El giro en la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, marcado por el abandono de la denominada paz total, la suspensión de mesas de negociación y el regreso de una estrategia militar más ofensiva, plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la llamada política de mano dura contra los grupos armados. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó este nuevo escenario en entrevista con El Radar con Ricardo Ospina.
Para Llorente, el cambio de rumbo era esperado debido a las dificultades que enfrentaron los procesos de diálogo durante el Gobierno anterior. Sin embargo, advirtió que apenas transcurre el primer mes de la nueva administración y todavía es temprano para establecer sus resultados.
El futuro para quienes se sometan
Uno de los principales desafíos está relacionado con qué ocurrirá con los integrantes de los grupos armados que decidan abandonar las armas. La experta explicó que varias negociaciones ya estaban deterioradas y que existía un obstáculo jurídico para concretar desmovilizaciones colectivas. En ese sentido, señaló que el Gobierno tendrá que definir qué mecanismos utilizará para quienes no sean capturados o abatidos.
“Yo creo firmemente que esa normatividad hay que revisarla y hay que generar algún tipo de mecanismo de sometimiento o acogimiento de estos grupos a la ley”, sostuvo.
Otro punto de atención es el marco legal para eventuales negociaciones. Llorente recordó que en noviembre debe revisarse la Ley de Orden Público, que establece las condiciones jurídicas para desarrollar procesos con grupos armados. Mientras tanto, explicó, el Gobierno ha planteado la posibilidad de impulsar un estatuto antiterrorista y ha denominado terroristas a las diferentes estructuras armadas, una decisión que puede tener consecuencias tanto para el uso de la fuerza como para las posibilidades de negociación.
Menores en grupos ilegales
Para Llorente, la prevención del reclutamiento debe convertirse en una prioridad del Estado, independientemente del endurecimiento de la ofensiva militar. Señaló que los grupos armados han ampliado el uso de menores y que incluso algunas estructuras estarían especializando integrantes en estas labores. Por eso, planteó fortalecer las acciones de la fuerza pública y la justicia contra quienes se encargan de reclutar niños, niñas y adolescentes.
“El Estado colombiano realmente tiene una deuda gigantesca” en materia de prevención del reclutamiento, concluyó.