Le hacemos seguimiento al futuro de la Emergencia Económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que esta semana está sometida a exámenes decisivos en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República.
En las últimas horas, justo antes de las Salas Plenas de la Corte que se realizarán el miércoles y el jueves de esta semana y en las que se discutiría la posible suspensión de la Emergencia, llegaron a la Secretaría del Palacio de Justicia tres documentos que serán fundamentales para definir el futuro de la discusión.
El primero es el enviado por el Consejo Gremial Nacional, que es un documento de 45 páginas en el que explica detalladamente por qué le solicita al magistrado Carlos Camargo que declare la inexequibilidad total del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.
Entre los 147 puntos que sustentan la petición del Consejo Gremial del hundimiento de la emergencia, está la situación de la ministra de Ambiente Irene Vélez, quien firmó el decreto a pesar de que no había sido nombrada como ministra en propiedad y ya se había vencido el plazo máximo que tenía para actuar legalmente en calidad de encargada.
Además, dice el Consejo Gremial que resulta contradictorio que el gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y de manera simultánea haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión y que generaría un déficit fiscal adicional para 2026 de 5.3 billones de pesos.
También se conocieron en las últimas horas los conceptos de dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, quienes coinciden en señalar que el decreto mediante el cual se convoca a una Emergencia Económica no cumple con los requisitos constitucionales y económicos para la activación de dicho estado de excepción.
Hablando sobre la Emergencia Económica, esta tarde se adelantará un importante debate de control político en el Senado, al que está citado todo el gabinete del presidente Gustavo Petro para que explique las motivaciones para convocar a ese estado de excepción que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos sin que el Ejecutivo tuviera que pasar por el Congreso.
Simultáneamente, se conoció que la Presidencia de la República reforzó su batalla contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez, a quien ahora recusó para que se aparte de la discusión sobre el futuro de la reforma pensional, teniendo en cuenta que en opinión de la Casa de Nariño, prejuzgó sobre el asunto en la famosa entrevista de la semana pasada concedida al diario El Tiempo.
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