicó. Aunque el decreto contempla un plazo de 60 días para solicitar traslado si existe más de una alternativa en el territorio, en amplias zonas del país la oferta sería limitada.Desde ACEMI se insiste en que una reforma estructural al sistema de salud debe realizarse por vía legislativa y no mediante decreto. “El Consejo de Estado ya le suspendió al Gobierno un decreto anterior por esta misma razón. Hoy lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido”, señaló Vesga, aludiendo al Decreto 858.EPS intervenidas y riesgo de colapsoUno de los puntos más críticos es el fortalecimiento de EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados. La entidad, intervenida desde abril de 2024, enfrenta un patrimonio negativo cercano a los 15 billones de pesos, según cifras citadas por el gremio.“Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor”, advirtió la presidenta de ACEMI. Añadió que estas EPS presentan “una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.Para Vesga, el problema no es únicamente jurídico, sino humano: “Lo que se están moviendo son vidas”. La dirigente explicó que el traslado masivo de afiliados implica que la EPS receptora deberá contratar rápidamente redes de clínicas, hospitales y dispensadores de medicamentos en territorios donde puede no tener capacidad instalada suficiente.Continuidad de tratamientos y pacientes de alto costoEl decreto establece la obligación de garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo, pacientes maternas y patologías catastróficas. Sin embargo, ACEMI duda de la viabilidad operativa de esa garantía.“En el papel está la obligación de continuidad, pero si la EPS no logra contratar red con rapidez, lo que vamos a ver es interrupción en tratamientos y atención general”, afirmó Vesga. Recordó que las EPS intervenidas mantienen deudas con hospitales y proveedores, lo que dificulta la contratación de nuevos servicios.La dirigente comparó la situación con crisis anteriores del sistema de salud en Colombia, como el traslado de afiliados de Café Salud a Medimás, donde se registraron fallas en la atención y retrasos en procedimientos médicos.Impacto en el sistema de salud colombianoEl debate sobre el Decreto 182 se produce en un contexto de profunda discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reorganización territorial busca eficiencia y racionalización del sistema, los gremios advierten sobre improvisación y debilitamiento institucional.La redistribución de afiliados afectará a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. “No hay ninguna que no esté perdiendo población”, aclaró la presidenta de ACEMI.En términos prácticos, los usuarios deberán ser notificados del cambio por su nueva EPS y recibir información sobre su red de atención. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre pacientes con tratamientos en curso y enfermedades graves.Un debate abierto sobre la reforma a la saludEl Decreto 182 reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud colombiano y el alcance de las facultades del Ejecutivo para implementar cambios por vía administrativa. Para ACEMI, la preocupación central es la sostenibilidad financiera y la garantía efectiva del servicio.“La solución no está en mover pacientes. La solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”, concluyó Vesga.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer su respuesta oficial a las observaciones presentadas por Acemi en relación con dos informes técnicos: el contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido y el contraste de registros de medicamentos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).En el documento, la Adres explicó que el análisis sobre servicios prestados a personas fallecidas se realizó con base en la “fecha de prestación del servicio”, dato que las EPS reportan al Ministerio de Salud y Protección Social para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Según la entidad, este campo no corresponde a fechas de autorización, radicación o facturación, sino al momento en que efectivamente se presta el servicio, por lo que las inconsistencias detectadas no pueden atribuirse únicamente a rezagos administrativos.La Adres indicó que el cruce de información con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) permitió identificar registros de servicios reportados después de la fecha de fallecimiento, incluidos casos con diferencias superiores a un año. La entidad sostuvo que la actualización oportuna de las bases de datos es responsabilidad de las EPS y que la calidad de la información es un elemento central para la sostenibilidad del sistema de salud y para la correcta definición de la UPC.En cuanto al informe sobre medicamentos, la Adres respondió a las observaciones de Acemi relacionadas con el aumento de los valores reportados entre 2022 y 2023, señalando que el contraste se realizó sobre periodos comparables del Plan de Beneficios en Salud.De acuerdo con la entidad, el análisis evidenció incrementos en cantidades y valores reportados, así como inconsistencias frente a la información disponible en otras bases del sistema, como los registros sanitarios y los reportes de comercialización.La Adres también explicó que el contraste incluyó la verificación del cumplimiento de la regulación de precios de medicamentos para la vigencia analizada y que los resultados se elaboraron con base en la información suministrada por las propias EPS. En este punto, la entidad precisó que su función no es corregir los datos reportados, sino analizarlos y advertir posibles inconsistencias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.Finalmente, la administradora señaló que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró su compromiso de fortalecer el uso de herramientas de analítica de datos para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.
