El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha emitido una circular que establece los protocolos para enfrentar la crisis de los hipopótamos en Colombia. Según la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, la decisión de proceder con la eutanasia de aproximadamente 80 individuos responde a una necesidad urgente de control poblacional ante el fracaso de los intentos de traslado internacional y el grave riesgo ecológico que representan.
El dilema de la "pobreza genética" y las malformaciones
Una de las razones principales por las cuales otros países han rechazado recibir a estos animales es su estado genético. Al descender de solo cuatro ejemplares traídos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de los 80, la población actual sufre de endogamia.
La ministra explicó en Mañanas Blu que “el pull de genes que constituye cada uno de los individuos pues es demasiado poco y se han encontrado ya algunas individuos que tienen mutaciones”.
Específicamente, se han documentado malformaciones físicas visibles. “Hay una deformación de la trompa de los hipopótamos. Y seguramente habrá otros daños genéticos... ese empobrecimiento genético genera malformaciones en los diferentes individuos”, señaló la ministra, subrayando que esta condición es un factor determinante en la resistencia internacional para la traslocación.
Protocolos y altos costos de ejecución
El plan de choque busca reducir la población actual, estimada en unos 200 individuos, mediante métodos técnicos supervisados por expertos. La ministra detalló que “estamos hablando de un proceso de eutanasia, que es lo técnicamente recomendado”. El protocolo contempla dos modalidades: “eutanasia química y eutanasia física”. Sobre esta última, precisó que “consiste en que hay un dardo que se le dispara y que hace que el individuo muera en el lugar donde se practica”.
Realizar estos procedimientos no será económico. Se estima que el costo por cada animal asciende a los 50 millones de pesos, sumando el gasto de la disposición final. “Ese es el costo de lo que significa el encerramiento, el desplazamiento del equipo técnico, medicamento”, explicó la funcionaria, añadiendo que la disposición final consistirá en el “enterramiento in situ” para garantizar la salubridad de las zonas afectadas.
Una amenaza para el ecosistema nativo
La urgencia de la medida se basa en las proyecciones científicas que indican que, de no actuar, para el año 2030 la población podría alcanzar los 500 ejemplares. La ministra fue enfática en el daño que estos animales causan a la biodiversidad local: “esta es una especie invasora que para nuestra ecología es dañina, que tiene un impacto directo sobre el agua... y que está afectando de manera brutal la población de manatíes y de tortugas”.
Escuche aquí la entrevista:
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