Superintendente anuncia reunión urgente con procurador para deshabilitar EPS

El sistema de salud fue objeto de una discusión en la Corte Constitucional, durante la audiencia de continuidad a la Sentencia 760 la cual ordenó un seguimiento continuo de parte de los entes de control y del Gobierno al sistema, así como su consecuente explicación a los magistrados. Durante la sesión, una de las intervenciones más preocupantes fue la del superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. El funcionario, que lleva poco más de 3 meses al frente de la entidad y tiene a 22 EPS bajo medida de vigilancia especial, dijo que “en los próximos días se van a tomar decisiones sobre la habilitación de las EPS que van a ser dramáticas y angustiosas”. En este sentido, explicó, debió solicitar una reunión urgente con el fiscal y el procurador. “Esta semana vamos a empezar a tomar decisiones que pueden ser angustiosas para el país, pero era la forma de corregir el rumbo. Vamos a tomar decisiones que comprometen a EPS e IPS, pero no podemos permitir que sigan avanzando. Esas EPS que no cumplieron, que no tienen margen de solvencia, que no tienen reservas técnicas, hay que sacarlas del país. Las que tienen voluntad de seguir y que han dicho que van a capitalizar que lo muestren, pero a las otras se les acabó el tiempo. Estoy pidiendo una cita urgente con el procurador general, con el fiscal general, con la Agencia Jurídica del Estado y con el presidente”, dijo Aristizábal. Vea también: Por medicamento falso que mató 16 bebés, SuperSalud solo puso multa de $ 781 millones Algunas de las EPS que están bajo medida de vigilancia son las más grandes del país, las que tienen el mayor número de afiliados. Según la presentación del superintendente, desde el 2014 al 2018 las EPS a las que se les ha impuesto más sanciones en comparación con el número de afiliados son: Cafesalud con un monto de $ 4.598.902.842: le sigue la Nueva EPS con $ 5.235.340.505; el listado sigue con Coomeva con $ 4.662.360.717; Salud total con $ 1.469.473.741; Saludcoop con sanciones en el momento de su operación por $ 1.520.246.070; y, finalmente, Medimás con $ 2.803.324.600, entre otras. Otro dato importante es que, según Gustavo Morales, director de Acemi (exsuperintendente de Salud en 2014), la deuda al final de este año de la Administradora de Recursos del Sistema con las EPS será de alrededor de 6,5 billones de pesos, y en el caso de las EPS del régimen subsidiado la deuda hoy de diferentes fuentes es de 1,4 billones. La semana pasada, la EPS Coomeva publicó un comunicado en el que aseguraba que el Adres aún le debía $ 61.440 millones de medicamentos e insumos no incluidos en el Plan de Beneficios, es decir aquellos que se entregan a los pacientes y sobre los cuales el Estado debe realizar un pago tiempo después a través de un recobro de cada aseguradora. El problema central es la falta de recursos. Juan Carlos Giraldo, el director de la agremiación de clínicas, afirmó que la deuda de las EPS con los hospitales es de 9,2 billones de pesos y que corresponde a cartera vencida. En el régimen contributivo se trata de 3,8 billones y en el subsidiado de 2,7, que no han sido pagados. Los principales deudores son Coomeva, Cafesalud, Saviasalud, Nueva EPS, Antioquia, Bogotá, el extinto Fosyga y otros. De otro lado, las EPS más demandas hasta el 2018 son Medimás, Coomeva y Saviasalud Alianza Medellín. Finalmente, la Superintendencia dio a conocer que hace poco un juez de Barranquilla falló en última instancia que la entidad de vigilancia debe pagar $ 89.000 millones de pesos por liquidaciones a IPS ordenadas hace algunos años en el Atlántico. Aristizábal concluyó pidiendo “reflexión” sobre esas actuaciones de los jueces, porque afirma que hoy en Colombia se ha hecho más difícil actuar que no actuar en materia de salud.