Este sábado en El Radar hablaron ciudadanos colombo-venezolanos de las presuntas irregularidades presentadas por parte de la Registraduría Nacional y que por esta razón en este momento no tienen la posibilidad de realizar sus trámites en Colombia y de no resolverse el tema no podrían votar.
Francine Howard, activista social y una de las afectadas, señaló que se le canceló arbitrariamente su cédula de ciudadanía y la de otros 42 mil ciudadanos, en su caso particular se dirigió a la registraduría más cercana y la funcionaria que la atendió le dijo que es una decisión tomada a discrecionalidad, Howard aseguró que esto tiene trasfondo político, por tomar la medida meses antes de elecciones, "esto me sorprende porque por un lado ve uno al presidente aprobando un estatuto de protección para la comunidad venezolana que esta precisamente sin documentación y por otro lado está la Registraduría que es un poder distinto al Ejecutivo viene y nos cancela la cédula a los hijos de los colombianos en este país", sentenció.
La razón que entregó la Registraduría es que, al parecer, algunas de las situaciones fueron registros civiles no apostillados en el lugar de origen o datos que no corresponden a la verdad.
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Por su parte el abogado penalista, Carlos Oswaldo De la Espriella, habló´´ que en el ejercicio de su profesión ha tenido que lidiar con las consecuencias de estar medida que, a su parecer, son controversiales, el jurista ha sido testigo de multiplicidad de capturas ilegales por parte de la Policía, que al pedir los documentos de esta población aparece en los registros cancelación por falsa identidad y lo que hace la Institución es creer que se esta cayendo en falsedad ideológica, lo que es totalmente diferente. De la Espriella indicó que ha asistido a cerca de 200 colombo-venezolanos que sienten vulnerados sus derechos.
Una de las historias más impactantes es la de Eduard José Villamizar, transportador de productos cárnicos, quién denunció que fue capturado después de ser requisado tras presentar sus documentos, a Villamizar lo acusaban de falsedad ideológica y fue llevado a la URI de Molinos donde después de casi 36 horas lo retuvieron sin ninguna explicación. después de este episodio dice sentirse traumatizado por todo lo vivido. "Me judicializan, me toman la foto como si fuera un vulgar ladrón y me retienen la cédula, luego me llevan a la estación de Ciudad Bolívar", indicó asegurando que sus documentos los sacó legalmente.
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Los ciudadanos colombo-venezolanos afectados aseguran que en ningún momento fueron notificados por ningún medio de la medida que tomó la Registraduría Nacional.
Escuche la entrevista de El Radar:
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