La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, encendió las alertas sobre el estado de salud de los colombianos al revelar un incremento acelerado de enfermedades crónicas, fallas en prevención y retrasos en tratamientos prioritarios, según su más reciente boletín “Salud en Cifras 2026”.El informe muestra que entre 2015 y 2024 los trastornos mentales y del comportamiento fueron las patologías que más crecieron en el país, con un aumento del 166,8%, al pasar de una tasa ajustada de 16,6 a 44,2 casos por cada mil habitantes. También aumentaron las enfermedades tumorales en 78,5% y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en 72%.ACEMI señaló además que la hipertensión arterial y la diabetes concentran una de las mayores cargas del sistema de salud. Para 2024 se identificaron más de 6,2 millones de personas con hipertensión y 2,3 millones con diabetes, mientras que la enfermedad renal crónica ya afecta a 1,2 millones de colombianos.El reporte también advierte sobre los rezagos en vacunación. Aunque la meta nacional es alcanzar coberturas superiores al 95%, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano apenas llega al 54,7% en niñas y al 44,7% en niños de nueve años. En regiones como Buenaventura, Vichada, Chocó y La Guajira las coberturas están incluso por debajo del 60%.En materia de cáncer, el documento revela problemas en la oportunidad de atención. En cáncer de mama el tiempo entre la consulta por síntomas y el inicio del tratamiento sigue en 92,4 días, pese a que la meta es de 60 días. En cáncer de próstata, el acceso al primer tratamiento tarda en promedio 70,5 días, más del doble de la meta establecida de 30 días.ACEMI también alertó sobre el control insuficiente de enfermedades crónicas. Aunque el 65,3% de pacientes con hipertensión mantiene controlada la presión arterial, en diabetes apenas el 23,1% logra un control metabólico adecuado, una caída de más de siete puntos porcentuales frente a 2022.Otro de los puntos críticos expuestos por el gremio es la atención a pacientes con VIH. Solo el 53,1% de los nuevos casos inicia tratamiento antirretroviral dentro de los primeros 30 días después del diagnóstico, lejos de la meta del 95%. Además, la cobertura de terapia antirretroviral cayó de 83,1% en 2023 a 81% en 2025.El informe concluye que, aunque hay avances en diagnóstico temprano de algunos cánceres y recuperación de servicios tras la pandemia, persisten desafíos estructurales en acceso, prevención y manejo oportuno de enfermedades de alto impacto en Colombia.
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), aseguró que las intervenciones del Gobierno a nueve EPS han agravado los problemas de prestación de servicios, así como el deterioro patrimonial y la sostenibilidad financiera que ya enfrentaban estas entidades.“Estamos hablando de entidades que tienen 16 millones de patrimonio negativo, que han dejado de pagar a la red y han dejado de atender a los usuarios (...) El remedio resultó peor que la enfermedad”, afirmó Vesga.La dirigente gremial insistió en que este será uno de los principales retos que deberá asumir el próximo gobierno. "El Gobierno que llegue el 7 de agosto tendrá 19.8 millones de personas afiliadas a EPS frágiles administrativa, financiera y operativamente, sobre las cuales habrá que tomar decisiones urgentes”, señaló.Las declaraciones se dieron durante la presentación de “Consensos para el futuro del Sector Salud”, una hoja de ruta construida durante cinco meses por más de 30 organizaciones del sistema, entre ellas representantes de pacientes, talento humano en salud, academia, industria farmacéutica, prestadores de servicios y aseguradoras.El documento plantea seis bloques estratégicos para enfrentar la crisis: fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad, sostenibilidad financiera, aseguramiento y modelo de atención, protección del talento humano en salud, acceso efectivo a tecnologías sanitarias y salud como motor de ciencia e innovación. Entre todos, los sectores coincidieron en que la estabilización financiera del sistema es la prioridad más urgente.Dentro de las principales propuestas, las organizaciones piden una inyección inmediata de recursos y un flujo financiero continuo que permita garantizar la prestación de los servicios. También solicitan una revisión técnica de la metodología con la que se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud, al considerar que el modelo actual está profundizando la desfinanciación del sistema.Sobre este punto se pronunció Carlos Felipe Escobar, director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS) de la Universidad El Bosque, quien advirtió que la metodología de cálculo de la UPC no fue actualizada durante este Gobierno. “Es claro que la metodología de cálculo de la UPC requiere una revisión técnica profunda para responder a nuevos desafíos como el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas, que hoy están presionando a todos los sistemas de salud”, explicó.Otro de los llamados urgentes incluidos en la propuesta tiene que ver con la protección de los derechos y garantías del talento humano en salud. Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, aseguró que los trabajadores del sector no pueden seguir enfrentando retrasos en pagos, endeudamiento, inestabilidad laboral e incluso falta de seguridad social.“El millón de trabajadores del sector salud en Colombia necesita soluciones y estabilización inmediatas (...) Es una situación sumamente preocupante que está derivando en despidos, renuncias y en la salida del país de profesionales de la salud. Se trata de un recurso humano que no se recupera”, concluyó Mayorga.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció sobre la situación de Nueva EPS. Su presidenta, Ana María Vesga, advirtió que el panorama genera alta preocupación por el impacto que tiene en todo el sistema de salud, afectando la prestación de servicios, a los proveedores y a otras EPS, que ya están recibiendo un traslado acelerado de afiliados ante el temor de una eventual liquidación.El pronunciamiento se da en medio del limbo jurídico en el que permanece la entidad, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud no definiera si prorroga la intervención, la levanta o avanza hacia una liquidación, pese a que la medida venció recientemente. Esta falta de decisiones ocurre en una EPS que concentra más del 20 % de las atenciones en salud del país y que atiende a cerca de 11,8 millones de afiliados.A esto se suman las dificultades que enfrentan los usuarios, con reportes de problemas en la entrega de medicamentos, asignación de citas y autorizaciones médicas, en una entidad que además no presenta estados financieros claros desde hace varios años.Ante este panorama, Vesga hizo un llamado al Gobierno nacional para que entregue claridad sobre la situación real de Nueva EPS y defina un plan concreto para su futuro, teniendo en cuenta su peso dentro del sistema de salud colombiano.
En diálogo con Mañanas Blu, la presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Acemi), Ana María Vesga, lanzó una dura advertencia tras los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra. Para el gremio que representa a entidades como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, las directrices del mandatario carecen de claridad técnica y ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la atención de millones de ciudadanos.Incertidumbre y falta de claridad técnicaLa controversia surgió tras la instrucción del presidente Petro a sus ministros de liquidar las EPS que no cumplan con los indicadores financieros, utilizando la expresión "dentro o fuera". Según Vesga, este mensaje es confuso y no se ajusta a las competencias legales de los ministerios involucrados"No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el gobierno está jugando con la vida de los colombianos", afirmó la directiva, señalando que estas decisiones parecen ignorar el bienestar de los afiliados.Vesga explicó que, técnicamente, las únicas entidades que hoy podrían calificarse como "quebradas" por el incumplimiento de sus indicadores patrimoniales son precisamente las ocho EPS que ya han sido intervenidas por el mismo gobierno.Estas entidades agrupan a cerca de 24 millones de colombianos y presentan pérdidas patrimoniales que ascienden a los 13 billones de pesos, una situación que, según Acemi, ha sido profundizada por la gestión gubernamental de los últimos dos años.¿Una reforma a la salud por la "puerta de atrás"?Desde Acemi y otros sectores se interpreta que estas órdenes de liquidación son un intento de adelantar la reforma a la salud por vía administrativa y de decretos, ante las dificultades legales para realizar traslados masivos de población. Se sospecha que el objetivo final es consolidar a la Nueva EPS como el gran operador único del aseguramiento en el país.Entre las entidades que estarían en la mira para ser liquidadas se encuentran Famisanar, Asmet Salud, Coosalud y Capresoca, las cuales presentan un deterioro patrimonial significativo. obstante, Vesga advirtió que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado "aguantar" los esfuerzos del gobierno, a pesar de las inmensas dificultades financieras que enfrentan.La Nueva EPS: una "caja negra" financieraUno de los puntos más críticos señalados por la presidenta de Acemi es la falta de transparencia en la situación financiera de la Nueva EPS. A pesar de ser el vehículo hacia donde el gobierno pretende trasladar a la población, la entidad no presenta estados financieros desde diciembre de 2023. "Eso es una caja negra", sentenció Vesga, sugiriendo que el deterioro de esta entidad podría incluso duplicar el de las otras EPS en crisis, con pasivos que podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos.Finalmente, el gremio hizo un llamado a que, antes de proceder con planes de liquidación masiva o traslados, el gobierno revele la realidad financiera de la Nueva EPS y evalúe el enorme impacto que una crisis en dicha entidad tendría sobre toda la red de prestadores de salud en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que la medida, en el marco de la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un riesgo para la continuidad de los tratamientos y para el derecho de libre elección de los usuarios.“Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, afirmó Vesga, al advertir que cerca de cuatro millones de usuarios serían trasladados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que actualmente enfrentan graves problemas financieros y operativos.Redistribución de afiliados y libertad de elecciónEl Decreto 182 establece que el Gobierno podrá asignar afiliados a EPS según criterios territoriales y de capacidad operativa. En la práctica, esto implicará que personas afiliadas a una EPS en un municipio donde esta no cumpla con un umbral mínimo de afiliados deberán ser trasladadas a otra aseguradora con mayor presencia en ese territorio.Según Vesga, la medida elimina en la práctica el derecho a la libre elección. “En más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”, explicó. Aunque el decreto contempla un plazo de 60 días para solicitar traslado si existe más de una alternativa en el territorio, en amplias zonas del país la oferta sería limitada.Desde ACEMI se insiste en que una reforma estructural al sistema de salud debe realizarse por vía legislativa y no mediante decreto. “El Consejo de Estado ya le suspendió al Gobierno un decreto anterior por esta misma razón. Hoy lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido”, señaló Vesga, aludiendo al Decreto 858.EPS intervenidas y riesgo de colapsoUno de los puntos más críticos es el fortalecimiento de EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados. La entidad, intervenida desde abril de 2024, enfrenta un patrimonio negativo cercano a los 15 billones de pesos, según cifras citadas por el gremio.“Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor”, advirtió la presidenta de ACEMI. Añadió que estas EPS presentan “una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.Para Vesga, el problema no es únicamente jurídico, sino humano: “Lo que se están moviendo son vidas”. La dirigente explicó que el traslado masivo de afiliados implica que la EPS receptora deberá contratar rápidamente redes de clínicas, hospitales y dispensadores de medicamentos en territorios donde puede no tener capacidad instalada suficiente.Continuidad de tratamientos y pacientes de alto costoEl decreto establece la obligación de garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo, pacientes maternas y patologías catastróficas. Sin embargo, ACEMI duda de la viabilidad operativa de esa garantía.“En el papel está la obligación de continuidad, pero si la EPS no logra contratar red con rapidez, lo que vamos a ver es interrupción en tratamientos y atención general”, afirmó Vesga. Recordó que las EPS intervenidas mantienen deudas con hospitales y proveedores, lo que dificulta la contratación de nuevos servicios.La dirigente comparó la situación con crisis anteriores del sistema de salud en Colombia, como el traslado de afiliados de Café Salud a Medimás, donde se registraron fallas en la atención y retrasos en procedimientos médicos.Impacto en el sistema de salud colombianoEl debate sobre el Decreto 182 se produce en un contexto de profunda discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reorganización territorial busca eficiencia y racionalización del sistema, los gremios advierten sobre improvisación y debilitamiento institucional.La redistribución de afiliados afectará a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. “No hay ninguna que no esté perdiendo población”, aclaró la presidenta de ACEMI.En términos prácticos, los usuarios deberán ser notificados del cambio por su nueva EPS y recibir información sobre su red de atención. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre pacientes con tratamientos en curso y enfermedades graves.Un debate abierto sobre la reforma a la saludEl Decreto 182 reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud colombiano y el alcance de las facultades del Ejecutivo para implementar cambios por vía administrativa. Para ACEMI, la preocupación central es la sostenibilidad financiera y la garantía efectiva del servicio.“La solución no está en mover pacientes. La solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”, concluyó Vesga.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer su respuesta oficial a las observaciones presentadas por Acemi en relación con dos informes técnicos: el contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido y el contraste de registros de medicamentos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).En el documento, la Adres explicó que el análisis sobre servicios prestados a personas fallecidas se realizó con base en la “fecha de prestación del servicio”, dato que las EPS reportan al Ministerio de Salud y Protección Social para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Según la entidad, este campo no corresponde a fechas de autorización, radicación o facturación, sino al momento en que efectivamente se presta el servicio, por lo que las inconsistencias detectadas no pueden atribuirse únicamente a rezagos administrativos.La Adres indicó que el cruce de información con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) permitió identificar registros de servicios reportados después de la fecha de fallecimiento, incluidos casos con diferencias superiores a un año. La entidad sostuvo que la actualización oportuna de las bases de datos es responsabilidad de las EPS y que la calidad de la información es un elemento central para la sostenibilidad del sistema de salud y para la correcta definición de la UPC.En cuanto al informe sobre medicamentos, la Adres respondió a las observaciones de Acemi relacionadas con el aumento de los valores reportados entre 2022 y 2023, señalando que el contraste se realizó sobre periodos comparables del Plan de Beneficios en Salud.De acuerdo con la entidad, el análisis evidenció incrementos en cantidades y valores reportados, así como inconsistencias frente a la información disponible en otras bases del sistema, como los registros sanitarios y los reportes de comercialización.La Adres también explicó que el contraste incluyó la verificación del cumplimiento de la regulación de precios de medicamentos para la vigencia analizada y que los resultados se elaboraron con base en la información suministrada por las propias EPS. En este punto, la entidad precisó que su función no es corregir los datos reportados, sino analizarlos y advertir posibles inconsistencias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.Finalmente, la administradora señaló que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró su compromiso de fortalecer el uso de herramientas de analítica de datos para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.
La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, advirtió que el sistema de salud colombiano podría profundizar su deterioro financiero si el Gobierno no incrementa la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en al menos 17% para 2026. En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, la dirigente gremial explicó que el cálculo no es producto de una negociación, sino de una metodología técnica que refleja el verdadero costo de la atención en salud.“No hacerlo supone llevar al sistema a continuar en la asfixia financiera que está afectando a miles de pacientes en todo el país”, afirmó Vesga al insistir en que el aumento es indispensable para frenar el colapso progresivo que ya se evidencia en demoras, falta de medicamentos y mayores gastos de bolsillo para los usuarios.Una necesidad técnica, no políticaPalabras clave SEO: UPC 2026, crisis EPS, aumento de la UPC, sistema de salud, ACEMISegún Vesga, la discusión sobre el aumento de la UPC se ha distorsionado por discursos políticos que vinculan la medida a beneficios para las EPS. Rechazó de manera categórica esa narrativa:“La UPC no es nada distinto que la protección financiera del Estado para que todos accedan a un servicio de salud con oportunidad, dignidad y calidad”.Recordó que la Corte Constitucional ordenó revisar el cálculo de los años anteriores para corregir insuficiencias que han contribuido al déficit acumulado. El gremio estima que el rezago histórico ya oscila entre 20 y 30 billones de pesos, una cifra que agrava la fragilidad del sistema.Vesga subrayó que tanto ACEMI como la ANDI y otros actores han llegado a estimaciones similares, todas basadas en proyecciones de inflación, frecuencias de consumo en salud y análisis de suficiencia financiera.El impacto del rezago y la urgencia de estabilizaciónAnte la pregunta de si un incremento del 16% o 17% resolvería la crisis, Vesga aclaró que el ajuste sería apenas el primer paso:“Ese aumento es una señal de confianza para empezar la estabilización… pero el sistema ha acumulado un rezago muy importante”.Si bien la UPC reajustada comenzaría a operar desde el 1 de enero de 2026, la dirigente recalcó que la prioridad es detener el desfinanciamiento corriente que afecta a miles de colombianos hoy mismo. Para ella, la situación demanda una intervención inmediata por parte del Gobierno.¿Existe espacio fiscal?Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Vesga confirmó que sí existe margen para un incremento de alrededor del 15%, siempre que el Ejecutivo priorice correctamente la destinación de los fondos:“Se requiere voluntad… el recurso del aseguramiento debe ser prioritario y no desviarse hacia otros usos como equipos básicos u hospitales buque”.La afirmación responde a señalamientos sobre la orientación del gasto público durante los últimos años, donde —según el gremio— los recursos del aseguramiento han sido utilizados para fines distintos a la operación del sistema.Salario mínimo y UPC: ¿relación directa?Sobre los comentarios del presidente Gustavo Petro, quien en redes sociales relacionó el aumento de la UPC con la reforma tributaria y el ajuste del salario mínimo, Vesga señaló que sí existe una conexión, pero no en los términos planteados por el mandatario.“El año pasado hubo un aumento de UPC del 5.2% real, mientras el mínimo subió más del 10%. Ese desbalance genera presión porque buena parte de los costos del sistema están asociados al talento humano”, explicó.Si el salario mínimo crece por encima del ajuste de la UPC, se crea un hueco financiero que se acumula año tras año y que termina afectando directamente la atención de los usuarios.Los límites del cálculo: no hay ‘piso y techo’Frente a la insistencia sobre cuál sería un incremento mínimo aceptable, Vesga reiteró que la metodología técnica no permite hablar de pisos ni techos:“El sistema está creciendo entre 15 y 17%. Para un aumento superior al 15% hay espacio fiscal; lo que falta es voluntad política”, puntualizó.La presidenta de ACEMI cerró la conversación insistiendo en que cualquier aumento por debajo del requerido prolongaría la crisis en las EPS y, por ende, el deterioro en la atención de los pacientes en el país.
Con la llegada del fin de año vuelve al debate el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, un ajuste que será clave para la sostenibilidad del sistema de salud. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) plantea que la UPC debe crecer, como mínimo, 15,6% el próximo año para evitar un mayor deterioro en la operación del aseguramiento.Según su análisis financiero, el sistema está gastando más de lo que recibe: la siniestralidad proyectada para 2025 alcanza el 105,9%, lo que significa que por cada $100 que ingresan a las EPS se destinan casi $106 solo para atenciones, sin contar costos administrativos.A este panorama se suma un nuevo estudio de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que representa el 61,4% del régimen contributivo. Según la agremiación, la UPC debería aumentar 17,33% en 2026 para garantizar la atención adecuada de los afiliados. El cálculo se realizó siguiendo la metodología utilizada por el Gobierno y se construyó con la información reportada por las EPS para el estudio de suficiencia.El análisis refleja el comportamiento del gasto en salud, ajustado por la inflación causada y por el incremento en la frecuencia de uso de los servicios.Tanto la Andi como Acemi coinciden en que la brecha entre los recursos disponibles y los costos reales del aseguramiento se ha ampliado en los últimos años. En 2025, el déficit operativo proyectado supera los $10 billones, mientras que las quejas, reclamos y tutelas por servicios de salud han mostrado aumentos significativos.Para los gremios, el ajuste de la UPC en 2026 será determinante para evitar que la crisis se profundice y afecte la continuidad y calidad de la atención a millones de colombianos.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.
