Suspender bombardeos contra Farc es un cese bilateral disfrazado: Procuraduría

La Procuraduría emitió un comunicado en respuesta al anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos contra los campamentos de las Farc, durante un mes, asegurando que se trata de un cese bilateral disfrazado, lo que significaría que esta guerrilla continúe atentando a la población civil y delinquiendo. “La orden de no seguir bombardeando campamentos ilegales de las FARC es realmente un cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia. Las Farc persisten en su política de extorsión, intimidación, terror y de delito contra la población civil”, dice el comunicado. El Ministerio Público muestra su rechazo a la orden del jefe de Estado, porque “omite la obligación constitucional de la fuerza pública” que es brindar protección a los ciudadanos, en este caso ante los ataques de las Farc, que según el ente no han cesado pese a la tregua unilateral declarada desde diciembre, como lo han denunciado alcaldes, persones y oficiales. Pide la Procuraduría que ante esta “imposición de las Farc de un cese bilateral”, el presidente Santos aclare si la guerrilla dejará su operación ofensiva, y de qué manera garantizará que con esta decisión no salgan beneficiados grupos armados ilegales como el ELN, que comparte campamentos con las Farc, o las Bacrim que “desarrollan actividades criminales concretas en zonas del territorio nacional”. Este es el texto del comunicado: El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó a los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación hace las siguientes observaciones: 1. El anuncio se traducirá en la parálisis de la fuerza pública en contra de las FARC, mientras ese grupo continúa afectando con diversos delitos a la población civil. La orden de no seguir bombardeando campamentos ilegales de las FARC es realmente un cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia. 2. Las FARC persisten en su política de extorsión, intimidación, terror y de delito contra la población civil. En eso no hay ninguna reducción de las acciones del grupo, tal como lo han expresado ante la Procuraduría General de la Nación numerosos alcaldes, personeros y oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. La orden que amarra a la fuerza pública en contra de esa guerrilla desprotege peligrosamente a los ciudadanos. 3. Es evidente que el Gobierno ya decidió aceptar la imposición de las FARC de un cese bilateral antes de la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto, aún con la posibilidad de que este no se llegue a firmar. Se debe aclarar si en la práctica esa decisión implica la suspensión inmediata de toda operación ofensiva de superficie contra las FARC. No se entiende que el Presidente excuse en su declaración los posibles “enfrentamientos” que se puedan dar como consecuencia del “control militar del área” que corresponde hacer a la Fuerza Pública, cuando se supone que se ordena es suspender únicamente los bombardeos y no todas las operaciones ofensivas. El Presidente debe ser claro y preciso. 4. El Presidente debe señalar cómo hará su gobierno para evitar que la suspensión de los bombardeos contras las FARC termine por beneficiar al ELN y a las Bacrim. En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales concretas de forma conjunta. Cuando las FARC se muevan con miembros del ELN, ¿éstos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se beneficiarán con la orden dada por el Presidente? Cuando lo hagan junto a las Bacrim, ¿tampoco éstas podrán ser atacadas? O, ¿en esos casos las Fuerza Pública podrá bombardearlos o atacarlos, según corresponda? 5. Estamos ante un cese al fuego bilateral disfrazado. La Fuerza Pública tiene una obligación constitucional que ni siquiera por orden del Presidente de la República se puede omitir, pero, además, porque las FARC siguen delinquiendo y generando víctimas. No se puede paralizar a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en contra de ese grupo cuando continúan sus actividades criminales.