El contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, anunció que presentará una denuncia penal contra varias EPS que le dieron información a la Contraloría General de la República y luego han salido a decir a los medios de comunicación que el informe de la entidad presenta cifras que no son reales. La denuncia sería presentada por el delito de falsedad documental.
La Contraloría publicó un informe según el cual solamente cinco de las EPS del país cumplen con los requisitos financieros y patrimoniales para operar y las otras 21 podrían ser intervenidas por la Superintendencia de Salud en cualquier momento.
El informe habla de un hueco en las finanzas por 25 billones de pesos en deudas a otros actores del sector salud y de un faltante de más de 12 billones en las reservas técnicas.
“Quiero recordarles a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia a los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación ni algunos asuntos en los que hemos dicho hay unas cosas que mejorar que son fallas estructurales del sistema”, dijo Zuluaga.
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Tras la publicación del informe de la Contraloría, el gremio de las EPS, Acemi, pidió una mesa técnica con el Gobierno, dijo que las cifras estaban distantes de la realidad y que “la incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema”.
El Contralor anunció que en marzo publicará un nuevo informe detallando a dónde fueron a parar los recursos de la UPC (que es lo que el Gobierno paga por cada afiliado).
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Las otras demandas y problemas que enfrentan las EPS en Colombia
Además, en línea con lo que ha venido pidiendo el Gobierno nacional, habló de la necesidad de levantar el velo corporativo y perseguir directamente a los dueños de las EPS en caso de que se encuentre que se desviaron recursos.
Las denuncias del contralor se suman a la demanda de acción popular del Ministerio de Salud contra 21 EPS, a las que acusa de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.
En su defensa, las EPS insisten en que los recursos del sistema están mal calculados y no se pagan a tiempo y que el Gobierno les debe 5.6 billones de pesos.
El telón de fondo de esta polémica es la discusión de la reforma a la salud en el Congreso que acabaría con las EPS para transformarlas en gestoras de salud y vida sin la gestión de los recursos del sistema que pasarían a ser directamente administrados por el Gobierno nacional.
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La reforma a la salud cursa su tercero de cuatro debates en el Senado de la República y debe ser aprobada antes del fin del periodo legislativo o se hundiría por falta de trámite.
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