Uno de los grandes problemas, según los hinchas, en el fútbol profesional colombiano tiene que ver por la forma en que se maneja el VAR, pues en algunos partidos ha tomado protagonismo por jugadas polémicas y la no publicación de los audios que derivaron en la decisión del cuerpo arbitral al tomar una decisión en el campo.Ante estas criticar, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, atendió inquietudes entorno a este tema y explicó por qué no siempre salen los audios cuando suceden jugadas polémicas, que le puedan dar mayor tranquilidad a los hinchas de ciertas decisiones para evitar especulaciones."Desafortunadamente, uno no puede publicar todo porque hay restricciones que tiene el mismo arbitraje. Sin embargo, vamos a tratar de que haya más jugadas con audios. No se está haciendo por nada malo, sino porque el lenguaje en el audio no es el adecuado, pero hasta ahí, no es por nada más", explicó el dirigente del fútbol profesional colombiano.¿Cómo se podrá mejorar el VAR en Colombia?De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, el objetivo de la Comisión Arbitral será capacitar mejoras a los jueces, incluyendo que tengan un mejor estado físico y que se pueda rotar los que puedan tener partidos en la altura, que, por temas de salud, no ha sido posible tenerlos a todos disponibles."Cada día, menos personas quieren ser árbitros porque saben que es una profesión difícil, que requiere sacrificios. Por eso, se está trabajando en ello para mirar decisiones a tomar con el fin de que esto mejore. Lo que se quiere es que todos tengan buena capacitación, apoyo y se les de el respeto que todos merecen", puntualizó.Asimismo, se pondrá una barrera en la zona del VAR para que el juez no sea interrumpido por quejas de cuerpos técnicos, futbolistas o hinchas que derivan en tiempo perdido de juego.
Carlos Mario Zuluaga comenzó a trabajar en torno a la Dimayor en su rol como nuevo presidente, esto tras su paso por varios años al mando de La Equidad en Bogotá. Ante medios de comunicación, él explicó un poco de cuáles son sus deseos y cómo poder trabajar para que el fútbol profesional colombiano mejore su imagen, en especial en torneos internacionales.Primero puntualizó en que los clubes deben pensar en mejorar la calidad de sus plantillas y para eso deben invertir de mejor manera, es decir, mejorar su trabajo de fichajes. Pero comentó que otro error que se comete es no trabajar de manera correcta las divisiones inferiores, pero si se llega a un equilibrio en ambas parte se podría tener mejores participaciones internacionales."Los mayores ingresos en el fútbol se dan en torneo internacional, es por eso que los equipos tienen que reforzarse bien para que les vaya bien en estos torneos, porque van a traer ingresos", dijo.Por otro lado, en cuanto a competitividad, mencionó que bajo su concepto debería solo darse 18 equipos en la A y 18 en la B, además, de que el descenso debería trabajarse manera diferente. Pero dijo que esto es una decisión en la asamblea, no solo él como cabeza de la Dimayor, pues todos los clubes deben estar de acuerdo con el trabajo del fútbol profesional colombiano."Hoy tenemos una categoría C, pero no es profesional y para que eso ocurra, tenemos que tener una categoría B sostenible y fuerte, entonces si queremos una C tenemos que consolidar los equipos de la B (...) Yo creo que debe de haber 18 equipos en la A y 18 equipos en la B. El tema del descenso y ascenso se va a llevar a la asamblea y tenemos que tomar las decisiones ahí, estoy seguro que muchos están de acuerdo", dijo.Finalmente, habló sobre el tema de seguridad y los derechos de televisión que son dos temas polémicos en el país, que, según él, el primero debe ser un trabajo con autoridades y con mayor eficacia de sanción, mientras que lo segundo se debe revisar mejor el producto y no descarta ampliarse a plataformas de streaming.
En una asamblea extraordinaria celebrada en Barranquilla, Carlos Mario Zuluaga fue elegido como el nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), en reemplazo de Fernando Jaramillo. La votación se llevó a cabo antes del partido entre Colombia y Paraguay, y Zuluaga obtuvo la mayoría de los votos de los clubes afiliados.Un nuevo liderazgo en la DimayorZuluaga, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente del Club Deportivo La Equidad, recibió 20 votos a favor de los 36 equipos que integran la Dimayor. Su elección marca el inicio de una nueva etapa en la institución, que enfrenta retos importantes, como la renegociación de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).El nuevo presidente de la Dimayor es tecnólogo en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano de Medellín, Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia y Abogado de la Universidad Católica de Bogotá. Además, cuenta con una especialización en Mercadeo, Liderazgo y Seguridad Social, así como una maestría en International Sports Law en la Universidad de Lleida, España.Experiencia y trayectoriaCon más de 40 años de experiencia en diversos sectores, Zuluaga ha ocupado cargos directivos en empresas públicas y privadas de los sectores financiero, salud, servicios y deporte. En el ámbito futbolístico, su relación con La Equidad se remonta a varios años, ocupando diversos cargos directivos tanto en el club como en la aseguradora propietaria del equipo hasta principios de este año.Además de su gestión en el fútbol, ha trabajado en compañías reconocidas como Automundial, John Restrepo & CIA, Química Amtex, Ceramita del Grupo Corona, Coomeva y la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop).Su llegada a la Dimayor genera expectativas entre los clubes y los aficionados, quienes esperan que su liderazgo contribuya al fortalecimiento y crecimiento del fútbol colombiano.El nuevo presidente tendrá el reto de fortalecer el campeonato colombiano, mejorar la gestión financiera de los clubes y trabajar en la implementación de estrategias que impulsen el desarrollo del fútbol en el país. Con esta designación, se espera que Zuluaga traiga nuevas ideas y medidas para mejorar la competitividad del torneo y la relación entre los clubes afiliados a la Dimayor.
Luego de que en mayo de 2023 el Consejo de Estado declarara como nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez para el cargo de contralor general de la República para la vigencia 2022 – 2026, y por este motivo, el cargo fue ocupado por el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, este alto tribunal se pronunció respecto a este caso.En ese sentido, la sección quinta del Consejo de Estado ratificó el nombramiento de Carlos Mario Zuluaga como Contralor General encargado, la sustentación de esta demanda de anulación se basa en la falta de competencia del funcionario que expidió la resolución para declarar la falta absoluta del cargo y en ese sentido encargar al demandado con el fin de que asumiera las funciones de contralor general de la República.Además, se alegó también que esta facultad era exclusivamente del Congreso de la República.El Consejo de Estado aún debe resolver una serie de cuestionamientos sobre este caso, como determinar si “es nulo el acto enjuiciado por la falta de competencia del contralor general de la República para declarar la falta absoluta de su cargo, según lo disponen los artículos 267 y 268 de la CP; y 35 del decreto ley 267 de 2000 y, a su vez, determinar quién asumiría las funciones de ese cargo”, señaló el documento emitido por el alto tribunal.Por otro lado, la sentencia dice que el excontralor Carlos Hernán Rodríguez no tenía la capacidad legal para declarar la vacancia definitiva de su cargo ni para haber designado un reemplazo temporal, por esto se concluyó que incurrió en una extralimitación de las funciones constitucionalmente atribuidas.Por último, a pesar de la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme el cargo de Zuluaga, la Corte Constitucional decidió suspender el proceso hasta que se resuelva la tutela que presentó el excontralor. Por tanto, se efectuará una discusión frente a este caso en la orden del día de la Corte Constitucional y así las cosas, Carlos Mario Zuluaga seguirá cumpliendo sus funciones como Contralor General.
El Plan Decenal del Sistema de Justicia, concebido en 2017 con el propósito de articular las políticas públicas del sistema de justicia durante 10 años, fue calificado por la Contraloría como un fracaso.Una evaluación adelantada por el órgano de control reveló un panorama marcado por serias debilidades estructurales que han conducido al fracaso en su diseño, ejecución y seguimiento.El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado a la fiscal electa Luz Adriana Camargo para que se apropie de este tema.“Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a la señora fiscal. Esta es una oportunidad para que la justicia pueda liderar de manera más enérgica este Plan Decenal de Justicia, entendiendo que los colombianos están agotados de percibir que las denuncias no trascienden. Lo dice este informe: el 80 % de las noticias criminales se archivan o quedan inactivas. Es una oportunidad esta evaluación que hace la Contraloría, a partir de la publicación de este informe, para que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la fiscal, Luz Adriana Camargo, lidere de manera categórica, en conjunto con el Ministerio de Justicia, la implementación de las metas previstas en el Plan Decenal”, comentó ZuluagaLa Contraloría evidenció una alarmante falta de sincronización y liderazgo institucional por parte del comité directivo del Plan. A pesar de los seis años transcurridos desde su inicio, las acciones formuladas no han generado los resultados esperados, lo que evidencia una desarticulación persistente en la implementación de las políticas de justicia.Asimismo, la persistencia del fenómeno de la impunidad sigue siendo un desafío crucial. Más del 80 % de las noticias criminales terminan archivadas, principalmente debido a la falta de identificación de los responsables. En lo que respecta a la congestión judicial, a excepción de la Jurisdicción Constitucional, se ha observado un aumento en el índice de congestión efectivo en todas las especialidades, lo que deja en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para agilizar los procesos judiciales.Ante este escenario, las instituciones responsables han tomado medidas correctivas, eliminando inicialmente 200 de las 735 acciones propuestas en el Plan. Sin embargo, la propuesta de suprimir otras 145 acciones adicionales representa un riesgo significativo para el cumplimiento de los objetivos planteados, según advierte la Contraloría General de la República.Una de las principales barreras identificadas radica en la insuficiencia de recursos presupuestales, lo que ha impactado negativamente en el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan. En promedio, las entidades encargadas de la implementación han experimentado un rezago presupuestal del 49 %, lo que refleja una grave deficiencia en la planificación financiera del sistema de justicia.A pesar de los considerables esfuerzos fiscales y administrativos realizados, incluyendo una inversión significativa de $ 61,8 billones y la implementación de mecanismos virtuales para mejorar el acceso y la gestión judicial, los indicadores de gestión no han experimentado mejoras. La resolución de conflictos en el Sistema Judicial sigue siendo lenta y los ciudadanos continúan enfrentando barreras para acceder a una justicia oportuna y efectiva.En vista de estos líos, la Contraloría hizo un llamado urgente para realizar cambios estructurales en el Plan Decenal del Sistema de Justicia. Estos cambios incluyen la definición clara de metas, la asignación adecuada de recursos, el establecimiento de indicadores de seguimiento y medición de impacto, y una colaboración más armónica entre las entidades públicas involucradas.Además, se destaca la importancia de un liderazgo más firme por parte del Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Poder Judicial y el Sistema de Justicia en su conjunto.
La Contraloría General de la República anunció una investigación tras las denuncias de la entrega de millonarios contratos de transición energética por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro que favorecen a Euclides Torres, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial. El anuncio lo hizo desde Vaupés el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Por otra parte, la introducción del proyecto de ley 233 de 2023 ha generado duros cuestionamientos en la Cámara de Representantes, entre los que están los de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). La propuesta legislativa, que también corresponde al proyecto de ley 142 de 2022 en el Senado y busca introducir modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov), se trata de un sistema clave para la regulación de procesos trascendentales como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de conducción en el país, según reveló La Silla Vacía.La crítica principal de la Andi se centra en el artículo 15 del proyecto de ley, que, según argumentan, podría excluir de manera efectiva a cualquier competidor del Clan Torres en futuras licitaciones para la operación del Sicov.Pero este no es el único escíndalo al que se refirió el contralor Zuluaga, la Contraloría General hizo un llamado al Ministerio de Defensa para poner en marcha un plan para que se pongan en funcionamiento los helicópteros MI-17 que están sin funcionamiento.Además, autorizó una revisión fiscal para revisar porque no están en operación.Mientras el contralor hacia este el ministro de la Defensa, Iván Velásquez aclaró: “Que el hecho de que una empresa en cualquier parte del mundo esté en la lista impide establecer relaciones financieras con estas empresas rusas que hacían el mantenimiento, no tenemos posibilidad de desarrollar las relaciones para el mantenimiento, se produjo desde el primer semestre del 2022, estamos buscando alternativas, si con empresas rusas que no estén sometidas a sanción o las que estén en otros países”.Esto luego que la embajada de Rusia en Colombia revelara que, a comienzos del año pasado, entre el Ministerio de Defensa y la empresa Nasc fueron firmados documentos que permitían seguir con la ejecución de los contratos, “pero en febrero de 2023, el Ministerio otra vez detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución”.Entre tanto, el Contralor en funciones reveló que se reunió con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para coordinar acciones entre ambas entidades que permitan esclarecer las irregularidades que se presentaron en la compra y operación de 40 carrotanques para La Guajira.Además, Zuluaga también reveló que se ha reunido con el canciller (e) Luis Gilberto Murillo y delegados de Thomas Greg & Sons para que se siga con la expedición de pasaportes. Esto para evitar un detrimento patrimonial en una demanda de Greg & Sons. La próxima semana habrá una nueva reunión.
En un reciente comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) informó que encontró serias irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados a distribuir agua potable en el departamento de La Guajira, un caso ahora considerado de impacto nacional por la entidad fiscalizadora.De acuerdo con el organismo, se evidenció un sobrecosto de $7.760 millones, que ha puesto en jaque a exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a representantes legales de tres empresas, por lo que inició un proceso de responsabilidad fiscal en su contra.“Estos exfuncionarios no solamente serán vinculados como presuntos responsables fiscales dentro de la investigación formal que realizará la Unidad de Investigaciones especial contra la corrupción, sino que también se decretarán medidas cautelares en su contra", precisó el contralor en funciones, Carlos Mario ZuluagaLa CGR preliminarmente ha determinado un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones (exactamente $7.760´009.410), a partir de un análisis del costo unitario de cada carrotanque nuevo puesto en La Guajira y realizado a partir de cotizaciones obtenidas por un equipo de la Delegada de Infraestructura, según el comunicado. La investigación determinó que el valor total, sin incluir IVA, de los 40 carrotanques debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS, antes de IVA”, dice el comunicado de la Contraloría.De acuerdo con la Contraloría el caso revela una serie de fallas procesales y de transparencia. Se ha identificado que, contrario a lo esperado en un proceso de tal envergadura, "la UNGRD no ha presentado los estudios previos y de necesidad de adquisición de estos carrotanques ni tampoco el estudio de mercado para establecer el valor máximo de los mismos", lo que agrava las sospechas de irregularidad en la gestión de los recursos destinados a mitigar la crisis hídrica en La Guajira.Además, llama la atención el descubrimiento de vínculos entre las empresas cotizantes, particularmente la adjudicataria, cuyo objeto social ni siquiera incluye la venta de carrotanques, de acuerdo con el ente de control.De acuerdo con la Contraloría, la investigación ha desvelado una trama de relaciones y apresuramientos que ponen en duda la transparencia del proceso."También encontró la Contraloría que la empresa adjudicataria IMPOAMERICANA ROGER SAS era la de menor capacidad entre las tres cotizantes; en su objeto social no estaba incluida la venta de carrotanques y que tenía un escaso capital de trabajo de $207 millones para responder y cumplir por un contrato de $46.800 millones", señaló el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.Estas son las conclusiones del informe realizado por la Contraloría Delegada para Infraestructura:La UNGRD no presentó los Estudios Previos y de Análisis de la Necesidad que sustentaran con suficiencia lo contratado mediante la Orden de Proveeduría Nro. SMD-GS-CTQ-192-2023 ni tampoco los Estudios de Mercado que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques.La UNGRD no presentó un Plan de Acción específico para la logística, funcionamiento, aprovisionamiento y distribución adecuada del agua potable a suministrar a las Comunidades de Uribia y sus zonas rurales.Conforme lo presentado en este Informe, es evidente que no hubo una selección idónea y objetiva de las tres empresas que presentaron cotización para esta Orden de Proveeduría.Los tres proveedores escogidos por la UNGRD para que presentaran cotización para la compraventa de los 40 carrotanques, tienen relaciones familiares, comerciales y personales entre ellos, de modo que la UNGRD no realizó una selección que evidenciara competencia, objetividad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación.No se evidencia una planeación adecuada de la UNGRD para garantizar la debida operatividad y sostenibilidad de suministro de agua potable mediante carrotanques para las condiciones particulares de Uribia y sus zonas rurales, toda vez que el aprovisionamiento de agua no está asegurado; tampoco está bien definida la contratación, pago y supervisión de los operarios que participan en este programa; ni tampoco están establecidas con precisión las comunidades beneficiarias del mismo ni la mejor ruta para llegar a ellas.A partir de lo informado por el Funcionario de la CGR que visitó la Base Militar Matamoros en Uribia, se hace necesario investigar a profundidad si hubo o no una presunta duplicidad en la contratación del suministro e instalación de la motobomba, mangueras y del alistamiento final de los carrotanques, puesto que hubo una manifestación del doctor Olmedo de Jesús López Martínez en Uribia al citado Funcionario, de que la UNGRD suscribió una Orden de Proveeduría adicional para el suministro e instalación de estos elementos, lo cual no pudo ser constatado en los documentos recolectados ni en los testimonios obtenidos.Dado que se entregaron, recibieron a satisfacción y pagaron, nueve (9) carrotanques con capacidad volumétrica inferior a la contratada (15.000 litros),Se determinó un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Proveeduría suscrita por la UNGRD y, como consecuencia de ello, un presunto detrimento patrimonial al Estado por haberlos pagado sin el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.Pese a que, según la UNGRD, estos carrotanques fueron adquiridos para contribuir a superar la situación de desastre nacional en el Departamento de La Guajira, los mismos solo empezaron a ser utilizados a partir de febrero 22 de 2024, es decir, 3 meses después de haber sido recibidos a satisfacción y 2 meses después de haber sido pagados al proveedor.Importante anotar que la UNGRD no ha presentado la necesaria certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable a las comunidades de Uribia y sus zonas rurales.Por último, el análisis del costo unitario de suministrar y entregar a satisfacción en Uribia, un carrotanque doble troque nuevo marca DAF de 15.000 litros de capacidad, indica que se presentó un presunto sobrecosto de $ 7.760 millones en la adquisición de estos 40 carrotanques.
La Contraloría General de la República ya terminó un informe que detalla las irregularidades que se habrían presentado en la polémica compra de 40 carrotanques que llevan agua al departamento de La Guajira.Estos vehículos han sido el centro de varios cuestionamientos por las irregularidades que se habrían cometido a la hora de su compra y adecuación para ponerlos en funcionamiento.El informe del ente de control detalla que conclusiones preliminares relacionadas con una celebración irregular de contratos con algunos sobrecostos y elementos como la elaboración de mallas de contratación de relacionamiento de empresas que participaron en estas y en otras contrataciones que adelantó la UNGRD en las últimas semanas.La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) está terminando este informe que será presentado el próximo lunes 11 de marzo.“Ya concluyó la etapa investigativa de la primera revisión y lo que aspiramos es que podamos tomar decisiones mucho más amplias de lo que el país espera”, dijo el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo tendrá información exclusivamente del escándalo de carrotanques en el departamento de La Guajira, sino que contará detalles de los contratos de la Unidad y el manejo de los recursos que superan el billón de pesos.Le puede interesar:
El contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, anunció que presentará una denuncia penal contra varias EPS que le dieron información a la Contraloría General de la República y luego han salido a decir a los medios de comunicación que el informe de la entidad presenta cifras que no son reales. La denuncia sería presentada por el delito de falsedad documental.La Contraloría publicó un informe según el cual solamente cinco de las EPS del país cumplen con los requisitos financieros y patrimoniales para operar y las otras 21 podrían ser intervenidas por la Superintendencia de Salud en cualquier momento.El informe habla de un hueco en las finanzas por 25 billones de pesos en deudas a otros actores del sector salud y de un faltante de más de 12 billones en las reservas técnicas.“Quiero recordarles a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia a los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación ni algunos asuntos en los que hemos dicho hay unas cosas que mejorar que son fallas estructurales del sistema”, dijo Zuluaga.Tras la publicación del informe de la Contraloría, el gremio de las EPS, Acemi, pidió una mesa técnica con el Gobierno, dijo que las cifras estaban distantes de la realidad y que “la incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema”.El Contralor anunció que en marzo publicará un nuevo informe detallando a dónde fueron a parar los recursos de la UPC (que es lo que el Gobierno paga por cada afiliado).Las otras demandas y problemas que enfrentan las EPS en ColombiaAdemás, en línea con lo que ha venido pidiendo el Gobierno nacional, habló de la necesidad de levantar el velo corporativo y perseguir directamente a los dueños de las EPS en caso de que se encuentre que se desviaron recursos.Las denuncias del contralor se suman a la demanda de acción popular del Ministerio de Salud contra 21 EPS, a las que acusa de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.En su defensa, las EPS insisten en que los recursos del sistema están mal calculados y no se pagan a tiempo y que el Gobierno les debe 5.6 billones de pesos.El telón de fondo de esta polémica es la discusión de la reforma a la salud en el Congreso que acabaría con las EPS para transformarlas en gestoras de salud y vida sin la gestión de los recursos del sistema que pasarían a ser directamente administrados por el Gobierno nacional.La reforma a la salud cursa su tercero de cuatro debates en el Senado de la República y debe ser aprobada antes del fin del periodo legislativo o se hundiría por falta de trámite.
En una entrevista con Mañanas Blu, el contralor general de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, se refirió a su más reciente informe sobre la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento revela que el 80% de las EPS no cumplen con los estándares de solvencia y reservas técnicas exigidos, lo que representa un riesgo para su estabilidad y funcionamiento.Según el informe, solo cinco de las EPS evaluadas cumplen con los indicadores técnicos requeridos: Salud Total, Sura con Foscal, E.P.S. Sanitas, Compensar, y la Nueva EPS. Las dificultades financieras del sistema de salud, de acuerdo con la Contraloría, se atribuyen a la ineficiente gestión de recursos por parte de algunas EPS, la no constitución de reservas técnicas adecuadas, retrasos en los pagos del Estado y debates sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos del sistema.“Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia o el de las reservas técnicas, que no están siendo cumplidas por estas 16 EPS. Son 16 realmente, las que no están cumpliendo esos tres indicadores. Algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero estas cinco cumplen los tres indicadores, 16 no cumplen ninguno de los tres indicadores y algunas se reparten entre un indicador y otro, lo que hace de que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de ley que tienen las EPS en Colombia pongan en riesgo, digamos, su propia estabilidad y su propio autosostenimiento”, dijo.El contralor Zuluaga destacó la importancia de encontrar soluciones que aseguren la calidad en la prestación del servicio de salud a la población colombiana.Este informe adquiere relevancia en el contexto del debate sobre una reforma al sistema de salud. En ese sentido, Zuluaga subrayó que la Contraloría publica sus informes basados en datos reales y los somete a rigurosas revisiones, independientemente de los debates políticos en curso. La función del ente contralor es generar informes con información precisa y verificable, sin influir en las discusiones políticas relacionadas con el sistema de salud.“Hay tres temas en los que nosotros hemos tenido un impecable seguimiento: transición energética, salud y recaudo con elefantes blancos y salud. Nosotros hemos hablado permanentemente de esto. Ahorita en el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de qué pasó con los recursos que le giró el Estado en el Gobierno del presidente Duque a las EPS y qué pasó con esos recursos de UPC, que estuvieron suspendidos. La corte ha dicho claramente para qué también son esos recursos. Uno no puede utilizar recursos de una vigencia para hacer gastos de otras vigencias. Cuando publique ese informe en marzo, que vamos a decir no sé en qué estado va a estar la reforma o el debate en el Congreso, pero lo vamos a publicar”, dijo.Principales hallazgos del informe de la Contraloría General de la República sobre EPSLa Contraloría General de la República realizó un análisis detallado sobre la situación financiera de 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, con datos recabados hasta octubre de 2023. Deuda total con IPS y proveedores: Las 26 EPS acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores, lo que incluye cuentas por pagar, reservas técnicas y pasivos administrativos.Indicadores de solvencia insatisfactorios: De las 26 EPS analizadas, 16 (equivalentes al 61.5%) presentan indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con los tres Requisitos para Operar:Capital mínimo requeridoPatrimonio adecuadoConstitución y inversión de reservas técnicasDeuda con las IPS: La deuda total de las EPS únicamente con las IPS asciende a $11.3 billones.Deficiencia en reservas tTécnicas: De 21 EPS analizadas en este aspecto, se encontró que solo están respaldados $1.3 billones de los $13.7 billones requeridos en reservas técnicas. Esto representa un incumplimiento del 100% de inversión de los recursos, según lo exige el Decreto 780 de 2016.Cumplimiento en la provisión de reservas técnicas: Solo 5 EPS (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas.Falta de cumplimiento en la mayoría: El 80.7% de las EPS no cumple con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, evidenciando un grave incumplimiento normativo y un riesgo para el sistema de salud.EPS con indicadores financieros satisfactorios: Solo 10 de las 26 EPS (38.4%) presentan indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, lo que indica una situación financiera adecuada para la prestación de servicios de salud.Análisis de cartera de las EPSEl 93.5% de la cartera total es menor a un año, indicando que la mayoría de las deudas se concentran en la cartera corriente.El 51% de la cartera corriente se concentra en tres EPS: Famisanar, Sanitas y Emssanar, sumando un total de $5.4 billones.Famisanar y Sanitas acumulan el 40% de la cartera corriente, con un monto de $4.1 billones.El 59% de la cartera no corriente está en manos de tres EPS: Famisanar, Emssanar y Asmet Salud, totalizando $436 mil millones.Varias EPS, como Sanitas, Salud Total y Salud Bolívar, no presentan deudas mayores a 360 días, indicando ausencia de cartera no corriente.Nueva EPS, Asmet Salud, Sura, Salud Total y SOS acumulan el 35% de la cartera corriente ($3.66 billones) y el 33% del pasivo no corriente ($237 mil millones).
El pasado 26 de octubre, a través de la sentencia 7-348, la Corte Constitucional estableció que toda publicación en redes sociales que critique el cuerpo de una mujer puede constituir en violencia de genero digital, esto tras una acción de tutela interpuesta por la gestora Stephany Dayana Ortiz Tafur contra Cristian Camilo Paredes Forero por mensajes “denigrantes” en Facebook.“En primer lugar, la Corte Constitucional señaló que el caso concreto se resolvería conforme al enfoque de género, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo estudio, las condiciones particulares de la accionante, los argumentos presentados por aquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en su contra en medios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con reconocimiento público y la relevancia constitucional de erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer”, indicó la Corte en la sentencia.La denuncia indica que Paredes Forero usaba fotos y se refería a su aspecto física para decir que “papel debía cumplir como mujer”, en medio de una discusión política en donde se centró en su apariencia por encima del debate, lo cual la Corte vio como violencia de género, algo a la denuncia que antes han interpuestos algunos congresistas por comentarios a la primera dama.“En la medida en que pretende fortalecer su credibilidad, confianza ciudadana y liderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de programas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía municipal de Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En ese sentido, el perfil de la accionante en Facebook, aunque es de titularidad personal, es usado para la difusión tanto de contenidos personales como para la divulgación de información de interés general relacionada con su labor como gestora social, por la que participa en actividades de la alcaldía municipal de Arauca”, añadió.Asimismo, la Corte Constitucional encontró en el caso estudiado publicaciones que se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual.
Este 9 de noviembre quedará para siempre en la memoria de los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que, lamentablemnte, el histórico delantero Teófilo Gutiérrez disputó su último partido como profesional en la capital del Atlántico tras varias temporadas con el equipo, del cual se declaró hincha.No solo fue la despedida, sino que también fue el último gol que marcó con la camiseta del Junior en condición de local antes de su retiro formal. Fue tan especial esta fecha que el propio árbitro Wilmar Roldán no dejó pasar la oportunidad para tener un gesto con él y darle un detalle en este último partido que cruzaron por la Liga BetPlay.El árbitro antioqueño marcó el final del partido y no solo se acercó para abrazarlo, sino que le entregó su silbato como muestra de cariño y una manera de despedirlo. Además, hubo un cruce de palabras acompañadas de un abrazo, que, seguramente, los dos recordarán para siempre.A falta del último partido del Junior en esta Liga BetPlay vs. Pasto, 'Teo' le dice adiós al fútbol profesional y al club de sus amores con un golazo ante Cúcuta Deportivo, recordándole a los hinchas por qué se convirtió en una leyenda de la institución.El delantero se despide del fútbol con más de 700 partidos como profesional con paso en clubes como River Plate (Argentina), Rosario Central (Argentina), Sporting Lisboa (Portugal), entre otros, sino con un saldo superior de más de 200 goles en los clubes que estuvo y un excelente historial con la Selección Colombia, clave en el proceso del 2014.Este último partido de 'Teo' será un recuerdo inolvidable para los hinchas que estuvieron presentes en el Romelio Martínez viendo los últimos pasos de una leyenda del cuadro tiburón.
Bogotá fue escenario de la premiere en Colombia de GODZILLA MINUS ZERO, la esperada secuela del legendario Rey de los Monstruos, en un evento que reunió a fanáticos y asistentes alrededor del universo de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular. La presentación se realizó en el marco del Godzilla Day, celebrado cada 3 de noviembre para conmemorar el debut cinematográfico del personaje en Japón, en 1954.La experiencia llevó la destrucción característica de la franquicia más allá de la pantalla, con una alfombra azul, actividades interactivas y un rage room, donde los asistentes pudieron derribar estructuras que simulaban edificios utilizando piezas de espuma. También hubo juegos de puntería inspirados en el poder destructivo del monstruo.“GODZILLA MINUS ZERO es una propuesta interesante que ofrece una mirada fresca a uno de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine. Después de tantas historias alrededor de este personaje, esta película logra aportar una perspectiva diferente, con impresionantes secuencias de acción, enfrentamientos y efectos especiales”, destacó uno de los espectadores.Una nueva amenaza para JapónDirigida por Takashi Yamazaki, ganador del Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior. La historia retoma a la familia Shikishima en un Japón que intenta reconstruirse tras la guerra, cuando una nueva amenaza pone en riesgo la esperanza de sus habitantes.El elenco reúne nuevamente a Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, junto con otros actores de la producción anterior. La secuela llega tras el éxito internacional de Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales.Un viaje a Japón con Cine ColombiaComo parte del lanzamiento, Cine Colombia presenta el concurso “Godzilla: Viaje a Japón”, que permitirá ganar un viaje para dos personas a Osaka. Para participar, los espectadores deben comprar boletas, registrar sus códigos en experiencias.cinecolombia.com y superar un reto de memoria. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de noviembre de 2026.GODZILLA MINUS ZERO llegará exclusivamente a los cines colombianos el 5 de noviembre, con disponibilidad de formatos premium como IMAX y 4DX, según la programación de cada exhibidor. Una apuesta cinematográfica que combina espectáculo, supervivencia y emoción en pantalla grande.
Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, vive un momento clave en su carrera artística. Con canciones como Costeñita, Agua de Panela y Chévere, la barranquillera ha conseguido posicionar su propuesta musical y conectar con audiencias dentro y fuera de Colombia, sin dejar de lado las raíces caribeñas que definen su identidad.En entrevista con Blu Radio, la cantante habló sobre el camino que la ha llevado a este reconocimiento y aseguró que, aunque intuía que algunas de sus canciones marcarían un antes y un después en su trayectoria, nunca imaginó que las cosas sucederían de la manera en que están ocurriendo."Yo desde que hice Costeñita junto a Deco, sabía que iba a ser algo importante en mi carrera y sabía que iba a marcar un antes y un después, pero no sabía que de esa manera", contó.Parte de ese crecimiento, explicó, ha estado relacionado con la disciplina y con la capacidad de escuchar a quienes siguen su música. Para Aria, conocer las expectativas de su público también es fundamental al momento de tomar decisiones sobre su proyecto artístico."Algo muy valioso que debe tener el artista es el don de escucha, no solo para la música, sino también para la toma de decisiones", afirmó.Una artista que no quiere encasillarse en un solo géneroLa barranquillera también destacó la importancia de explorar diferentes sonidos y mantener la libertad creativa. Para ella, la identidad de un artista no depende de permanecer en un único género musical, sino de encontrar una propuesta propia que permita experimentar.En medio de este momento profesional, la cantante también participa en una iniciativa junto a Old Parr que busca reivindicar el valor de los encuentros presenciales y la amistad.La propuesta parte de una realidad cotidiana: aunque las personas comparten cada vez más espacios digitales, muchas veces dejan de lado las conversaciones y experiencias que nacen al reunirse. Por eso, toma como referencia una tradición colombiana: los encuentros alrededor de una mesa. La colaboración incluye una edición limitada de más de 17.000 dominós que llegará a Medellín, la Costa Caribe y Cali.El dominó, por ejemplo, ha sido durante generaciones una de esas excusas para reunirse. Más que un juego, representa un espacio de interacción en el que las personas comparten historias, celebran, conversan y participan de una experiencia colectiva.Desde el 9 de noviembre de 2026, los mayores de edad podrán acceder a esta edición por la compra en Medellín y la Costa Caribe. En Cali, estará disponible a partir del 1 de diciembre.Así, entre música, raíces y nuevas experiencias, Aria Vega lleva un mensaje que trasciende los escenarios: la importancia de compartir tiempo con las personas que hacen parte de nuestra vida.
Una medida favorable recibieron los motociclistas en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que adoptará las actuaciones administrativas necesarias para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas), así como las inmovilizaciones preventivas realizadas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.¿Por qué la Alcaldía de Bogotá anulará las 567 multas a motociclistas?De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la identificación de un inconveniente técnico en la plataforma del Registro Distrital. Este fallo en la aplicación impidió que se completara a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, norma que fijaba las restricciones de circulación de motos para la temporada de Halloween.Como consecuencia de este retraso administrativo, la publicación oficial del articulado se ejecutó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó fijada para el 30 de octubre. Debido a que las autoridades viales adelantaron operativos de control entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal del decreto, el Distrito resolvió invalidar los comparendos y proteger los derechos del ciudadano.Adicionalmente, las autoridades distritales destacaron que la restricción de movilidad buscaba proteger la vida de los actores viales. Según las cifras oficiales del balance de seguridad vial, la temporada registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024, sin reportar fallecimientos de motociclistas en los horarios regulados.¿Cómo será la devolución del dinero de comparendos, patios y grúas?Según precisó la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de cada conductor y reintegrar los montos cobrados por concepto de parqueadero de patios y traslado en grúa:Comparendos no pagados ni impugnados: la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas.Comparendos en proceso de impugnación: se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización.Comparendos que ya fueron cancelados: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará un proceso de devolución del dinero. La entidad contactará de manera directa a los afectados para indicarles el paso a paso del trámite de reintegro.La Alcaldía de Bogotá reafirmó que el procedimiento busca dar cumplimiento estricto a las garantías legales, corregir los fallos del sistema institucional de publicación y brindar seguridad jurídica a los conductores afectados.